Hace dos días, el Sargento(r) Édgar Paz Morales, entra, granada en mano, a un establecimiento comercial y amenaza con volarse en pedazos junto con las personas que se encontraban en ese lugar, para reclamar el pago de una pensión a la que siente que tiene derecho. Según lo explicó en un testimonio dramático que hizo público a través de un documento que fue parcialmente dado a conocer, exigía su pensión porque cumplió a cabalidad con su deber torturando y asesinando bajo órdenes superiores de altos mandos militares.

Según su versión, entre otras órdenes que obedeció se cuentan el atentado contra Antonio Navarro Wolff con una granada que le lanzó en una cafetería en la ciudad de Cali y el asesinato de una persona torturada luego de que "se cagara" del susto durante la tortura. Este obediente militar, cumplidor de su deber, entrenado, según dice, para utilizar armas y granadas contra civiles y líderes sociales, hizo uso de su experiencia y práctica profesional para erigir en un acto de desesperación, que se le pagara la pensión a la que tenía derecho por años de servicio sumiso y obediente que incluyó torturar y silenciar a otros por orden de sus superiores.

Uno se imagina que alguien de este nivel de lealtad y sumisión con sus superiores, sería protegido y reconocido por aquellos a quienes sirvió, por lo menos con una pensión. No sólo porque cometió los crímenes que le ordenaron, sino porque las cosas que sabe comprometen seriamente al estamento militar y al propio Estado. Al parecer, echó mano de su conocimiento para conseguir su pensión. En justicia (si existiera), este hombre debe responder por los delitos que cometió durante su carrera militar y en lugar de una pensión, merece una condena acorde con la magnitud de sus crímenes (si es que no aparece misteriosamente asesinado en el proceso). Ello, en justicia (si existiera), impondría la judicialización y condena de quienes le ordenaron estos crímenes, hasta el nivel más alto de mando y decisión. En la realidad (si lo que dice es cierto), la "justicia" que aplica es diferente: este hombre cumplió con su "deber" y realizó el trabajo que se esperaba de él según las normas de la institución a la que sirvió y en consecuencia, de manera coherente, exige (granada en mano) que la institución sea coherente con sus propias normas y que el "orden institucional" responda frente a las obligaciones adquiridas.

Sin lugar a dudas, el Sargento(r) Édgar Paz Morales, cometió delitos punibles y debe responder por éstos. Pero no únicamente el último, el de la granada para cobrar la pensión, sino todos, incluidos los que confesó (granada en mano) para cobrar la pensión que merece por haber cometido a cabalidad los crímenes que confesó. Delante de todo el país y por los medios comerciales de comunicación, la institucionalidad militar y el Estado (con el apoyo de la mayor parte de los medios) desconoce la validez de la confesión, oculta y niega acceso público al testimonio documental en el que confiesa hechos graves que involucran al estamento militar.

¿Cuánta gente que ha trabajado toda su vida sin cometer crímenes como parte de su deber y de su trabajo, no tiene acceso a pensión alguna y se somete en la desesperación a la miseria? ¿Cuánta a la negación de atención en salud, educación, vivienda, trabajo digno y remunerado? ¿Cuánta gente en Colombia se somete al abandono y a la miseria sin alternativas ni instancias a las que podamos recurrir para que la institucionalidad responda garantizándonos nuestros derechos y bienestar? La gran mayoría no recurre a granadas y confesiones de delitos atroces como medios para exigir el cumplimiento de una obligación. Pero ello no exime al Estado y a la institucionalidad del país del delito de abandono a la población ni del crimen cotidiano contra el pueblo al que se supone que debe servir. Mucho menos exime a los altos mandos militares, a los Gobiernos sucesivos y a los Estados de ser investigados de manera abierta y transparente para que respondan por convertir las instituciones en instrumentos criminales atroces contra la vida, el bienestar y los derechos de los pueblos (si lo confesado resultara cierto). Menos aún establecer la comisión de crímenes atroces bajo órdenes superiores como parte del respeto y de la obediencia debida y aspectos normales del trabajo rutinario y de la cultura institucional de personas que hacen parte de las fuerzas armadas. Quienes, una vez en uso de su retiro, cobran pensiones "merecidas" por su trabajo, o salen a reclamarlas por diversas vías.

En el caso del Sargento (r) Édgar Paz Morales, queda en tela de juicio, de manera pública y evidente, la institucionalidad militar, por crímenes específicos, pero también, según lo que se descubriera en el proceso jurídico que se requiere, por la posibilidad de haberse establecido como un ente ilegítimo y contrario a su razón de ser. Queda en tela de juicio, más allá de la institucionalidad militar, toda la institucionalidad del Estado que no cumple con pensiones y obligaciones fundamentales. Quedan en tela de juicio los medios de comunicación que se convierten en cómplices de estos delitos al ayudar a ocultar los delitos que expone esta situación. O deberían quedar en tela de juicio porque todo el "peso de la ley" caerá sobre el delito de reclamar (granada en mano) una pensión, como si ese fuera el único o el peor crimen que se cometió. Si con este tratamiento se pretende fortalecer la institucionalidad del Estado, en realidad, lo que se ha hecho es reiterar su falta de legitimidad y la inexistencia de la justicia. Con granadas, no consiguen sus pensiones ni siquiera los criminales que confiesan haber delinquido para el Estado. ¿A qué hay que recurrir para que se respeten nuestros derechos y para tener un Estado legítimo y que se haga justicia?

Este es un sólo ejemplo de los casos que se presentan en el país dejando en entre dicho la institucionalidad militar. Al mismo tiempo que se encuentra en tela de juicio el mismo gobierno por sus vínculos con paramilitares, es decir, con escuadrones de la muerte y narcotraficantes que han cometido crímenes atroces por todo el país al servicio de intereses económicos. Pero ahora se comienza la llamada FARCOPOLÍTICA, una estrategia a todas luces fraguada desde la institucionalidad del régimen, al más alto nivel, para poner la maquinaria institucional, con discursos de legitimidad, en función de aplicar “todo el peso de la ley” y “esclarecer verdades” que le permitan avanzar intereses particulares, encubrir crímenes y hallar culpables. FARCOPOLÏTICA sustentada en el contenido artificiosamente validado de un computador y que es anunciada al día siguiente de lo que sucedió con el Sargento(r) Paz Morales. La INTERPOL reconoce abiertamente que el computador que supuestamente perteneció a Raúl Reyes fue manipulado por la Policía Nacional antes de ser examinado técnicamente, lo cual lo invalida como fuente de evidencias confiables (Interpol advierte manejo inicial de archivos de FARC). Sin embargo, el acto público en el que se entregó la evidencia, un espectáculo de propaganda que deja sin legitimidad ni credibilidad a la propia INTERPOL, fue manipulado para que la conclusión fuera totalmente contraria a la verdad que allí se mencionó: el computador y su contenido sirven como pruebas y lo que contiene puede ser utilizado!!. En otras palabras, allí se pudieron haber sembrado "pruebas" y "evidencias", pero serán utilizadas en contra de personas que no convengan a los intereses de quienes controlan la institucionalidad. ¿Quiénes aparecen en esas listas de correos electrónicos? ¿Quienes aparecen en las fotografías y documentos? En el país de los "falsos positivos", quienes nada debemos, todo tenemos que temer.

Luego de extraditar a los comandantes paramilitares para que no tengan que responder por los crímenes de lesa humanidad ni confesar más a quiénes obedecieron develando la verdadera estructura de mando de la estrategia de terror. Luego de condenar por el delito de narcotráfico a estos delincuentes para evitar, aquí también, que los demás crímenes y criminales sean develados y juzgados. Luego de hacer desaparecer y luego reaparecer computadores, discos duros y memorias de los computadores de estos comandantes para que esos computadores tampoco sirvan para que se descubran crímenes institucionales pero en cambio, se vuelvan pruebas útiles en contra de quienes el régimen escoja (¿será que la INTERPOL valida estos también?). Ahora empiezan los señalamientos. Congresistas, figuras públicas, extranjeros, convenientemente seleccionados para crear un escándalo y amenazar a cualquiera y que cualquiera empiece a temer y a temblar. La institución criminal (parapolítica, Yidispolítica, etc) se defiende con "todo el peso de la ley".

Respeto y obediencia debidas a un orden que no tiene legitimidad. ¿El resultado? Exclusión, violación de derechos, guerra, inequidad, injusticia social. Un masivo robo a mano armada transnacional desde el poder corporativo global que mata, desplaza y genera terror para lograr sus fines mientras transforma los Estados para que les brinden “garantías jurídicas”, versiones oficiales y “todo el peso de la ley” al servicio de sus negocios. Los que no somos criminales, ni somos terroristas y decidimos someter las instituciones al mandato de los pueblos y sabemos que debe haber justicia y que debe hacerse justicia, tenemos que rescatar el Estado de manos de quienes lo han usurpado, las armas de manos de quienes las apuntan contra los pueblos, para que no siga siendo normal que el poder lo ejerzan criminales y que las instituciones sean armas contra los pueblos. No se puede negar que dentro de las instituciones oficiales resisten instancias minoritarias y excepcionales como la Corte Suprema de Justicia, que intentan esclarecer la verdad y hacer justicia y funcionarios como el Procurador General de la Nación, quién iniciará una investigación al IMPEC frente a la desaparición y reaparición de los computadores de los paramilitares. Estos funcionarios e instancias tienen un verdadero compromiso con los colombianos y seguramente no van a detenerse hasta destapar todo lo que la propagada y las mismas instituciones tratan de ocultar. Luchan por crear legitimidad en medio del abuso y por ello son perseguidos y silenciados.
Es evidente la gran contradicción que existe en Colombia entre la legalidad y la legitimidad. Obedecer la ley es someterse o ser condenado. Imponer una legalidad ilegítima y al servicio de encubrir y de promover intereses particulares contrarios a los derechos colectivos, es una manera de promover e impulsar la violencia. El Estado se convierte en un régimen de fuerza con discursos legalistas y eufemismos democráticos que somete a los pueblos en nombre de la justicia y de la Ley. Los pueblos deben defenderse de la institucionalidad para vivir y sobrevivir. Se trata, desde el Estado, de desplazar el desarrollo y la superación de los conflictos sociales del terreno del debate de las ideas y de la protesta y movilización social criminalizada, al terreno de la violencia y de la fuerza lo que, a su vez se utiliza para justificar su uso por parte del régimen. La intención recurrente de las instituciones que se nos imponen es utilizar el terror para promoverlo y escudarse en la ley para reprimir. A pesar de esto, los pueblos y las comunidades nos negamos a caer en la trampa de la guerra y de la violencia.

No decimos esta palabra para adornar unas páginas, sino para sembrar un desafío en las conciencias de quienes las reciban. Entre el someternos y que nos sometan no hay ninguna alternativa. ¿Qué es, entonces lo que vamos a hacer para recuperar la dignidad y para defender la vida?

Tejido de Comunicación ACIN
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