Ordena despojo de territorios comunales y vulnera autonomía constitucional de comunidades campesinas

Lima-Perú, 23 de mayo 2008. Bajo el pretexto de promover la inversión privada y promover la competitividad de la producción agraria del país, el gobierno de Alan García Pérez, arremete una vez más contra las comunidades campesinas y pueblos indígenas.

A través del recientemente aprobado Decreto Legislativo 1015, el gobierno ha dispuesto la modificación de la Ley de Tierras Nº 26505 (1995) en sus artículos 10 y 11, para permitir la privatización de las tierras comunales, mediante el despojo por disposición legal.

El decreto en mención establece que en adelante los comuneros posesionarios de las tierras por más de un año podrán acceder a la propiedad de la misma contando con el respaldo del 50% más 1 voto de la asamblea comunal. Además, en adelante el quórum de la asamblea comunal será determinado por la cantidad de personas presentes en la reunión y no por el total de los miembros de la comunidad.

Esta norma tiene un carácter expropiatorio, puesto que se pretende normar la regularización del derecho de propiedad individual, al interior de las ancestrales comunidades; la misma que primaría sobre la opción de la propiedad comunal y considerando la práctica que desde el PETT se vino realizando y ahora viene desarrollando en el campo el COFOPRI; va en el sentido de concluir la titulación de pequeñas áreas de uso familiar al interior de las comunidades que comprende el área de uso agrícola y ganadero; quedando “libre” la mayor extensión denominada por el Estado como “tierras eriazas” y las mismas al no contar con respaldo jurídico como son los títulos se revertirían automáticamente a fin de ser entregados mediante las concesiones o contratos a favor de terceros o vendidos mediante PROINVERSIÓN.

De esta forma, se vulnera el Derecho al Territorio garantizado por la Constitución Política, en su artículo 88 que en forma específica dice; el Estado protege y garantiza la propiedad privada, comunal y asociativa, que se encuentra debidamente recogida en su artículo 70 que claramente establece “Inviolabilidad del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio….”, es decir cumpliendo el proceso legal de expropiación.

Asimismo atenta contra el Derecho a Consulta, puesto que es obligación del Estado peruano como signatario del Convenio Nº 169 OIT, someter a consulta las políticas que se pretendan implementar, en tanto afecte o se involucre los derechos de las comunidades indígenas.

También desconoce el Derecho a la Autonomía, que es reconocido por diversas normas nacionales y tratados, a favor de las comunidades campesinas y nativas de los pueblos indígenas, garantizándose sus formas propias de organización, de administración de sus recursos naturales y los mecanismo de distribución de sus tierras al interior de su territorio, los mismos que deben ser respetados por constituir pueblos ancestrales. Que se les reconoce estatalmente como personas jurídicas de interés social con la denominación de comunidades campesinas y comunidades nativas, es decir, el Estado no les crea, no las conforma, en realidad solo regula una situación de hecho ya existente. En suma con estas medidas legislativas pretenden desarraigar de sus territorios a los propietarios ancestrales para convertirlos en peones, asalariados y parias al servicio de las empresas transnacionales, atentando contra su derecho a existir en forma digna como pueblos indígenas.

Frente a esta situación CONACAMI-PERU, iniciará un proceso de difusión de esta medida legal violentista, recogerá las propuestas de sus bases y difundirá a los medios locales, regionales, nacionales e internacionales las decisiones democráticas de las comunidades.

Desde CONACAMI PERU hacemos un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que se sumen a las iniciativas de las organizaciones indígenas campesinas que vienen sumando esfuerzos para hacer frente a las arremetidas del gobierno empeñado en desconocer los derechos que las protegen y hasta la propia existencia de esta forma de organización milenaria.

¡No toleraremos que en nombre de la democracia se cometa abusos contra los pueblos indígenas ¡

Lima, 23 de mayo del 2008