Diversas organizaciones sociales y sindicales del Perú, entre ellas la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, presentarán esta mañana ante el Tribunal Constitucional una demanda para solicitar la declaratoria de insconstitucionalidad de los 22 decretos legislativos aprobados por el gobierno en julio del 2007, a través de los cuales se criminaliza la protesta.

La demanda de inconstitucionalidad se presentará luego que el Jurado Nacional de Elecciones diera el visto bueno a las miles de firmas recolectadas por las organizaciones sociales que demandan la derogatoria del marco legal que criminaliza la protesta.

De esa campaña participaron CONACAMI, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH.

La presentación de la demanda se hará a las 10 de esta mañana en el local de Tribunal Constitucional hasta donde llegarán los representantes de las organizaciones.

Las organizaciones consideran que estos decretos legislativos violan los derechos fundamentales. Hay que recordar que por ejemplo el Decreto Legislativo 982 permite que los policías o militares puedan usar libremente sus armas contra los manifestantes, causar muerte y lesiones y no responder por ello.

Además se considera que la persona que marcha es un extorsionador y puede ir a la cárcel hasta por 25 años, violando de esta manera los derechos a la libertad de reunión, expresión, huelga y que se podrá sancionar por el delito de extorsión a las autoridades que apoyen huelgas.

Mientras tanto, el Decreto Legislativo 988 que una persona detenida puede estar incomunicada hasta por 10 días, cualquiera sea el delito que se le acusa.

Por estas razones es que las organizaciones sociales vienen exigiendo la derogatoria de ese marco normativo, que atenta contra el derecho a la libre expresión.