Álvaro Uribe Vélez, en el consejo comunitario de Popayán, refiriéndose a los procesos de Liberación de la Madre Tierra, ordenó “…un pago de recompensas para individualizarlos y judicializarlos...” con lo cual ratificaba su intransigencia política y su sentimiento discriminatorio contra los indígenas. Puede deducirse, entonces, que para nada el gobierno nacional ha contemplado la posibilidad de encontrarle salidas a la problemática de tierras que se vive en Colombia y en especial en el departamento del Cauca. Por el contrario, su perspectiva es la de agotar y debilitar la unidad indígena, para ello, sin ningún recato, asegura “…la oferta de recompensas para qué… para que los delaten”.

En ese espacio pudo verse la falta de independencia de los poderes en Colombia, una fiscal regional pidiéndole al ejecutivo que convenza al poder legislativo de acomodar las leyes a los intereses del capital y a unas fuerzas armadas acatando órdenes para violar los derechos de los civiles “…vamos hacerlo señor presidente (dijo el general)… para que ellos desistan de el derecho que tienen… pero precisamente es la labor y ahí estaré…”.

Y ahí han estado los efectivos de la fuerza pública, cumpliendo órdenes, según denuncian las comunidades, vistiendo con prendas del ejercito nacional y acompañados de personal civil que atacan con armas de fuego a los Nasa de Tierradentro, presentes en la finca de la Sociedad La Perla, ubicada en el municipio de Silvia, y a los indígenas Nasa de Caldono, presentes en la finca Japio, del municipio de Caloto.

Se sigue vociferando por parte de los delegados institucionales en términos desobligantes contra las comunidades indígenas, pero aún no se escuchan, ni conocen respuestas gubernamentales frente a los compromisos adquiridos por el actual gobierno para atender compromisos que tiene el Estado desde hace más de 25 años, entre ellos el Acuerdo de diciembre de 2005, firmado para dar respuestas a los procesos de Liberación de La Madre Tierra, en especial lo referido al punto cinco que reza: “La Comisión de Tierras priorizará dentro de sus primeros 3 meses de funcionamiento, la búsqueda mediante compra o adjudicación de las tierras previstas para las comunidades indígenas de Caldono, que cuenten con condiciones agrológicas apropiadas para su explotación. La Gobernación del Cauca propiciará la asignación de estas tierras de los listados puestos a consideración de la Comisión por parte del INCODER, de los predios expropiados en el departamento del Cauca o el Valle. Sí no hubiesen tierras para adjudicar, la Comisión de Tierras seleccionará la compra de estos predios en el departamento del Cauca”.

Tampoco se sabe de acciones tendientes a brindar soluciones a las comunidades indígenas de Tierradentro, las cuales viven en estado de zozobra, no solo por los enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla que siguen afectando a la población civil, sino, por la actividad del Volcán Nevado del Huila, que como lo ha expresado Ingeominas por más de una año, el volcán no ha cesado la actividad, encontrándose desde semanas atrás en estado de alerta Naranja. Al momento de redactar el presente escrito se conoció, que ante la situación de Alerta Roja del 14 de abril pasado los comuneros salieron entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana siguiente, en medio de la lluvia hacia los sitios seguros, debiendo regresarse al no encontrar los albergues tan promocionados por los funcionarios estatales. Esta situación muestra que en Colombia se gobierna a través de noticias de prensa y no con acciones reales que brinden soluciones efectivas y duraderas como lo viene exigiendo el pueblo Nasa de Tierradentro desde hace más de un año.

Tal parece que los ministerios, los militares y los organismos de justicia, están atareados en cumplir la orden presidencial dada en el consejo comunitario de la ciudad de Popayán “… que el señor ministro del interior y de justicia indague con el fiscal y con el congreso de la república la posibilidad de modificar esa ley (…) y segundo, mientras eso se da, las autoridades militares y de policía quedan esta noche autorizadas para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización…”

Se ratifica así que para el actual gobierno cumplir la Constitución Nacional en asuntos de derechos humanos fundamentales no es su prioridad, pero sí lo es reformarla, con lo cual busca eliminar los derechos adquiridos por los pueblos indígenas en un largo proceso de resistencia y así asegurarle reglas excepcionales al capital multinacional para apoderarse de nuestros territorios.

En consecuencia, como Consejería Mayor CRIC:

1. Rechazamos la política de tierras implementada por el gobierno nacional con la cual no solo imposibilita el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos con nuestras comunidades y organizaciones, sino que fomenta la confrontación por la tierra entre las comunidades pobres del campo.

2. Denunciamos la falta de compromiso de las instituciones de control del Estado colombiano para vigilar el comportamiento, actuación y expresión irresponsable de los funcionarios públicos.

3. Reclamamos la concertación y definición de políticas de forma inmediata con las autoridades tradicionales indígenas de Tierradentro, así como el establecimiento de acciones urgentes y de largo plazo para atender la emergencia social y económica ocasionada por la actividad del volcán nevado del Huila.

4. Apoyamos la justa decisión de las comunidades indígenas de declararse en desobediencia civil contra toda norma que afecte nuestros derechos como pueblos y que no haya sido consultada tal como lo ordena la Constitución Nacional y la normatividad internacional de derechos humanos, principalmente lo contemplado en el convenio 169 de la OIT.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-

Popayán, 16 de abril de 2008.