Más de 4 mil indígenas provenientes de los diferentes territorios del Cauca llegaron a Popayán con el objetivo de reunirse para conmemorar 37 años de resistencia organizada (el CRIC fue fundado un 24 de febrero en Toribío por allá en 1971); quisieron, en el centro de Popayán recordar su existencia milenaria, rendirle homenaje a los mas de 500 compañeros caídos en la lucha por la tierra, la vida, el territorio y la autonomía y recordarle al gobierno colombiano que los indígenas seguirán reclamando del Estado nacional cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con los pueblos, Autoridades tradicionales y CRIC desde hace más de 25 años. Las denuncias, si bien fueron claras en identificar la responsabilidad del conflicto armado frente a las diferentes problemáticas que viven los indígenas en el actual momento, denunciaron la política institucional del gobierno colombiano como la principal causa de sus reclamos.
-----------------

Se reactiva la memoria colectiva trayendo a nuestro recuerdo personajes como la Gaitana y Quintín Lame, admirados por nosotros pero vilipendiados por la historia oficial. Esta voz de los siglos buscando nuevas estrategias de acción para mostrar la vigencia de la resistencia, después de un proceso de unidad campesino indígena, adelantado durante varios años al calor de las luchas por la Reforma Agraria, definió un 24 de febrero de 1971, en Toribío, territorio ancestral del pueblo Nasa darle vida al Consejo Regional indígena del Cauca –CRIC-.

Eran las luchas de recuperación en Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Silvia, Puracé y Caldono que debieron protegerse de los pájaros, asesinos a sueldo favorecidos por el Estado y pagados los terratenientes, los cuales forzaron la partida definitiva de importante líderes del proceso como el Padre Pedro León Rodríguez y Gustavo Mejía, asesinados entre los años 1973 y 1974. Crímenes que aún permanecen en la más completa impunidad.

Los años setenta-ochenta fueron de persecución total contra los proyectos políticos, las organizaciones sociales y los movimientos alternativos, lo cual afectó trágicamente el proceso indígena que registra detenciones masivas de comuneros indígenas y más de 300 judicializados por rebelión en procesos que demostraron su inocencia. Recordamos de esta década, que tuvo más de 100 asesinatos, con especial importancia a Justiniano Lame, Benjamín Dindicué, Avelino Ul, Genaro Yonda, Rosa Elena Toconás y el padre Nasa Álvaro Ulcué Chocué

Aunque el país creía haber logrado un acuerdo de paz, no solo por la desmovilización de varios grupos revolucionarios sino por la firma del acuerdo nacional llamado Carta Magna o Constitución de 1991, un sector del poder, en la última década del siglo XX, determinó una ruta de guerra, que ligada con los proyectos subversivos mantuvo el conflicto armado y un crecimiento de la violencia en todo el país, a pesar que la legalidad marcaba el derrotero de un nuevo modelo de Estado y había delegado en las instituciones la responsabilidad de ser garantes de los derechos humanos y ponerse al servicio de la sociedad.

En el Cauca el conflicto por la tierra continuó ante la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos de turno. La crueldad de la violencia produjo hechos que la memoria se niega a borrar: Uno, los asesinatos de Ana Tulia Turminá, Marcos Ramos y Alberto Jairo Merizo ocurridos en Junio de 1991, y dos, la masacre del Nilo, sucedida en diciembre del mismo año, la cual ocasionó la muerte de 20 indígenas nasa, y que fue perpetrada por agentes del Estado en alianza con el narcotráfico. Dichos acontecimientos, unidos a los asesinatos de Lizardo Julicue y Oscar Elías López, sucedidos en 1992, muestran que la guerra de conquista y dominación iniciada quinientos años atrás continuaba, especialmente contra nuestros pueblos y territorios ancestrales.

Por otra parte, mientras el movimiento social y las comunidades indígenas se esforzaban por construir política pública a través de las movilizaciones y los actos de exigibilidad, como la erradicación manual de cultivos ilícitos, el cambio del monocultivo por la diversificación ordenada de cultivos tradicionales; así como con las acciones de exigencia frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con las comunidades y el CRIC, la represión seguía cobrando víctimas en comuneros indígenas.

Entre 1995 y 1999 el movimiento indígena del Cauca, fue concretando nuevo modelos de relación con el Estado colombiano, buscando un diálogo de igual a igual sin olvidar la responsabilidad que las instituciones tienen con la solución de las problemáticas vividas por las comunidades; en este sentido el gobierno colombiano reiteró en el Convenio de la María Piendamó, firmado el 1 de septiembre de 1995, “… su compromiso de cumplir con las obligaciones adquiridas en los acuerdos suscritos hasta la fecha entre las comunidades, cabildos, el Consejo Regional Indígena del Cauca, –CRIC- y las diferentes Entidades del Estado…” comprometiéndose además “… a gestionar o a procurar las condiciones necesarias para materializarlos, con el fin de atender la situación social, crítica y conflictiva que afrontan las comunidades indígenas de este departamento, que reclaman definiciones ágiles y urgentes por cuanto amenazan su integridad étnica y cultural”. Así se cierra el siglo: una gran concentración indígena denominada Congreso Extraordinario, realizada de nuevo en el resguardo Guambiano de la María Piendamó, en donde el Estado de nuevo compromete, no solo su palabra sino que el mismo presidente de la república firma el decreto 982 de junio de 1999, donde vuelve a comprometerse con lo históricamente reclamado por nuestros pueblos. En este periodo son asesinados entre otros; el lider Yanacona, Dimas Onel Majín Palechor (1995), el alcalde indígena Marden Betancur (1996) y el líder del pueblo Kokonuko Genaro Sánchez (1998) que en ese entonces era miembro del Comité Ejecutivo CRIC.

Nace el nuevo siglo y los vientos de la barbarie anuncian para el Cauca los nubarrones trágicos del paramilitarismo; los cuales son denunciados en la Primera Audiencia Pública por la vida y la esperanza convocada por los diferentes sectores sociales del Cauca y realizada en este mismo sitio el 14 de julio del año 2000, situación frente a la cual se le pidió al gobierno pronunciarse sobre las denuncias de paramilitarismo en el norte de Nariño, centro del Valle y sur, centro y norte del Cauca, a lo cual el gobierno de turno declaró en comunicado público que el departamento no estaba afectado por ese fenómeno. Sin embargo, en abril del 2001 la ferocidad del accionar de las AUC dejó un rastro de muerte y desolación que comenzó con la masacre de 4 personas en el casco urbano de Santander de Quilichao, entre las cuales se encontraba el alguacil del cabildo indígena de Munchique Los Tigres, continuando en el territorio del Naya, situación que causó terror en la población por la dimensión de la barbarie, debiendo abandonar sus sitios tradicionales y desplazarse a la fuerza a Santander de Quilichao, Cali y Popayán. Su retorno no se garantizó plenamente por lo cual algunas familias exigieron del Estado una reubicación territorial en otros municipios.

La política de seguridad democrática del gobierno Uribe, en vez de contribuir con la convivencia ciudadana avivó el conflicto en las zonas rurales y durante el año 2.003, meses de febrero, junio, octubre, noviembre y diciembre y enero y febrero de 2004 se agudizaron los enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla de las Farc, situación que provocó abusos y atropellos contra nuestras comunidades por parte de los organismos del Estado, ejercito, policía y Fiscalía, al igual que por parte de la insurgencia.

De parte del movimiento social, en especial el movimiento indígena continuamos movilizándonos con propuestas itinerantes de participación ciudadana como las marchas a Cali, la primera realizada en mayo del 2001 y la de agosto del 2004, que contaron con una participación de más de 60 mil personas; las acciones de Liberación de la Madre Tierra que se manifestaron entre octubre y diciembre del 2005 y noviembre diciembre de 2007, como también la Cumbre Nacional de organizaciones sociales realizada en La María, Piendamó (mayo de 2006), frente a las cuales los gobiernos nacional y departamental mostraron su verdadero rostro, al dar tratamiento de insurgentes a los manifestantes. Fue manifiesto el uso excesivo de la fuerza y la alteración de los procedimientos jurídicos pues atacó a las comunidades con tanques de guerra y todo un despliegue armamentista y militar que dejo altos saldos de pérdidas y despojos materiales de los cuales la fuerza pública nunca dio razón, así como de heridos y las muertes a bala de los comuneros Belisario Camayo, Pedro Pascue y Lorenzo Largo, todas ellas bajo la responsabilidad del esmad de la Policía Nacional.

Este tiempo de guerra entre el gobierno nacional y la insurgencia, muestra que el objetivo es la población civil pues las acciones irregulares realizadas por actores armados en las comunidades comprobaron otras facetas del conflicto; por ejemplo:

1. Las instituciones del Estado realizan retenciones de comuneros acompañados de encapuchados que luego son mostrados por los medios de comunicación como jefes guerrilleros, los militares realizan filmaciones y toman fotografías de manera indiscriminada y sin autorización a personas cuando viajan, así sean comuneros o autoridades tradicionales; decomisan materiales de trabajo de los cabildos como sucedió en el área urbana de Tacueyo donde se llevaron la parabólica cuando prestaba servicio de TV cable, diciendo que era tecnología avanzada de la guerrilla; irrespeta los sitios de asamblea permanente reconocidos como zonas para la ubicación de la población civil; realizan control de alimentos y dificultan la movilidad de los comuneros; hacen propaganda y ofrecen recompensas por informes que sirvan a la inteligencia militar; ingresan a los domicilios cuando las casas están solas o con niños, usando lavaderos, baños y tomando sin permiso reses y alimentos para el consumo.

2. Los grupos guerrilleros Boletean, señalan y acusan a los comuneros de ser colaboradores del ejército, permanecen en zonas cercanas a los sitios de convivencia de la sociedad civil, reclutan jóvenes, atacan los puestos de policía sin medir las consecuencias sobre la población civil que vive en los alrededores de los bunkers policiales.

3.conflicto armado repite con frecuencia el asesinato de comuneros indígenas, unas veces por acción de la fuerza pública que los presenta como guerrilleros muertos en combate, cuando la gente afirma que habían sido sacados de sus casas previamente con engaños o la fuerza y en traje civil. Otras veces por acción de la FARC como en el caso de ARCADIO CONEJO SÁNCHEZ asesinado bajo el señalamiento de tener a sus hijos prestando el servicio militar o del líder y autoridad tradicional del norte del Cauca CRISTOBAL SECUE.

También, el periodo de la Seguridad democrática se ha distinguido por desconocer el llamado de las comunidades e incumplir compromisos adquiridos por el Estado con nuestras autoridades y organizaciones. En este periodo el gobierno le ha mentido a la opinión pública, en especial a los organismos multilaterales pues sin demostrar un real ataque al narcotráfico ha realizando fumigaciones en zonas de protección ambiental con glifosato, cuyas consecuencias nefastas se perciben en las denuncias realizadas de forma constante por indígenas y campesinos sobre deterioro ambiental, contaminación del agua, muerte de ganado y otros animales domésticos, así mismo sobre el aumento de enfermedades cutáneas, neumonías, niños con síndrome de Dawm (Ríoblanco) partos prematuros, niños con afectación en el corazón; pérdida del pan coger, pastos quemados y terneros con alteraciones genéticas.

Igualmente, sin atender las reclamaciones de nuestras autoridades dio inicio, en este periodo al rompimiento del tejido social con políticas como familias guardabosques y con la instalación del Batallón de alta montaña en varios puntos del departamento, así como con puestos de policía en la mayoría de las cabeceras municipales, causando con su llegada enfrentamientos frecuentes entre fuerza pública y la subversión, lo cual ha dejado como saldo civiles muertos e innumerables heridos, también civiles, y daños sobre la infraestructura de las viviendas de los comuneros, las sedes de los cabildo y las escuelas y colegios. Además, realiza constantes sobre vuelos diurnos y nocturnos con frecuentes bombardeos sobre zonas comunales y sitios sagrados de los pueblos indígenas, mantiene en constante zozobra a la población, situación que ha alterado la convivencia comunitaria, propiciado el cierre de escuelas y colegios; bloqueando vías de acceso, restringiendo los mercados locales, con lo cual se agudiza el desplazamiento forzado y silencioso de comuneros hacia las ciudades.

Es claro que el gobierno nacional desestima los mandatos constitucionales de atención oportuna a la problemática de la mujer y con el aumento de la presencia militar en las zonas indígenas y campesinas fomenta el madre solterismo, la maternidad a temprana edad y la paternidad irresponsable. Todo este panorama de guerra se agrava con la falta de atención médica en las zonas y el aumento de las enfermedades infantiles, lo cual se obliga a las madres a abandonar sus trabajos y reducir su ingreso económico. A ello se une la falta de empleo y educación lo cual facilita que los jóvenes no encuentren salidas y resuelvan unirse a los grupos armados, siendo mano barata para la recolección de cultivos de uso ilícito o simplemente aumentando las cifras de suicidios en las comunidades indígenas.

Como situación característica del modelo actual, las comunidades de Tierradentro han denunciado con anterioridad a un año, no solo la desatención del Estado colombiano frente a la actividad volcánica del Nevado del Huila, el cual ha producido varias avalanchas y sismos frecuentes por lo cual los comuneros de los resguardos del municipio de Páez debieron salir a campamentos transitorios, dentro y fuera de la zona de afectación, sin haber encontrado en las instituciones la atención demandada, por el contrario, violando todas las recomendaciones del derecho internacional humanitario, se han presentado enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla de las FARC, actores que bombardean e invaden sin permiso ni procedimientos jurídicos la propiedad indígena, aumentando la amenaza a la vida, la convivencia y el tejido social, en este territorio ancestral del pueblo Nasa.

Se observa también como el gobierno a través de leyes desconoce la realidad cultural, impone modelos externos de producción sin adecuada asistencia técnica, promueve el comercio de transgénicos y el ataque a las semillas tradicionales; lo cual se agrava con la actual política de tierras que no solo impide que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas sino que facilita el robo de extensos territorios ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades afro, fomentando la migración y el rompimiento cultural.

Este panorama no sería posible si el gobierno colombiano no contara con los medios de comunicación que en su mayoría fomentan el odio y la penetración ideológica, promueven los cambios culturales, menosprecian el saber tradicional, desconocen los convenios internacionales de DDHH y DIH, al usar de forma errada el lenguaje humanitario internacional exigido por los organismos de protección humanitaria.

La experiencia vivida por el Consejo Regional indígena del Cauca en estos 37 años de vida organizada nos muestra que el poder existente, de forma obstinada viola los derechos fundamentales e incumple sus compromisos constitucionales, protege al gran capital y privilegia la fuerza sobre el diálogo y las ideas; igualmente nos permite considerar que la continuidad del conflicto armado dificulta el fortalecimiento de las autonomías locales, favorece intereses ajenos a las grandes mayorías, fomenta el militarismo y facilita los estados autoritarios; pero en especial nos demuestra que solo la movilización organizada de los diferentes sectores sociales del país logrará avances en defensa de los derechos sociales; políticos y culturales por lo cual llamamos a todas nuestras comunidades, autoridades tradicionales para que en un gran esfuerzo de solidaridad con los sectores que adelantan acciones reivindicativas tendientes a:

1. Fortalecer aquellas iniciativas sociales que el gobierno niega y los medios de comunicación invisibilizan, como las movilizaciones de los estudiantes universitarios, los maestros, los trabajadores de la salud y los empleados que sufren el desempleo por efecto de los cierres y cambios institucionales que favorecen tanto la privatización como el robo de las empresas del Estado.

2. Lograr un Acuerdo Humanitario YA

3. Que el Estado colombiano cumpla sus compromisos adquiridos a través de Acuerdos y Convenios con las organizaciones sociales, comunidades y organizaciones indígenas.

4. Continuar tejiendo iniciativas sociales y populares que reflejen la inconformidad hacia nuevos escenarios de participación

5. Detener el proceso de contrarreforma constitucional que adelanta el gobierno nacional con el apoyo de un congreso que en un alto porcentaje está involucrado con el paramilitarismo. De nuestra parte continuar fortaleciendo las iniciativas propias como el Parlamento Indígena y Popular

6. Lograr mayores niveles de autonomía sectorial y respeto a la movilización social por parte de todos los actores, en especial por las instituciones del Estado

CONTRA EL ODIO, CONTRA LA GUERRA Y CONTRA LA IMPUNIDAD, NUESTRA MEMORÍA CONTINÚA CAMINANDO LA PALABRA POR LA VIDA, LA ARMONÍA, EL TERRITORIO, LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Nuestra memoria nos trae el recuerdo de compañeros caídos en este proceso por la vida

Luis Eduardo Taquinás, Pastor Quichiliani, María Luparda Moña, Emiliano Ulcué, Joaquín M. Yonda y Luis Eduardo Ramos asesinados en 1974; José M. Sánchez y Antonio Quiguanás, asesinados en 1975;

Pablo Quinto, Francisco Rodríguez, Isidro Pillimue, Avelino Ramos, Ángel Mestizo, Benjamín Güetio, Belarmino Ipia y Luciano Ramos, asesinados en 1976;

Dionisio Ípia, Justiniano Lame, Ernesto Güegia y Balvino Quiguapunga asesinados en 1977;

Benjamín Dindicué, Federico Ramos; Camilo y Ana Yatacué, Lisandro y Marco Tulio Caso y Avelino Ul, asesinados en 1978;

Julio Escué; José María Quigüapunga Y Lorenzo Chepe, asesinados en 1979;

José María Ícue y Floro Campo asesinados en 1981;

Gloria Ulcué, Serafín Chocué, Ángel Miro Salazar, Marcos Ulcué, Antonio Ulcué, Manuel Antonio Chocué, Misael Chocué, José E. Campo Chocué y Ángel Chocué, Ramón Julicue, Baldomero Gómez, Horacio Gómez, y Alfonso Martínez asesinados en 1982;

Lorenzo Julicue, Cipriano Medina, Mario Menza, José María Güegia, Luz Mery Guamanga, Joaquín Emilio Güegia, Bautista Güegia, Humberto Dagua, Secundino Pancho, Julio Pencue Volverás y el padre Nasa Álvaro Ulcué Chocué asesinados en 1984;

Marco Anibal Mlenge; Domingo y Tulio Oca, Rosa Elena Toconás y Luis Ángel Monroy asesinados en 1985;

Argemiro Musucué, Henry Ul, Antonio Pizo Pizo, Genaro Yonda, César Aquite y Miguel ïpia asesinados en 1987;

Enrique Yafué, Luis Alfonso Pillimué, Wilfredo Semanate, Germán Escué, Juan Tunubalá Hurtado, Plinio Ordoñez y Hernando Tamayo asesinados en 1988;

Wilfredo y Jesús Semanate, José Nicolás Güejia, Armando Sae, Alirio y Julián E. Secue, María Dominga León, José Luís Salazar, Eduardo Muelas Claros, José María Claros, Juana María Tamayo asesinados en 1989;

Agustín Noscué Menza, Mario Sánchez y Hector Tamayo asesinados en 1990.ç

Javier Bravo Quiligüe e Isaías Pascué Nene asesinado en 1993;