El pasado mes de diciembre mientras se encontraba realizando actividades de cacería, ya que la pesca fue acabada por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, un miembro de la comunidad indígena de Koredó, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú (Tierralta, Córdoba) fue abordado por efectivos del ejército nacional quienes se encontraban patrullando dentro del Resguardo en inmediaciones de las comunidades indígenas, los cuales después de realizarle una intensa requisa procedieron a decomisar la carabina de uso exclusivo para obtener su sustento.

Es importante señalar que dentro del interrogatorio realizado por el comandante de la patrulla, señaló a nuestro hermano indígena de guerrillero y le ofreció dinero si “nos indica donde está el resto de los hombres”.

Vemos con mucha preocupación estos señalamientos a miembros de nuestras comunidades que lo único que realizan son sus actividades diarias para obtener el sustento de sus familias.

Por otro lado, el pasado 9 de enero a las 5:00 PM un miembro de la comunidad indígena de Beguidó, mientras se desplazaba desde su lugar de trabajo hacia su casa fue asaltado por hombres del ejército nacional, quienes después de apearlo por la fuerza de la mula en la que se transportaba le propinaron una serie de golpes y lo ultrajaron, posteriormente a las 7:00 PM el mismo grupo de hombres irrumpió en la comunidad de Beguidó y pernoctaron en la misma sin ningún tipo de autorización por parte de los moradores.

Igualmente denunciamos y rechazamos públicamente las presiones que vienen ejerciendo grupos armados sobre los campesinos y colonos asentados en los sectores de ampliación del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, en inmediaciones del embalse de Urrá I, quienes según versiones de los propios afectados están siendo hostigados para que abandonen los predios que fueron adquiridos por la Empresa Urrá. Si bien los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde hemos venido exigiendo a la empresa Urrá el cumplimiento de la sentencia de tutela T-652 de 1998, en el sentido de restituir las tierras inundadas a nuestras comunidades, rechazamos enérgicamente cualquier acto de violencia en contra de nuestros hermanos campesinos, recomendamos que cualquier negociación con ellos debe hacerse a la luz de una justicia social que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y colonos que ya han sido seriamente afectados no solo por la presencia de los grupos armados sino por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Urrá I y la falta de voluntad política del gobierno en el ámbito nacional, departamental y municipal para resolver de manera definitiva el problema de los campesinos y colonos sin acceso real a la tierra y a créditos productivos.

En el casco urbano de Tierralta, donde funciona la sede administrativa de los Cabildos Mayores y residen un buen número de nuestros líderes y dirigentes, se ha venido recrudeciendo el clima de muerte, incertidumbre y terror. Casi todas las semanas son asesinadas personas en extrañas circunstancias, incluso mujeres, cuyos homicidios son perpetrados en diferentes horas del día. Si bien no se ha podido establecer con claridad los verdaderos móviles de estas “ejecuciones selectivas”: ajustes de cuentas entre narcotraficantes, disputas por el control del municipio por parte de bandas paramilitares que se están reorganizando, operaciones de la mal llamada “limpieza social”, etc., lo que si es evidente es que el breve período de tranquilidad y seguridad que vivimos después de la desmovilización de varios comandantes paramilitares ha llegado a su fin y se avizora un panorama oscuro de muerte, intimidación y zozobra.

Todos los acontecimientos anteriormente reseñados no son hechos aislados por el contrario consideramos que corresponden a una política de Estado de aumento del control social y represión a la población civil con el pretexto de combatir el “terrorismo” guerrillero y la complicidad o total inacción frente al resurgimiento o reagrupación de bandas paramilitares o grupos armados privados que allanen el camino, a “sangre y fuego” para la mayor penetración del capital imperialista a través de la implementación de megaproyectos en esta región de nuestro país. Megaproyectos que significan mayor miseria, hambre, represión y muerte no solo para los Pueblos Indígenas sino para el conjunto de sectores sociales vulnerables como los campesinos, colonos, desplazados.

Nos oponemos a que la Fuerza Pública en nombre de preservar la “seguridad democrática” realice acciones de hostigamiento, señalamiento y represión de nuestros hermanos indígenas, que viole normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), al inmiscuir por la fuerza a la población civil en medio del conflicto armado interno, que pretenda tomar como escudo las comunidades asentadas en territorio de nuestro Resguardo.

En consecuencia denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional el inminente riesgo en que nos encontramos y hacemos un llamado de alerta a los defensores de Derechos Humanos y a las distintas organizaciones humanitarias a que expresen su voz de rechazo y nos brinden un acompañamiento que permita prevenir cualquier tipo de masacre, atentados y asesinatos selectivos en contra de nuestro equipo de gobierno o cualquier otro miembro de los Cabildos Mayores.

Exigimos a los organismos de control en cabeza de la Procuraduría General de la Nación que inicien las investigaciones disciplinarias pertinentes con respecto a los abusos y atropellos realizados por personal adscrito al Batallón Junín con jurisdicción en el Alto Sinú.

Instamos a la Defensoría del Pueblo para que a través del Sistema de Alertas Tempranas -SAT- y las Delegadas para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado y los Indígenas y las Minorías Étnicas tomen cartas en el asunto con el propósito de evaluar la actual situación de violación de Derechos Humanos de las comunidades del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú y oficien a las autoridades competentes con el fin de prevenir la comisión de conductas criminales por grupos armados estatales o paraestatales.

Una vez más nos pronunciamos enérgicamente con respecto a la voluntad de nuestro Pueblo de exigirle a los diferentes grupos armados legales e ilegales que no hagan presencia en nuestros territorios ancestrales, que no nos inmiscuyan en su “guerra” y que no violen las disposiciones en materia de DIH.

CABILDOS MAYORES DEL RÍO SINÚ Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)