A pesar que el foro convocado el pasado 25 de septiembre de 2007, en la ciudad de Montería (Córdoba) por el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Hernán Martínez Torres y del presidente de la empresa Urrá S.A. E.S.P., Alfredo Solano, tuvo en el papel el propósito de presentar un plan contingente para mitigar las inundaciones que afectan a las comunidades que habitan las márgenes del Bajo Sinú, se aprovechó realmente el escenario para ofrecer como la alternativa definitiva a la problemática que se presenta año tras año y que ahora se ha agudizado como consecuencia de los bruscos cambios climáticos debido al calentamiento global producido por los imperialistas, la construcción de la central hidroeléctrica Urrá II.

La delegación de los Cabildos Mayores tuvimos que sortear varios obstáculos para ingresar al auditorio del Centro de Convenciones donde se realizó el evento, pues se pretextó por parte de los encargados que no era posible que ingresáramos todos, dado que el espacio era insuficiente. Cuando finalmente logramos que nos franquearan el paso constatamos que se trataba de una burda excusa para evitar nuestra participación en pleno, dado que el lugar estaba relativamente desocupado.

El Gobierno Nacional a través de sus voceros se había comprometido en 2005, producto de la Asamblea Permanente del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú que se levantó al suscribir los Acuerdos del 8 de Abril con los representantes de los Cabildos Mayores, a no construir Urrá II, incluso llegaron a la falsa promesa de insinuar que no estaban “ni siquiera considerando este proyecto”.

Ahora transcurrida casi una década plagada de engaños, incumplimientos, muerte y desplazamiento que ha generado una huella imborrable y ha trastocado el estilo de vida, cultura y valores del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, se desempolvó el megaproyecto Urrá II. Una vez más se esconde astutamente las verdaderas intenciones de su construcción: facilitar aún más la penetración del capital imperialista, forrando los bolsillos de la clase dominante colombiana que está al servicio de los intereses de explotación, saqueo y dominación. Se cacarea a los cuatro vientos que se trata de mitigar las inundaciones que afectan a centenares de miles de campesinos, pescadores, desplazados, marginados, cuando por décadas los politiqueros de turno han prometido una y otra vez la creación de programas y ayudas para los afectados. Claro está nunca les ha preocupado la situación de miseria en que viven los habitantes de las riberas del Sinú o del San Jorge, porque solucionar sus problemas de fondo no les generan ganancias. De manera hipócrita y claramente utilitarista se elaboran vídeos y notas de prensa que registran las dramáticas escenas de personas, animales y enseres afectados por las crecientes de los ríos, justificando ante la opinión pública nacional e internacional que de manera ingenua se ha tragado el cuento que la única alternativa para resolver de raíz el problema de las inundaciones es la construcción de Urrá II.

Extraoficialmente algunos funcionarios de la empresa multipropósito Urrá han confirmado que no se trata de un simple proyecto a considerar sino que se trata de una realidad. Versión que la confirma el hecho de los últimos días en que una comisión encabezada por un grupo de topógrafos estableció contacto con algunos compañeros emberas con el fin de que los acompañaran a hacer un recorrido “coincidencialmente” por la zona donde se construiría el megaproyecto, pues pretendían tomar algunas medidas. Del mismo modo, se evidencia un aumento en el pie de fuerza militar en el territorio aledaño al embalse Urrá I.

Por otro lado, nos preocupa sobremanera el aumento en los últimos meses de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de un significativo número de habitantes de Tierralta, especialmente jóvenes, que son ultimados en sus residencias o cuando departen en establecimientos públicos. Las autoridades municipales y los mismos efectivos de la policía han negado dichos crímenes, ya sea ocultándolos o calificándolos de incidentes aislados, cuando el conjunto de la población tierraltera conoce de estas muertes y su origen. Alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre estos episodios de recrudecimiento de la violencia, pues son claramente señal del reagrupamiento de nuevos bloques paramilitares que empiezan a luchar entre sí por hacerse al control territorial y del surgimiento de bandas delincuenciales formadas por desmovilizados que acostumbrados por años a cometer crímenes para eliminar opositores políticos de sus comandantes y obtener recursos económicos de la extorsión e intimidación a la población, están sembrando el caos y la muerte. Un ejemplo fidedigno de esta situación es el atentado de que fue víctima uno de nuestros compañeros de los Cabildos Mayores cuando fue abordado por varios sujetos para atracarlo, uno de los cuales desenfundó un arma propinándole varias heridas graves en su rostro que lo mantuvieron por meses en recuperación y ahora le obligan a someterse a varias cirugías reconstructivas. La zozobra para nosotros aumenta cuando se ha tejido el mito que en nuestra sede administrativa se depositan grandes cantidades de dinero en efectivo, pues nos convierte en blanco de estas bandas delincuenciales.

La experiencia nos ha enseñado aquí y en otros lugares del país y del mundo que con la construcción de megaproyectos sean estos de explotación de hidrocarburos, carbón, minerales preciosos, hidroeléctricos, etc., aumenta la violencia que traen consigo la presencia de ejércitos paramilitares (vestidos de civil o camuflado) que realizan asesinatos selectivos, desapariciones, masacres y ejecuciones extrajudiciales para allanar el camino a la inversión del capital imperialista, neutralizando o frenando a sangre y fuego a líderes sociales, dirigentes gremiales, comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que se oponen a la presencia de dichos megaproyectos y denuncian la mayor penetración del imperialismo en sus regiones con la anuencia de latifundistas, terratenientes, empresarios y politiqueros. Las autoridades judiciales y la Fuerza Pública guardan un silencio cómplice o señalan a los denunciantes como auxiliadores de los terroristas o enemigos de la Patria, favoreciendo de este modo una atmósfera de silencio, impunidad y muerte.

En consecuencia, llamamos al conjunto de organizaciones hermanas nucleadas en torno a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a que unamos esfuerzos para concitar el interés de amplios sectores sociales, campesinos, afrodescendientes, estudiantiles, gremios, trabajadores, intelectuales progresistas a nivel nacional e internacional para que se eleve la resistencia y la lucha contra el flagelo del Paramilitarismo y toda su política de guerra sucia, auspiciada por acción u omisión por el Estado colombiano y el conjunto de sus instituciones. Es la hora compañeras y compañeros que abordemos en un escenario nacional, como lo es una Asamblea Extraordinaria de representantes de las distintas etnias que habitan este país a lo largo y ancho para que discutamos el fondo del problema y diseñemos políticas y mecanismos homogéneos de lucha y resistencia. No debemos reducir nuestros esfuerzos a considerar el problema sólo desde la perspectiva de la reparación en el marco de la Ley de “Justicia y Paz” sino debemos elevar la mirada al verdadero origen del problema que no es otro que la mayor penetración del capital imperialista a la que los paramilitares aquí y en el mundo han servido como punta de lanza para favorecer sus mezquinos y sucios intereses de explotación y dominación. De lo contrario seguiremos dejando que los compañeros del Pueblo Wayuú, Kankuamo, Awa, Emberá Katío, Nasa, sigan resolviendo desde sus propias limitaciones un problema que rebasa sus propias posibilidades de lucha y resistencia individual.

Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde

Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú (CAMAEMKA)