Diversas versiones sobre la muerte de cinco personas en los municipios de Buenos Aires y Suárez, Cauca, así como las continuas acciones del ejército y la policía nacional reclutando y arrestando comuneros demuestran que en Colombia no valen los instrumentos legales para garantizar el derecho a la vida ni el debido proceso de los pobres, sean éstos indígenas, afros o campesinos.

La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, conoció los testimonios de los habitantes sobre el asesinato de los jóvenes ALEYSER ORDOÑEZ de 24 años, JOSÉ ERMIDES ESCUE de 19 años y EDWIN GUERRERO de 20 años de edad, quienes fueron detenidos por soldados pertenecientes al batallón Codazzi, a las 5:30 de la mañana del día primero de enero del 2008, en la vereda el Palmar, la cual está ubicada a cuatro kilómetros aproximadamente del área urbana del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, apareciendo muertos al día siguiente.

Denunció también la comunidad otras dos muertes en circunstancias similares, sucedidas el día dieciocho de diciembre del año 2007 sobre los señores PEDRO ANTONIO INFANTE de 34 años y YOBANINO CHOCO ARARAT de 21 años de edad, quienes fueron sacados de sus viviendas ubicadas en el área urbana del corregimiento de Timba, Cauca, por miembros del ejercito nacional y posteriormente asesinados en inmediaciones de la vereda la Ventura.

Se conoció que la comunidad, mediante una marcha pacífica local, pidió claridad sobre los hechos y sostuvo que los muertos eran trabajadores que habían sido detenidos por el ejército y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate. Sin embargo la versión pública dada por la institución castrense a través de los medios de comunicación señala que la marcha estaba instigada por la guerrilla de las FARC, y que la muerte de las personas mencionadas había sido producto de un enfrentamiento armado en la zona rural de Timba, en una operación de seguimiento, surgida a partir de datos entregados por un informante.

Esta situación ha generado profunda preocupación y temor en la comunidad, pues sus gentes consideran que los actos de violencia han sido perpetrados por quienes constitucionalmente tienen la misión de salvaguardar la honra, bienes y seguridad de la población civil: El ejército nacional. En este caso efectivos pertenecientes al batallón Codazzi con sede en Palmira Valle.

Por otra parte, se conoció que se han realizado redadas en diversas partes del departamento del Cauca, reclutando jóvenes indígenas para el ejército nacional, a la usanza de los tiempos de la violencia: a la fuerza y desconociendo la normatividad del país con respecto a población indígena. Igualmente, de forma perversa e irresponsable han sido presentados por la fuerza pública, ante los medios de comunicación regional, las fotos y los nombres de personal indígena señalados como guerrilleros sin que se haya realizado proceso alguno que los declare como tales.

Reprochable e injustificada se considera la actuación del comandante de policía de la cabecera municipal de Silvia al retener de forma violenta y arbitraria al Consejero Mayor de de los cabildos del territorio indígena del oriente caucano, Jorge Eliécer Sánchez y al conductor de la COTAINDOC, el pasado 6 de enero igual que la detención del promotor agropecuario de la IPS indígena Totoguampa, Arquímedes Nene, en la ciudad de Popayán el día 8 de enero del 2008.

Ante estos lamentables y repudiables hechos de violencia contra civiles solicitamos de manera inmediata los siguientes puntos:

• Declaración pública del gobierno nacional donde ratifique o niegue si este tipo de actuaciones hacen parte de la política de seguridad democrática, con el fin de identificar el nivel de responsabilidad institucional en estos hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho humanitario.

• Investigación de los organismos de control del Estado sobre las actuaciones y proceder del ejército nacional en el área rural de municipio de Buenos Aires Cauca, con el fin que se tomen las medidas necesarias y urgentes y se identifique a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos para que se pueda aplicar una sanción ejemplar sobre ellos y evitar otros hechos lamentables en contra de la población civil.

• Garantizar el libre desplazamiento de comuneros indígenas por el territorio colombiano, y detener los procesos de reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, así como las judicializaciones estimuladas por la institucionalidad a través de informantes encubiertos y que se realizan sin respetar los procedimientos de ley. • Instar a la Procuraduría General de La Nación para que ordene a los organismos de investigación del Estado revelar el listado que dicen tener, donde aparecen más de 200 personas de las comunidades indígenas que están siendo investigadas. Esto con el fin de que puedan ejercer el derecho a la defensa y se respete el debido proceso.

• Convocar a la sociedad Nacional e internacional, en especial a los organismos de derechos humanos para que se exija del gobierno del presidente Uribe detener la pena de muerte en Colombia que practica bajo el pretexto de enfrentamientos militares.

• Convocar el acompañamiento y presencia permanente de organismos humanitarios en las comunidades afectadas por los hechos de violencia, toda vez que éstas se encuentra fuertemente atemorizadas.

Finalmente, la Consejería mayor del Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC, envía un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, a sus amigos y demás comunidades afectadas por la violencia y la invasión militar, animándolos a continuar caminado tras la huella de los mayores y a persistir en los procesos de resistencia por la vida y la garantía de los derechos constitucionales de todos los colombianos.

CONSERJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC.

Popayán Cauca, enero 09 de 2008.