Mientras en el departamento del Cauca la fuerza pública reprime, amenaza y asesina a comuneros indígenas que realizan acciones de Liberación de La Madre Tierra, en otras partes del territorio colombiano se ordenan desalojos como los que están sucediendo contra 150 familias del Barrio El Colorado, sector La Fortuna, en La Vía al mar, Cali – Buenaventura, o en Playa Renaciente, Buenaventura, ordenados por la llamada Política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe.

Según informes, el terreno reclamado por la alcaldía de Cali lleva más de 20 años en posesión de comunidades desplazadas por la violencia, tanto armada como económica, y hacen parte de la diversidad del país que sufre la violación permanente a los derechos humanos, el despojo de sus tierras y la falta de garantías a una vida digna: afros, campesinos e indígenas especialmente de los departamentos del Cauca y Nariño.

Al parecer la decisión institucional de desalojar a los comuneros pobres es definitiva, a pesar del reclamo y la vigilancia de los organismos de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Mesa municipal de Paz de Cali y Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, así como de los Cabildos indígenas urbanos de los pueblos Nasa y Yanacona de Cali que respondieron al llamado urgente de la comunidad amenazada.

La actuación coercitiva de la fuerza pública, con presencia de más de 50 policías del escuadrón móvil antidisturbios, Esmad, se sustenta en el argumento institucional que son terrenos del municipio considerados zonas de alto riesgo geológico, análisis que al parecer no comparten algunas organizaciones ambientales del Valle.

No es casual que el Consejo Comunitario de Negritudes de Playa Renaciente, en Buenaventura, esté solicitando también solidaridad y acompañamiento ante el atropello, que ordena realizar la administración pública; amenazando con destruir las viviendas de habitantes tradicionales y con ellas una cultura centenaria, sus medios de subsistencia y sus territorios en posesión por más de cien años.

Los pueblos indígenas del Cauca nos solidarizamos con las comunidades amenazadas por la intransigencia gubernamental, rechazando la actitud malévola de los voceros institucionales que dividen a la comunidad bajo la promesa de una reubicación, de la cual se plantea no brinda claridad frente a garantías en términos de soluciones dignas que permitan establecer créditos de vivienda y producción, fórmulas para construcción o que identifiquen cómo se garantizarán derechos a la salud, la educación y al empleo. Desde nuestra acción entendemos que los desalojos, responden a una estrategia institucional de desplazamiento forzado y disminución del espacio vital para las mayorías del país, en una clara política de favorecimiento al capital privado multinacional.

Los pueblos indígenas del Cauca, recordamos a la comunidad nacional e internacional que continuamos en proceso de Liberación de La Madre Tierra en catorce fincas del departamento del Cauca y dos del Huila, en especial en La Emperatriz, Caloto; La Perla, Silvia; Villa Carola, Popayán, y la Balsa en Itaibe, a pesar de la represión constante de la que se ufana el gobierno departamental y nacional, que en el día de hoy ya arroja un saldo de tres heridos que se suman a la larga lista de víctimas de la masacre del Nilo.

Ver la alerta temprana emitida por las comunidades de la Playa Renanciente
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=6791

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán, diciembre 18 de 2007