Las organizaciones sociales, incluyendo las indígenas, se encuentran en un debate sobre la pertinencia de generar interlocución con el gobierno colombiano sobre aspectos trascendentales que comprometen las reivindicaciones y las luchas de los movimientos sociales y populares en los últimos años. La semana antepasada la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, junto con el denominado Consenso de Cartagena de la Sociedad Civil, impulsaron una interlocución directa entre Organizaciones, ONG, organismos de cooperación, el Gobierno Nacional y la comunidad internacional, sobre temas tan delicados como la paz, los DDHH, la cooperación, la pobreza, el desarrollo, entre otros. La semana pasada las plataformas de DDHH han convocado a una asamblea amplia con representantes de los diferentes sectores sociales, en el marco del proceso que vienen realizando con el gobierno colombiano para la elaboración del plan de acción en Derechos Humanos según recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU. En conversaciones con el gobierno se determinó que la participación se haría desde sectores que serían convocados por las organizaciones nacionales.

Aunque aplaudimos los esfuerzos de diálogo en un contexto político cada vez más polarizado, nos surge la siguiente pregunta ¿En el contexto actual en el que la agenda legislativa y administrativa ha impulsado normas que promueven la militarización de la sociedad civil, el despojo territorial de las comunidades, políticas extractivistas, la negación de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y un modelo económico que amplía la exclusión social y estimula la acumulación de riqueza, tiene sentido concertar un plan integral de DDHH?

Mientras las plataformas se han sentado a generar este acercamiento con el gobierno, se han aprobado normas que cercenan los derechos de las clases populares de éste país. Políticas, que el gobierno no ha interlocutado y que aparecen como inamovibles de una clase dirigente que no le apuesta ni a la inclusión ni a la democratización social. ¿Cuándo el gobierno se interesó por escuchar las organizaciones y comunidades en normas como el TLC, la Ley forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural, la modificación al régimen de transferencias, la Ley de Justicia y Paz, el Plan 2019 y el impulso a los desiertos verdes de los biocombustibles, la reforma a la Salud, El Plan Colombia I y II y la nueva modalidad de Comandos de Acción Integral?

Para sentarnos a dialogar con el gobierno sobre un Plan de Acción Integral en DDHH es necesario discutir sobre las políticas que ya han lesionado los derechos de la organización social y los sectores populares. Esos deben ser los inamovibles del movimiento social. Un Plan Integral en DDHH tiene que tocar integralmente las políticas de Estado y su sujeción a la dignidad humana de todos los habitantes del territorio nacional.

Sí esta agenda legislativa y administrativa, restrictiva de los derechos civiles y sociales no hace parte de la interlocución con el Gobierno, ¿qué Plan de Acción en DDHH podemos discutir? Los daños al ejercicio integral de los derechos ya han sido causados y se avecinan más. ¿Acaso hacen parte de la agenda de interlocución propuesta?

Los pueblos indígenas de Antioquia consideramos que no hay condiciones para interlocutar con el Gobierno Nacional mientras sus políticas militaristas y económicas sigan golpeando nuestros derechos, por cierto ya adquiridos. Posturas de acercamiento solo legitiman esas políticas contra las que nos hemos movilizado, deshonra la memoria de los líderes que han dado la vida por una nación en paz y con justicia social y solo sirven para congraciar una posición de gobiernos internacionales que ante el caudal de votos uribistas reclaman una sociedad civil menos beligerante y más afín con políticas dictadas por organismos multilaterales e intereses económicos globalizantes.

Mientras nuestros compañeros indígenas del Cauca están luchando por La liberación de la Madre Tierra y buscando que el gobierno les titule las 10.000 hectáreas de tierra a que está obligado según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos por la masacre del Nilo de la cual es responsable, el Estado continúa agrediéndolos y ataca a la población civil, incluso con armas de fuego, dejando hasta el momento más de 50 compañeros gravemente heridos. La resistencia de los compañeros indígenas también es nuestra, celebramos el Parlamento Indígena que sesiona en La María, Cauca, porque ante las políticas actuales solo queda la desobediencia civil y ejercer nuestra Autonomía para construir colectivamente las normas que aplicaremos. No dejaremos una vez más que nos engañe con espejos un gobierno que se abstuvo de firmar la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas por lo cual no continuamos reuniéndonos con él en la Comisión Nacional Derechos Humanos creada por el Decreto 1396 de 1996.

Por eso, apoyamos la postura de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, de suspender cualquier diálogo con este gobierno mientras mantenga su política de desconocer nuestros derechos y de utilizar la fuerza frente a nuestros justos reclamos. Solo pedimos más consecuencia de nuestra dirigencia indígena.

¡Nuestras luchas son las luchas de todos!

Organización Indígena de Antioquia

Comité Ejecutivo

Medellín, 12 de diciembre de 2007