Con mentiras, señalamientos y excesivo uso de la fuerza se expresa la política oficial del país, siendo el Cauca donde tiene su reflejo más eficiente, así lo demuestran las respuestas institucionales a las acciones de Liberación de La Madre Tierra en diferentes municipios y las declaraciones del gobernador del Cauca a través de diferentes medios de comunicación, en especial en la entrevista concedida al Periódico El Liberal de la ciudad de Popayán y publicada el domingo 9 de diciembre de 2007, en donde, con cifras amañadas dice haber cumplido compromisos e insiste en señalar que la guerrilla está integrada por indígenas o que las movilizaciones se realizan para esconder problemas del narcotráfico.

Producto de esta política hoy en La María Piendamó, 11 de diciembre, 90 comuneros del pueblo Guambiano, que hacen presencia en la Finca La Macarena, fueron visitados a las 5 de la mañana del día 11 de los presentes, por más 300 Esmad y 50 efectivos de la policía nacional provenientes, al parecer, de la ciudad de Popayán, situación por la cual los comuneros abandonaron momentáneamente la finca reclamada, recordando que esta acción la están realizando para denunciar que las instituciones han inventado trabas jurídicas inconstitucionales, como la del Plan de Ordenamiento Territorial emitido por el Consejo municipal de Piendamó en el año 2003, donde prohíbe la venta de tierras para comunidades indígenas, contrariando las aspiraciones y reclamaciones de la comunidad indígena Guambiana y a la voluntad de algunos propietarios de vender sus predios a esta comunidad.

Días anteriores, la comunidad había denunciado la detención irregular realizada por la fuerza pública, la cual se hacía acompañar de una persona cubierta con pasamontañas y que decía ser guerrillera. Según versiones, la policía ingreso a la propiedad colectiva del pueblo Guambiano, vestida de civil, y solo después de allanar una casa, interrogar a las personas que laboraban en una Minga, y se llevaran detenidos a dos jóvenes indígenas, se pusieron chalecos del B2. Los comuneros fueron dejados en libertad, pues no se encontró merito para su judicialización.

Por otra parte el día 7 de diciembre pasado, después de arremeter con violencia y haciendo uso de gases, armas de fuego y explosivos, contra la comunidad que se encuentra en la finca La Perla, situada en el municipio de Silvia, la fuerza pública, con maltratados físicos, y afectando la dignidad de las personas, retuvo a 5 guardias indígenas, en una acción policial que se desarrolló fuera del sitio donde la comunidad Nasa de Tierradentro, desplazada por el volcán Nevado del Huila desde hace más de 6 meses, está haciendo presencia para reclamar del Estado protección de sus derechos. Los indígenas, que finalmente fueron dejados en libertad, habían sido sindicados de secuestro, lo cual fue desmentido en la audiencia judicial.

Un hecho, en apariencia aislado, fue denunciado por el guardia indígena del CRIC, quien observó la noche del domingo 9 de los presentes como un carro azul de vidrios polarizados y sin placas se parqueó a unos 30 metros de la sede indígena en Popayán. Indicó que a eso de la una de la mañana un individuo con gafas oscuras y gorro se bajó del auto y se acercó en actitud sospechosa a la edificación por lo cual el guardia activo la alarma. El sujeto volvió al auto rápidamente y 15 minutos después prendió el auto y tranquilamente se alejó. Llama la atención que nadie acudió a la alerta de la sirena, siendo que tan sólo a 200 metros está establecida una estación de policía.

Para el Parlamento Indígena Popular, todos los hechos narrados son producto de las indicaciones que entregan los mandatarios en las ordenes que dan al personal encargado de la seguridad ciudadana, bien sea en sus discursos institucionales o en las declaraciones de los funcionarios ante los medios de comunicación, por lo tanto consideramos que el Estado colombiano tiene alta responsabilidad en las situaciones denunciadas; por lo cual reclamamos:

1. Del gobierno nacional y departamental acatamiento a sus obligaciones constitucionales, así como del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con nuestras autoridades tradicionales mediante convenios y contratos firmados desde hace más de 20 años.

2. De los organismos de control del Estado colombiano presten la vigilancia debida sobre los funcionarios públicos, reclamando que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos; actúen con neutralidad en todo tipo de situaciones, en especial frente a los conflictos por la tierra, y que viabilicen los compromisos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas del Cauca.

3. De la comunidad internacional que observe de forma permanente los procesos de Liberación de La Madre Tierra, demandando del Gobierno colombiano evitar las discriminaciones y el racismo en sus actuaciones y expresiones públicas, igualmente para que cumpla de forma diligente y efectiva los compromisos adquiridos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1998, para la reparación integral del pueblo Nasa del norte del Cauca que sufrió la masacre del Nilo perpetrada por narcotraficantes con participación de agentes del Estado colombiano. Igualmente servir de facilitadores hacia el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado colombiano, entre ellos los establecidos en el decreto presidencial 982 y el acuerdo de diciembre de 2005.

4. De la opinión pública y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos instar al Estado colombiano para que detenga la política de señalamientos, detenciones y judicializaciones arbitrarias sobre comuneros y autoridades indígenas, exigiendo que atienda las críticas formuladas a las leyes ambientales y otras que recortan derechos fundamentales de los colombianos y para que agilice procedimientos que permitan brindar soluciones a la problemática social y de tierras que viven las comunidades rurales del país en especial los pueblos indígenas.

5. De la Defensoría del Pueblo y de los organismos de derechos humanos exigir que las instituciones de vigilancia e investigación respeten los procedimientos legales, usen distintivos que eviten generar desconfianza zozobra entre los pobladores, reclamando del Estado nacional se garanticen los derechos humanos y fundamentales de las autoridades y líderes, así como de las comunidades indígenas en general.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Parlamento Indígena Popular, 11 de Diciembre de 2007