A continuación damos a conocer la denuncia que hizo la COTAINDOC acerca del maltrato y la detención de cinco guardias indígenas en el casco urbano de Silvia Cauca ayer 6 de diciembre, pero también informamos que en el momento de enviar esta denuncia cerca de 600 personas se movilizan en las calles de Silvia celebrando que los detenidos fueron dejados en Libertad.

El Estado colombiano ha realizado hechos repudiables de Violencia y exceso de la fuerza el día miércoles 6 de diciembre del 2.007 a las 4.00 p.m. en el Barrio Caloto, área Urbana del Municipio de Silvia contra 5 Comuneros miembros de la guardia indígena, que se encontraban en el perímetro urbano, entre ellos Sandra Patricia Campo, Miguel Ángel Peña, Yamil Hernando Pechené, Carlos Andrés Calambas y Rafael Antonio Cuene.

Poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes del sector, la policía nacional e integrantes del Esmad, persiguieron con gases lacrimógenos, granadas de fragmentación y armas de fuego, a comuneros hasta la zona urbana. Lo comuneros indígenas buscaban protección en una de las viviendas para salvaguardar sus vidas. Allí la fuerza pública arremetió contra los comuneros y con maltratados físicos retuvo a 4 guardias indígenas. Es claro que la acción policial se desarrolló fuera de la finca La Perla, donde la comunidad Nasa de Tierradentro, desplazada por el volcán Nevado del Huila, hizo presencia para reclamar del Estado protección de sus derechos.

Según se ha informado, los detenidos indígenas están siendo sindicados de secuestro contra una comunera residente en este sector y proveniente del Resguardo Indígena de Pitayó. Según versiones la comunera fue conducida a las instalaciones de la Policía de Silvia, donde, al parecer, fue obligada a rendir declaración de que se encontraba secuestrada.

Esta actuación policial se asemeja a la sucedida en el Resguardo Indígena de La María Piendamó, donde, sin atender el debido proceso, fueron detenidos dos comuneros a quienes querían obligar a decir que pertenecían a la guerrilla. Tal parece que ésta es una estrategia del gobierno nacional para aplicarla en situaciones de exigibilidad social.

Por otra parte denunciamos ante la opinión Publica, que el racismo promovido por el gobierno departamental y nacional está haciendo sus efectos, pues personas residentes del casco urbano de Silvia están señalando de “roba tierras” a los indígenas que transitan por calles de la cabecera municipal, para que sean detenidos por la fuerza pública, lo cual coloca en grave riesgo la vulnerabilidad de nuestros derechos, afecta el libre tránsito y se afecta el buen nombre de las personas, pues las acciones de Liberación de La Madre Tierra son producto de un proceder histórico que ha desconocido los derechos milenarios de los pueblos indígenas, situación que debe encontrar soluciones para garantizar la convivencia ciudadana.

Solicitamos la presencia de una comisión del Derecho Internacional Humanitario, a la Defensoria del Pueblo del Nivel Nacional, y Departamental, a la Procuraduría Nacional, a las organizaciones Indígenas y populares para que sean testigos presénciales de las acciones persecutorias que emite el Gobierno Nacional frente a una acción de reclamar unos derechos constitucionales legítimamente establecidos pero incumplidos por el Estado colombiano.

CONSEJERÍA MAYOR COTAINDOC

Silvia, Diciembre 7 de 2007.