Bogotá, 6 de diciembre de 2007.

El contar hoy la Declaración de Los Derechos de los Pueblos Indígenas es un logro, fruto de un proceso que fue concertado desde hace 20 años, entre las diversas organizaciones y pueblos indígenas del mundo, con representantes de diversos países.

Los mayores iniciadores de este proceso hoy ya están muertos. Por eso en el seno de los pueblos indígenas hoy subyace la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, como un mandato para hacerlo visible y de absoluto cumplimiento.

En este sentido, el gobierno de Colombia participó en las discusiones con otros gobiernos del mundo manifestando en ese entonces, el estar de acuerdo con dicha declaración y ahora nos encontramos de cara a un gobierno que rechaza la declaración de los pueblos indígenas.

Nuestro Plan en materia de Derechos Humanos es la exigencia y el acatamiento inmediato de la Declaración Universal de los Derechos de Los pueblos Indígenas de Naciones Unidas, “ese es nuestro plan de acción” sumada a las ya existentes declaraciones del sistema Universal y del Americano.

Por lo tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, informa y alerta a la comunidad nacional e internacional que TENEMOS SUSPENDIDA LA INTERLOCUCION CON EL GOBIERNO DE COLOMBIA, por las siguientes consideraciones:

Ante el difícil panorama desolador de violaciones de derechos de los pueblos indígenas. El pasado 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007, los indígenas expresamos nuestras postura, sobre las actuaciones del Gobierno Nacional frente a los Derechos de los pueblos indígenas de Colombia, decidimos retirarnos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Decreto 1397 de 1996), “hasta tanto el gobierno no cumpla el Decreto 1397/96 en materia de presentar una propuesta de presupuesto destinada a la constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, y conversión de Reservas Indígenas, que corresponda por lo menos, con las demandas de tierras ya identificadas y requeridas por los pueblos indígenas”.

Las políticas, reformas y paquetes legislativos, configuran un conjunto de leyes que van en contravía de los derechos de los pueblos indígenas, en las que se avizora la amenaza constante y reiterada contra los territorios indígenas, sin acudir a los mecanismos de Consulta Previa. Toda vez que el Estado delega sus funciones, en las empresas privadas que instalan sus megaproyectos, desconociendo la jurisdicción especial indígena, además de convertir el desplazamiento forzado interno en una especie de política. Un ejemplo claro es la aprobación del Estatuto de Desarrollo Rural, la ley forestal, el código minero, la ley de trasferencias, ley de paramos, entre otras. Estas leyes desconocen el reconocimiento de nuestros territorios, ya que está mas orientada a la generación de empresas agroindustriales, de tal manera que en el Plan de Desarrollo de este gobierno no contempla recursos económicos para el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas, pero si estrategias para reestructurarlos o lo que es lo mismo para desconocerlos.

Así mismo la Comisión Nacional Derechos Humanos, que venia actuando según decreto 1396 del 96, con la participación de la ONIC, CIT, OPIAC y AICO y el Gobierno, fue levantada el 2 de noviembre de 2006, por la no adopción del Gobierno frente a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, por la falta de delegatarios oficiales con poder de decisión del Gobierno en la mesa; sumada a la falta de compromisos por el ente de control de ddhh e investigación, no dan respuesta a los mas de 2 mil casos presentados ante la Fiscalía para buscar respuesta por estas violaciones. De los casos presentados 99% están en etapa preliminar o de instrucción, pese a que los casos vienen desde 1994

A pesar de las demandas repetidas por las comunidades y pueblos indígenas exigiendo respuestas efectivas de sus desaparecidos, el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos y la reparación por parte del Estado a las familias de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, el Estado colombiano no ha aclarado a la fecha ninguna de las denuncias por desaparición forzada, ni ha emprendido sanciones penales contra los responsables.

En este sentido es necesario advertir la preocupación por el papel que viene jugando la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, respecto de su obligatoria protección de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que las investigaciones por desplazamientos, torturas, desapariciones, y asesinatos, cometidos contra lideres indígenas en el país, no han arrojado resultados efectivos y eficaces, todo ello sumado a la presencia y actuaciones paramilitares en los resguardos, quienes han terminado amparados bajo la ley de justicia y paz o como la denominaron algunos: la “Ley de la Impunidad”.

Estas actuaciones evidencian nuestra única pregunta ante el Plan Nacional de Derechos Humanos ¿para que seguir agotándonos en discusiones con el gobierno nacional, si este no tiene voluntad política para cumplir, acatar y respetar los DDHH?

Las ONIC quieren decir con esto. Que ante el Plan Nacional de Derechos Humanos, no esta dispuesta a seguir en la interlocución con este Gobierno. Antidemocrático y represivo de Álvaro Uribe Velez.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA