Colombia desconoce la sentencia de la CIDH impuesta al gobierno nacional por la masacre que patrocino en la Hacienda El Nilo – Cauca y a cambio acalla la protesta a sangre y fuego. La tierra es la posibilidad de preservar nuestra existencia.

En Colombia, 22 proyectos de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Suramérica IIRSA se realizarán en territorios indígenas, más de 80 bloques petroleros se superponen al territorio de 30 pueblos indígenas, la canalización de los ríos Meta y Putumayo afectará a 37 pueblos, las plantaciones de palma aceitera afectará cinco millones de hectáreas de territorios reclamados, 5 represas inundarán tierras ancestrales. Con la expedición del Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) el gobierno y el Congreso han prohibido el proceso de titulación de tierras indígenas en toda la región del Pacífico y autorizado a los municipios de todo el país para que hagan otro tanto, han criminalizado la sola exigencia de que las tierras sean devueltas a sus legítimos propietarios, han reducido hasta el absurdo el presupuesto para adquisición de predios, y han legalizado los títulos chimbos con los que el narcolatifundismo quiere apoderarse de 4 millones de hectárea quitas de indígenas, campesinos y afrodescendientes; con otras leyes como la Forestal y la Minera, han venido conculcando los derechos de propiedad que tienen los indígenas, reconocidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, desmembrando los territorios indígenas.

Todo lo anterior junto al incumplimiento de obligaciones en materia de compra de tierras para los pueblos indígenas adoptadas en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y al irrespeto del gobierno a la CIDH, que ordenó la reparación por masacres cometidas contra indígenas sin que hasta el momento haya cumplido la sentencia expedida hace varios años. En 1991 el ejército asesinó 23 comuneros que estaban en la Hacienda El Nilo; en 1998, después de probarse en la Corte la responsabilidad del Estado, se le condenó a pagar 10.000 hectáreas a los pueblos ancestrales del Cauca; después de 9 años el Estado y los terratenientes del Cauca han hecho caso omiso a esta sentencia.

Por eso los indígenas han llamado de nuevo a Liberar la Madre Tierra. En este momento cerca de 10 mil indígenas se encuentran recuperando sus tierras ancestrales en el departamento del Cauca y otros 90 mil esperan entrar de lleno en la movilización. Han instalado un Parlamento Indígena y Popular, donde delegados de organizaciones sociales de todo el país se suman a la movilización. La respuesta del gobierno ha sido la violencia y el señalamiento. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que lidera las movilizaciones, ha dicho que la Resistencia continuará, que la Resistencia se transformará progresivamente en un Levantamiento de los pueblos indígenas. La Organización Indígena de Antioquia OIA se ha sumado a esta movilización, atendiendo el llamado hecho por el CRIC y la ACIN.

Frente a esa decisión, el gobernador del Cauca Juan José Chaux manifestó públicamente el pasado domingo 25 de noviembre, bajo al sombrilla de los consejos de seguridad del presidente Uribe, que el legítimo derecho a la movilización de nuestros hermanos del Cauca es un acto de delincuentes y no una legítima protesta por los derechos que están siendo desconocidos. Señaló, sin el debido proceso y atribuyéndose funciones como juez de la República, que detrás de nuestra movilización está la columna Jacobo Arenas de las FARC-EP; con esta acusación quieren aumentar la cortina de humo que distintos sectores uribistas han creado para olvidar y enterrar (como lo han hecho con las víctimas) el contubernio y participación de las fuerzas armadas y políticos uribistas con el proyecto genocida del paramilitarismo. Se quiere así deslegitimar el movimiento social y tildar de terroristas a nuestros hermanos indígenas.

Para esto el gobierno esta reprimiendo la legítima protesta con el uso excesivo de la fuerza. Desde la semana pasada la fuerza pública ha entrado con tanques en comunidades, han detenido líderes indígenas sin orden de captura en sus casas, han disparado gases lacrimógenos directo al rostro de los manifestantes, han realizado vuelos rasantes de helicópteros sobre escuelas, han destruido centros culturales indígenas. Pero Ejército, Policía, ESMAD, apoyados por helicópteros y tanques de guerra que han entrado a los resguardos y comunidades, no serán suficientes para someter el derecho a la tierra y acallar la denuncia que hacemos por el incumplimiento del Estado de acuerdos para restituir territorios arrebatados por los terratenientes de la zona, entre ellos la misma familia del gobernador Chaux.

La lucha de nuestros hermanos y la nuestra es por recuperar y liberar la tierra arrebatada y no como dice el gobierno para detener unos robatierras. No es posible robar lo que es propio. Pero los defensores del uribismo y la seguridad democrática aseguran la paz con bombardeos y detenciones arbitrarias sin el debido proceso, imputando cargos a diestra y siniestra, a hermanos y campesinos de Mosoco, Totoró y Jambaló en donde la fuerza pública amenaza con fusilar a quien se meta a la movilización, como fue denunciado por las autoridades indígenas. Hasta el momento van 12 heridos, 2 de ellos con arma de fuego y un tercero con lesiones irreversibles en sus ojos por la metralla y el vidrio que están usando en los gases lacrimógenos. Hoy el ESMAD le disparo al joven Lorenzo Largo de 17 dejándole gravemente herido.

Le pedimos a los organismos de control y protección de Derechos Humanos internacionales --ante el silencio, la incapacidad y falta de energía de los organismos nacionales como la Defensoría y la Procuraduría-- y a los medios de comunicación libres, autónomos e independientes, que le exijan al Presidente de Colombia que ordene a su Ejército que no siembre más terror y miseria en Colombia, que pare sus ataques desmedidos contra la población civil indígena. Que pare sus señalamientos como criminales a quienes se atreven a reclamar sus legítimos y reconocidos derechos. Que deje de señalar la movilización indígena como un acto terrorista.

Le pedimos a la comunidad internacional que le exija al gobierno el respeto de los Derechos Humanos, la vida, integridad y el debido proceso de nuestros comuneros indígenas a través de una Veeduría Internacional independiente que se desplace de inmediato a la zona, son 18 días de soledad y abusos de la fuerza pública que esta aprovechando la ausencia de la comunidad internacional para abusar con sus armas.

Comité Ejecutivo – Organización Indígena de Antioquia OIA

Medellín, 30 de noviembre de 2007