Según informes de diversas fuentes, la fuerza pública del Estado colombiano ataca con gases, papa bombas y granadas a un grupo de comuneros que hacía presencia en la finca la Emperatriz; luego con un tanque gasea a la asamblea que sesionaba en la sede del Espacio de Formación en Derecho Propio de Bodega Alta, Caloto.

Según últimas informaciones, estas acciones de la fuerza pública se asemejan a los hechos sucedidos contra la cumbre nacional de organizaciones sociales en mayo del 2006, pues no solo se está invadiendo la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sino que se está haciendo uso de tanques de guerra para gasear a los habitantes del sector y se teme que sucedan situaciones que pongan en riesgo la vida y los derechos humanos de los habitantes del resguardo indígena de Huellas, Caloto pues según versiones la policía sugiere que evacuen de las casa a los ancianos y nietos, por lo cual los comuneros debieron trasladar la asamblea permanente para el resguardo contiguo de Toéz, Caloto.

Como se ha conocido por parte de la opinión pública, las comunidades Indígenas del Cauca han reactivado sus procesos de Liberación de La Madre Tierra, esta vez con actos rituales de armonización que buscan corregir los desordenes causados por la política gubernamental, la depredación ambiental producida por la voracidad del capital multinacional y los procesos de producción extensiva que se sustentan a través del despojo y el uso de agroquímicos.

Las acciones indígenas le están recordando al Estado sus compromisos adquiridos con las comunidades en un proceso de reclamaciones superior a 20 años. Entre estas demandas se encuentra el Acuerdo del Nilo, firmado en 1991 como desagravio por la masacre en la que perdieron la vida 20 comuneros, acción perpetrada por actores del narcotráfico y en donde fue reconocida la responsabilidad estatal. Por este acontecimiento el Estado colombiano se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a viabilizar la entrega de tierras comprometidas, lo cual a la fecha no se ha realizado.

Por otro lado, el presidente Uribe se comprometió, en diciembre del 2005, a viabilizar el decreto 982/1999, mediante la entrega, en un término de 6 meses, de 1000 hectáreas con destino a las comunidades del territorio ancestral de Sat Tama kiwe de Caldono, lo cual tampoco se ha realizado. Recuerdan los comuneros que el gobierno argumentó que la finca el Japio no se podía adquirir para indígenas por ser patrimonio histórico y por estar siendo reclamada por las comunidades afro de la región; sin embargo hoy está siendo administrada por la empresa privada con producción de pino.

En este mismo acuerdo se comprometió también a entregar 7000 hectáreas para las comunidades indígenas del Cauca durante la gestión gubernamental del año 2006, lo cual no tuvo el desempeño acordado.

Con la reactivación del proceso de Liberación de la Madre Tierra, han manifestado las autoridades indígenas que el principal motivo de estas actividades es el rechazo que están haciendo las comunidades indígenas, campesinas y afros al Estatuto Rural y a las demás normas que afectan la vida de la madre tierra, como las leyes de aguas, humedales, páramos, parques nacionales, entre otras, las cuales fueron aprobadas por un Congreso de la República afectado por el paramilitarismo.

El Parlamento Indígena Popular, llama a la comunidad nacional e internacional para que se mantenga alerta ante las acciones que realizan las comunidades indígenas, las cuales están motivadas por razones justas y son consideradas como única posibilidad para la supervivencia de los pueblos, igualmente su concurso para reclamar del Estado colombiano acatamiento a sus obligaciones constitucionales, en especial frente al cumplimiento de los acuerdos, el acatamiento a los mandatos internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas y a la garantía y el respeto de los derechos humanos de los movilizados.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Parlamento Indígena Popular, La María, Piendamó, noviembre 24 de 2007