Noviembre 09 de 2007.

DOCTOR
GUSTAVO RESTREPO
Defensor del Pueblo
Cra 23 No 23-14 Piso 6
Manizales

REF. Solicitud de activación de Alerta temprana y prevención de hechos violatorios de los derechos humanos en los municipios de Riosucio y Supía Caldas, Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC.

El Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, Organización de Segundo Grado que agrupa los Resguardos Indígenas de Cañamomo – Lomaprieta, Nuestras Señora Candelaria de la Montaña, San Lorenzo y Escopetera – Pirza en el Municipio de Riosucio; los Asentamientos Indígenas de Cauroma, la Trina y el Resguardo Cañamomo – Lomaprieta, en el municipio de Supía, los asentamientos de La Soledad en Filadelfia, Cartama en Marmato, Damasco en Neira, Ansea en Anserma y los Resguardos de la Albania en Risaralda y Totumal en Belalcazar, jurisdicción del departamento de Caldas, Alertamos de Manera Temprana y por su intermedio a las siguientes autoridades civiles:

Presidente de la República
Álvaro Uribe Vélez
auiribe@presidencia.gov.co

Vicepresidencia de la República
Francisco Santos
fsantos@presidencia.gov.co

Procuraduría General de la Nación
Edgardo Maya
reygon@procuraduria.gov.co

Defensoría del Pueblo
Wolmar Antonio Pérez
defensoria@defensoria.org.co

ANTECEDENTES

En meses anteriores, se tuvo conocimiento en consejos de seguridad realizados en el Municipio de Riosucio (Caldas) con motivo de las amenazas proferidas contra el Alcalde, los candidatos y demás lideres indígenas por parte del comandante Jhonatan del bloque Cacique Pipintá (que en ese entonces no se había desmovilizado), que una de las personas involucradas en el asesinato del candidato indígena para alcaldía de Riosucio Gabriel Ángel Cartagena, se encontraba en libertad y rearmando hombres, en el casco urbano del municipio. La presencia de estos individuos armados también fue advertida en el centro poblado del Resguardo de San Lorenzo durante la época preelectoral.

El sábado anterior a la semana de elecciones, cuatro hombres armados merodeaban la sede de Cabildo de Cañamomo-Lomaprieta en las primeras horas de la noche, lugar en el cual se hallaban trabajando el Gobernador indígena y el equipo directivo de esta organización. Dichos hombres conversaban con el sujeto involucrado en el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena, que vive cerca a esta sede indígena. Se dice que estos individuos, dos de los cuales se movilizaban en una motocicleta, pertenecen al GAULA del ejército y al B2.

HECHOS

De la gravedad que se presenta, a partir del inminente riesgo de agresión e intimidación por sujetos armados no identificados, que corren las organizaciones y principales líderes del Pueblo Embera Chamí de Caldas pertenecientes al Consejo Regional Indígena, pasadas las elecciones para alcaldías y concejos municipales, llevadas a cabo el día 28 de Octubre del presente año.

El día lunes 29 de Octubre del año en curso, posterior a las elecciones realizadas para alcaldías y concejos municipales, en la Comunidad de Sipirra perteneciente al Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta, hacia las 3:30 de la tarde, dos hombres armados a través de la intimidación y la amenaza obligan a un habitante de la comunidad, a subir a una camioneta blanca, en la cual es vendado y movilizado fuera de su comunidad aproximadamente unos quince minutos, para ser llevado a un lugar en el que se encontraban más hombres armados y una mujer rubia, quien mediante intimidación interroga al comunero acerca del manejo de los recursos para la financiación de la campaña política para las alcaldías y concejos municipales por parte del Movimiento Indígena, cómo se daba esta financiación en cada uno de los resguardos, cuánto ganaban los dirigentes indígenas, acerca de si el actual Alcalde indígena Darío Edgardo Tapasco utilizó dinero de la administración para apoyar dicha campaña, y de la razón por la cual se perdió la alcaldía por parte del Movimiento Indígena, profiriendo amenazas de agresión contra toda la comunidad. Al cabo de dos horas de ser retenido e interrogado, el comunero indígena es dejado en libertad.

Posteriormente el jueves 01 de Noviembre de este mismo año, hacia las 5:00 de la tarde, una de las personas que trabajó en la campaña del Movimiento Indígena por la alcaldía y concejos, recibió una llamada en la que le manifestaban que tenían conocimiento de su ubicación y que iban a necesitar de ella. Horas después fue abordada en el casco urbano del municipio por tres hombres armados, que la obligaron a subir a una camioneta blanca, en la que fue movilizada hacia la salida del pueblo, e interrogada acerca del manejo de los recursos sobre la campaña del Movimiento Indígena para alcaldías y concejos, si tenía conocimiento del manejo del dinero en el Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, la intimidaron varias veces para que respondiera a las preguntas, que sabían como hacerla hablar, pues ellos conocían cuales eran sus rutinas, el lugar de su vivienda, quienes eran su familia y sus hijos. Al cabo de varias horas, es dejada en libertad pero bajo la amenaza de que tenía que brindar información, y que no fuera a contar lo sucedido a nadie.

ALERTAMOS

Acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad, ya que es de conocimiento público, que si bien en la región se han desmovilizado los grupos paramilitares que operaban en la zona, en el municipio sigue habiendo patrullajes de hombres armados reconocidos públicamente como pertenecientes a estos grupos, y que representan una amenaza continua para la seguridad tanto de los lideres como de la comunidad indígena en general.

Es de anotar, que los señalamientos y amenazas que han recaído históricamente sobre nuestro Movimiento, han sido continuos y en ningún momento han cesado, pese al evidente riesgo al que nos expone, y a que tenemos la protección especial de Medidas Cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como instrumento de carácter supranacional encaminado precisamente a garantizar nuestro derecho al libre ejercicio del poder político, sin que por ello seamos señalados o amenazados, y a que se esclarezcan los crímenes que han sido perpetrados contra nosotros.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Así mismo en consideración del marco de la política ministerial de protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, que engloba el concepto de derechos humanos, como un concepto de connotaciones especiales, en tanto se refiere a las garantías para la existencia digna y autónoma de las colectividades como algo integral y esencialmente de tipo colectivo. Como consta expresamente en la Directiva Permanente No 16 de 2006 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, como política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a comunidades indígenas, como pueblos con sus sistemas de organización basados en los derechos de autonomía, cultura, territorio y jurisdicción propia que expresamente les reconoce el ordenamiento constitucional.

Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

AUTORIDADES INDÍGENAS DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS (CRIDEC)

c.c. Alcaldía Municipal de Riosucio

Alcaldía Municipal de Supía

Personera Municipal Riosucio

Personero Municipal Supía

Secretario de Gobierno Municipal Riosucio

Comandante Cuarto Distrito de Policía Riosucio

Ejercito Nacional

Gobernador Departamento de Caldas

Secretario de Gobierno Departamental

Personería Manizales

Dirección General de Derechos Humanos Ministerio del Interior y Justicia

Corporación REINICIAR

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Defensoría del Pueblo delegada para comunidades Indígenas