Una delegación de comuneros y autoridades del distrito de Secclla, provincia
de Angaraes en Huancavelica, se encuentran en Lima para pedir al gobierno
central que se conforme una mesa de diálogo, a través que de la cual se
busque una solución al conflicto socioambiental generado por la ilegal
presencia de la empresa minera Pampamali.

Con ese fin vienen manteniendo reuniones con instituciones estatales como el
Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, entre otras, a las
cuales solicitará respalden sus exigencias.

Lo pormenores de los reclamos de los pobladores de Secclla serán dados a
conocer en una conferencia de prensa que se realizará en la Sala Momhe del
Parlamento Nacional a las 11:00 a.m. de hoy, miércoles 14 de noviembre.

En la conferencia estarán presentes el alcalde Secclla, Orlando Valenzuela
Oré; el vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la
provincia de Angaraes, Carlos Candiotti; entre otros dirigentes de la zona.

También participará el congresista Miro Ruiz quien ha expresado su respaldo
a los comuneros de Secclla frente a la ilegal presencia de Pampamali en esa
zona del departamento de Huancavelica.

Como se sabe, los comuneros de Secclla mantienen tomadas las instalaciones
de la minera, en demanda del retiro definitivo de la empresa de esa zona,
debido a que sus actividades representan una amenaza a la calidad y cantidad
de agua destinada a la agricultura, ganadería y consumo humano.

La Empresa Pampamali, por ser una empresa considerada como pequeña minería
ha tramitado su licencia en la DREM – Huancavelica. Pero, según indican los
funcionarios del MEM, los procedimientos para obtener la licencia y los
permisos correspondientes adolecen de fallas.

Además, las más de 50 observaciones hechas por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, a su estudio
de impacto ambiental no han sido levantas.

Pese a ello, la empresa Pampamali asegura que obtuvo los permisos
correspondientes para la fase de exploración valiéndose del denominado
“silencio administrativo positivo”. Afirma, también, que cuenta con las
autorizaciones correspondientes para iniciar la fase de explotación, pero
eso no está demostrado.

Lo que si se ha comprobado, cuando la minera inicio sus operaciones, es que
la filtración de aguas ácidas, provenientes del procesamiento de los
minerales, hacia las microcuencas de los ríos Sicra y Antuna contaminarán
las aguas destinadas al agro, ganadería y el consumo humano.