Gracias a la decisión conjunta del pueblo Kankuamo de no seguir muriendo
callados, para el pueblo kankuamo el sendero de la justicia sigue su ruta,
para hoy (18 de octubre) se tiene prevista la audiencia contra ocho
militares adscritos al Batallón de Artillería No. 2 la Popa de Valledupar,
quienes enfrentan un juicio por el delito de homicidio en persona
protegida del indígena Kankuamo, también de Atánquez, JUAN ENEMIAS DAZA
CARRILLO, el 6 de febrero del 2004, día que se realizaba una reunión de
seguimiento a las Medidas Cautelares al pueblo Kankuamo, con la presencia
de representantes del gobierno central, como el coordinador de DDHH de la
vicepresidencia, Carlos Franco, Comandante de la Policía y Ejercito
Nacional del departamento del Cesar, Alcalde de Valledupar, gobernador del
Cesar de ese entonces, Hernando Molina Araujo (hoy preso por vínculos con
la parapolítica), presidente de la ONIC, el Colectivo José Alvear Restrepo
quien lleva las medidas cautelares y miembros de la comunidad.

Al oficial Carlos Andrés Lora Cabrales y el sub oficial César Augusto
Mosquera Guerrero, se les sindica de ser autores del hecho. Como cómplices
fueron sindicados los soldados Rodolfo Martínez Ríos, Adamir Tarazona
Ríos, Everaldo Antonio Martínez Martínez, Abel Domingo Salcedo Jiménez,
Luis Hernán Salgado Flórez y Edgar David Ramos Medina.

La investigación adelantada por la Fiscalía reveló que el seis de febrero
del 2004 en el corregimiento de Atánquez, resguardo Kankuamo, jurisdicción
de Valledupar, en las horas de la tarde cuando regresaba de su parcela con
productos de pancoger y leña en un burro (vehiculo para las autoridades y
fiscalía), a la entrada de Atánquez, una patrulla militar detuvo al
indígena Juan Enemías Daza Carrillo , indígena kankuamo, con dos de sus
hijos menores, a quienes les ordenaron que fueran a buscar la cédula de
ciudadanía de su padre, y cuando la familia llegó al sitio de la retención
no encontraron a nadie. La noche cómplice del plan homicida, impidió que
la familia obtuviera mayor información por parte de los altos mandos.

Al día siguiente, cuando desayunaba la comitiva que haría parte de la
mencionada reunión, los militares le dieron la \"chiva\" a uno de los
periodistas de Radio Guatapurí, quien como a las 8:30 desde Atánquez,
reportó la muerte en combate de un N.N., supuesto miembro del ELN, según
el reporte militar; tal persona resultó ser el indígena retenido el día
anterior.

Según el periódico Vanguardia Liberal de Valledupar, la audiencia,
programada para hoy y mañana, está a cargo del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Valledupar, sin la confirmación del sitio de la audiencia
pública, puesto que el recinto del Palacio de Justicia está ocupado con un
evento de la rama judicial. Los escenarios opcionados son la sala de
reuniones del Tribunal o el recinto de la Asamblea Departamental del
Cesar.

CONTEXTO:

Hace una semana la Fiscalía pidió condena por HOMICIDIO AGRAVADO a 9
militares adscritos al Batallón de Artillería No 2 La Popa, de Valledupar,
al mando del Teniente Burgos, y dos civiles, dada que las pruebas
corroboran la versión de familiares y comunidad en general de Atánquez,
quienes denunciaron que los militares vestidos de prendas de uso privativo
militar sin insignias, sacaron con engaño de su casa al indígena Victor
Hugo Maestre, y al día siguiente fue reportado muerto en combate en la
región del brinco, vestido de camuflado fue presentado ante el mundo como
guerrillero. Cuentan que iban por nueve más, pero a uno la familia no lo
dejó sacar y el resto se lograron fugar...

Por este hecho denunciado por la comunidad, autoridades indígenas locales
y miembros de la comunidad fueron detenidos masivamente unos meses después
(diciembre del 2004) detenidos por Rebelión, Concierto para delinquir y
Secuestro, al final fueron judicializados sólo por Rebelión, lo cual la
defensa pudo desvirtuar después un año... entre ellos mujeres, ancianos
como Gabriel Turbay Alvarado quien murió detenido, pese que se pidió
detención domiciliaria por su critico estado de salud, por parte de la
Defensoría del Pueblo respaldado por informe de medicina legal, la cual
fue negada por varias ocasiones; para luego morir aún detenido, en el
Hospital Rosario Pumarejo de López. Para un total de 16 detenidos en dos
días, lo cual fue sumando el caudal de más de 80 Kankuamos detenidos
arbitrariamente. Sólo fueron condenados 5 de ellos.

También cayeron en el plan etnocida el cabildo menor de Atánquez, el
Coordinador de Mayores del pueblo Kankuamo, madres comunitarias,
coordinador de deporte de la localidad, agricultores rasos y hasta una ama
de casa cabeza de hogar, minusválida con cuatros hijos, a quienes en la
madrugada el 8 de diciembre del 2002, en pleno casco urbano de Atánquez,
los paramilitares al mando de Jorge 40, le masacraron a su compañero, José
Alfredo Cáceres Rodriguez, luego que este no permitiera que lo montaran a
un carro, junto con el Mamo Abel Alvarado Maestre \"mamo belacho\", y el
deportista - agricultor Franklin Arias Arias.

Del 2003 el caudal del etnocidio al pueblo Kankuamo fue creciendo (pese a
las medidas cautelares de la CIDH), otras masacres, detenciones
arbitrarias, asesinatos selectivos , confinamiento, estigmatización,
desplazamiento, amenazas, viudas, huérfanos, fincas abandonadas,
desestructuración socio cultural (las cuales persisten en el día de hoy),
lo que conllevó a que el 5 de julio del 2004, la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos (cuyo fiscal está en Colombia), requiere al gobierno
Colombiano de la Seguridad Democrática adoptar las Medidas Provicionales
al Pueblo Kankuamo, osea aplicar todas las medidas necesarias para
proteger la vida e integridad de toda la población que integra al pueblo
kankuamo.

Dicha Medida Provisional, en la Audiencia de la Corte en San José de Costa
Rica realizada en enero de este año, el gobierno pidió su levantamiento
aduciendo su cumplimiento; petición negada por la Honorable Corte
Internacional, conminando al gobierno a presentar tres informes este mismo
año, ya que los requerimientos explícitos no se han cumplido, reconociendo
que han bajado los asesinatos pero otros formas de represión son latentes
( militarización del territorio, choque de autoridades, bloqueos
alimentarios, violación de sitios sagrados, aumento de jóvenes embarazadas
por miembros del ejercito, negación de los hijos, abandono de estos,
amenazas, estigmatización, no retorno digno, desplazamientos selectivos,
desapariciones forzadas, limitación en la movilidad a las fincas, líderes
sin posibilidad de retorno ni seguridad productiva fuera del
territorio...).

Las violaciones al derecho a la vida han disminuido, pero en la vigencia
de las Medidas cautelares y provisionales, no se han adoptado medidas que
eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir. Por lo cual aún nos
preguntamos...

¿Cómo puede explicarse que a diez minutos de la base militar “La Popa”
haya funcionado de manera permanente un retén paramilitar durante más de
seis años?;

¿Cómo se explica que los victimarios de los kankuamos se paseen libremente
por la ciudad de Valledupar?;

¿Cómo puede explicarse que solo hasta el 26 de enero de 2007, después de
cuatro años de denuncia de lazos entre la comandancia de ese Batallón y
los grupos paramilitares, NO HAYA sido separado del cargo el coronel
Hernán Mejìa Gutiérrez?,

¿Cómo explicar que contra otras autoridades civiles y militares que no
adoptaron medidas para prevenir las violaciones no existan investigaciones
disciplinarias?,

¿Cómo sostener que después de la Resolución Defensorial No. 024 del 18 de
septiembre de 2002 que quiso frenar y evitar la cadena de asesinatos de
sus miembros y autoridades, a la fecha hayan tenido ocurrencia otros 129,
PARAun total de 283 asesinatos desde 1982?;

¿Cómo explicar que después del otorgamiento de las Medidas Cautelares se
hayan producido 44 homicidios más?,

¿Cómo explicar que después de la presentación formal de la política de
Seguridad Democrática (8 de agosto del 2002 en Valledupar) sólo al pueblo
Kankuamo en la Sierra Nevada, les hayan matado 114 de sus miembros, 82
encarcelados, más de 300 familias desplazadas, 22 de sus líderes
amenazados y exiliados su mayoría en Bogotá, vecinos del Palacio de
Nariño... y que aún siguen siendo objetos de amenazas, por su lucha por la
defensa de los derechos del pueblo Kankuamo..?,

¿Cómo explicar el asesinato reciente del ex-autoridad tradicional, José
Trinidad Martinez Pacheco, el 11 de julio del 2007, en pleno casco urbano
de Atánquez, quien era persona protegida por el mismo gobierno?.

ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA - ONIC