SG-219
Popayán, 11 de Octubre de 2007.

Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÒN
Popayán

Cordial saludo.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC - en representación de las comunidades indígenas del Cauca, se encuentra preocupado por las frecuentes declaraciones realizadas por funcionarios públicos de diferentes niveles, ante los medios de información, cuya finalidad es generar confusiones o conflictos entre las organizaciones y/o grupos sociales. Para el efecto queremos referirnos a las recientes declaraciones del Ministro de Agricultura, Dr. Felipe Arias y reproducidas sistemáticamente por el gerente nacional del Incoder, Dr. Rodolfo Campo Soto, quienes, desdibujando la realidad de la situación de nuestras comunidades, han dicho ante los medios de comunicación que a los indígenas del Cauca el Estado les ha entregado mucha tierra, y que estamos en contra de los derechos de las poblaciones desplazadas. Esto ante la particular situación presentada en el resguardo de Poblazón, ubicado en el municipio de Popayán, Cauca, donde el INCODER, equivocadamente compró una finca con destino a unas familias desplazadas, sin tener en cuenta que desde hace varios años se encontraba en posesión de la comunidad indígena y que hace parte de su territorio según título ancestral.

De otro lado, el Gobernador del Departamento del Cauca, Dr. Juan José Chaux en varias ocasiones ha afirmado públicamente que el movimiento indígena se encuentra infiltrado por el terrorismo, tal como lo expresó por diversos medios los días 10 y 11 de octubre de 2007, cuando el mandatario, sin verificar lo sucedido, imputa a las comunidades indígenas hechos y situaciones desconocidas. Estos comentarios son reproducidos constantemente por los mandos militares, como lo expresado por el General Orlando Paez, Director Operativo de la Policía Nacional, el 11 de los presentes. Con dichas expresiones, al parecer, busca manipular la información para hacer creer a la opinión pública que todas las movilizaciones en el Cauca son organizadas por los indígenas y auspiciadas por la guerrilla y así justificar los excesos de la fuerza pública.

Continua oficio al Sr: Procurador General de la Nación

En casos como los denunciados, los pronunciamientos de las Autoridades Públicas generan graves conflictos sociales ya sea entre las organizaciones o entre ésta y las Autoridades Públicas. Además ponen en riesgo la seguridad de nuestros dirigentes, pues, a pesar de ser falsas imputaciones los actores del conflicto armado las pueden dar por ciertas y declararnos objetivo militar como ya ha ocurrido.

Consideramos que con las actitudes denunciadas y las demás similares, los funcionarios públicos violentan el derecho a la paz que tenemos todos los ciudadanos, derecho contenido en el artículo 21 de la Constitución Política y va en contravía de su obligación legal como empleados públicos de promover y garantizar la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.

Ante esta situación solicitamos a Usted de manera formal lo siguiente:

1. Que inicie los procesos disciplinarios pertinentes para verificar si el Ministro de Agricultura Fernando Arias, el gerente del Incoder nacional, Rodolfo Campo Soto, el General Orlando Paez, Director Operativo de la Policía Nacional, y el Gobernador del Departamento del Cauca, Juan José Chaux, han incurrido en faltas disciplinarias por incumplimiento de sus deberes al discriminar e instigar con sus declaraciones conflictos entre las organizaciones sociales y/o grupos sociales y poner en riesgo la vida de nuestras comunidades y de nuestros dirigentes indígenas.

2. Establecer procedimientos, mecanismos y dar directrices para controlar los pronunciamientos de los funcionarios públicos en diferentes niveles, con el fin de que eviten con ellos instigar conflictos sociales o parcializarse en los existentes y poner en riesgo la vida de las personas.

Solicitamos nos mantenga informados del desarrollo de las investigaciones y las medidas tomadas.

Atentamente,

AIDA MARINA QUILCUE VIVAS
Consejera Mayor - Representante Legal CRIC