GOBIERNO PROMUEVE CONFLICTO DE DESPLAZADOS CON INDÍGENAS, CAMPESINOS Y AFROS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El gobierno colombiano le miente a la opinión pública al decretar el desalojo de indígenas del resguardo de Poblazón, con lo cual fomenta la xenofobia y crea condiciones de confrontación entre comunidades pobres del país.

Se ha conocido públicamente que el Ministro de agricultura ordenó la entrega de terrenos que hacen parte del resguardo indígena de poblazón, a 12 familias de desplazados. Predios que vienen siendo reclamados como suyos por el pueblo Kokonuko desde hace más de 25 años

Villa Carola, conocida inicialmente como “El Chicle”, hoy pretende ser entregada de forma perversa e irresponsable por el gobierno nacional a 12 familias de desplazados, según han informado diversos medios de comunicación del país. Dicho predio está ocupado por la comunidad indígena del pueblo Kokonuko desde antes de 1983, y ha sido reclamada como parte integral del resguardo indígena de Poblazón, a través de múltiples formas, buscando que el gobierno nacional formalice su legalización tal como consta, tanto en el Acta de Compromiso del año 1992, firmada por el Incora nacional, con el Visto Bueno del procurador Agrario, en donde el Instituto define que la compra de este predio estará dirigida a solucionar la problemática de tierras de la comunidad del resguardo indígena de Poblazón, o en la carta enviada por el Director de Asuntos indígenas, Dr. Martín Von Hildebrant, en Mayo de 1983 al gerente general del Incora pidiéndole solucionar la posesión del predio para evitar “…que las circunstancias se agraven mas”.

Recordamos que la Comisión interinstitucional del decreto 982 incluyó la finca Villa Carola dentro de las prioridades de compra con presupuesto de la vigencia del año 2005. En ese mismo periodo las comunidades indígenas y el gobierno nacional firmaron un acuerdo para compra de 8 mil hectáreas destinadas a solucionar la problemática de tierras identificada por el proceso de liberación de la madre tierra que se realizaba en el departamento del Cauca (1.000 hectáreas en tres meses para las comunidades de Caldono, que hacían presencia en la hacienda el Japio al norte del Cauca y 7.000 hectáreas en un año para otras comunidades presentes en 16 fincas de 7 municipios del departamento). Es de aclarar, que pasados 20 meses, el gobierno no cumplió dicho compromiso.

Desde entonces diversas acciones gubernamentales se han desarrollado para distraer a la opinión pública e incumplir los compromisos que el Estado tiene con los pueblos indígenas desde hace más de 20 años. El acuerdo de diciembre del 2005 incluyó instrumentos que el gobierno no implementó, entre ellos, el de identificar una institución diferente al Incoder para administrar los recursos acordados.

Por otra parte el gobierno nacional, ha sido pieza clave para influir en el Estatuto de Desarrollo Rural con artículos que eliminan toda posibilidad de reforma agraria en Colombia, traspasando responsabilidades centrales de compra de predios a los municipios y dando la potestad a los Consejos de Ordenamiento Territorial para que definan si se permite o no la compraventa de tierras para comunidades indígenas.

En cuanto al predio Villa Carola, el gobierno ha apelado a leguleyadas como la realizada por el mismo Incoder, una de las cuales fue la de emitir un Acto administrativo en 15 días, que no solo actuó con celeridad para conceptuar sobre la función social de la propiedad del resguardo indígena de Poblazón, sino que desconoció los procedimientos y mandatos constitucionales de consulta, siendo firmada por un profesional del Instituto y no por el gerente regional que es el responsable institucional.

Frente a este hecho en reunión realizada el 19 de septiembre el gerente regional del Incoder, Dr. Iván Adrada, ante el Procurador Agrario, los representantes de los desplazados, funcionarios del Incoder Bogotá, reconoció el error cometido por la institución al adquirir un predio que se encontraba en pretensión territorial del resguardo de Poblazón y solicitó a las instituciones presentes aunar esfuerzos para solucionar el problema generado pro ellos mismos.

Ante esta situación la Consejería Mayor CRIC, recuerda que tanto la sociedad, como las instituciones internacionales de derechos humanos, igual que historiadores y académicos son concientes de los esfuerzos del poder en Colombia para despojar de la tierra a los pueblos indígenas, igual que a la usurpación a la sabiduría y a los recursos naturales, energéticos y estratégicos cuidados milenariamente por nosotros, facilitando su desaparición forzada, proyecto que avanzó de forma efectiva con base en la propuesta de Nación impresa en la Constitución de 1886.

La Carta Magna, firmada en 1991, formuló cambios substanciales que tranquilizaron a los sectores agrarios del país, sin embargo, una parte del poder del Estado asumió nuevos modelos de contrarreforma, entre ellos la emisión de leyes contrarias al espíritu constitucional, pero en especial acciones contrariando la reforma agraria, cuyo centro ha sido la estrategia paramilitar que ha ocasionado más de 5 millones de despojados de la tierra, conocidos como desplazados, entre los que sus principales víctimas han sido comunidades campesinas, afro e indígenas, que han multiplicado de forma alarmante los cinturones de miseria de los centros urbanos.

Con las expresiones mentirosas del Ministro Agricultura, ante los medios de comunicación, diciendo que a los indígenas del Departamento del Cauca se les han entregado 12 mil hectáreas aunada con la decisión de compra de predios con destino a desplazados en territorios indígenas en proceso de legalización para el saneamiento del resguardo, el gobierno está creando las condiciones mediáticas para colocar a la sociedad en contra de los indígenas, facilitar su desaparición forzada y decir que le está cumpliendo a los millones de desplazados del conflicto que hay en Colombia.

En consecuencia, llamamos a los organismos defensores de los derechos humanos del orden nacional e internacional, ante esta nueva arremetida del gobierno nacional, en contra de los principios constitucionales, promoviendo el conflicto por la tierra entre campesinos, indígenas y afros, con lo cual distrae la verdad sobre la ausencia de reforma agraria en Colombia, dilata su responsabilidad con los Desplazados y tergiversa la realidad sobre el monopolio de la propiedad, que está en poder de los agentes del paramilitarismo y el capital financiero de las multinacionales.

Es urgente que los organismos de control vigilen e investiguen las expresiones pendencieras que los funcionarios del Estado colombiano están realizando a través de los medios de comunicación en contra de los procesos sociales, así como las actuaciones institucionales que entorpecen el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno está retrazado en la reparación integral ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad en la masacre del Nilo, igual que con los diversos compromisos adquiridos por el Estado colombiano con los pueblos indígenas del Cauca, entre ellos el acuerdo firmado en diciembre de 2005 con el cual gobierno actual prometió solucionar parte de los problemas de tierras identificados en el decreto 982, firmado en 1999.

CONSEJERIA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DE CAUCA –CRIC

Popayán, Octubre 5 de 2007.