El gobierno colombiano debe apoyar la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas sin cambios en la Asamblea de Naciones Unidas

Después de más de veinte años de debate, el 29 de junio de 2006 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se estima que en el mundo hay más de 370 millones de indígenas, muchos de los cuales están en peligro de desaparición forzada a causa del desconocimiento de sus derechos y de las políticas de la globalización. La Declaración es una herramienta básica para avanzar en la comprensión de la realidad universal, en la construcción de los estados modernos, así como para contribuir a la supervivencia de los pueblos indígenas en el planeta tierra.

A finales del año pasado, la aprobación de la Declaración fue postergada por un año debido a la oposición presentada por un grupo de países africanos. Los pueblos indígenas del mundo han unido sus esfuerzos para que en esta próxima Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración pueda ser adoptada como máxima expresión de los Estados libres y democráticos en su compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos. Más de cuarenta países se han manifestado a favor de la aprobación, resaltando que la Unión Europea, en su conjunto, dio su apoyo a la Declaración. Todos los países latinoamericanos, excepto Colombia, han expresado su apoyo, incluso Argentina que en su momento tuvo algunas reticencias.

El 9 de agosto 2007, el día internacional de los pueblos indígenas, en una declaración conjunta, Louise Arbour - Alta Comisionada de los Derechos Humanos y Rodolfo Stavenhaguen - Relator Especial sobre los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, declararon que “es el momento de hacer un llamado a los Estados Miembro de la Organización de las Naciones Unidas para que adopten al unísono la Declaración y por ende, establezcan un marco jurídico universal para los derechos, la justicia social y la reconciliación de los pueblos indígenas del mundo”.

El Gobierno de Colombia ha presentado a la Asamblea de las Naciones Unidas, conjuntamente con el Gobierno de Canadá y cinco otros estados, una carta pidiendo que se realicen ajustes a 17 puntos claves de la declaración. Estos cambios son improcedentes e impresentables, después de más de veinte años de discusiones del texto, en las que el Gobierno Colombiano ha participado de forma permanente.

Con esa posición, el Gobierno colombiano contradice los principios constitucionales que reconocen a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural, declaran oficiales las lenguas indígenas y protegen los territorios ancestrales y la autonomía de los pueblos indígenas. Además, está desconociendo la política conjunta de los países latinoamericanos e incumpliendo compromisos adquiridos en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que afirma que todos los países andinos se “comprometen con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas” (artículo 40).

En consecuencia, los abajo firmantes, reclamamos del Gobierno colombiano una actuación coherente con los mandatos constitucionales, así como con su compromiso con los países hermanos de Latinoamérica, dando voto positivo a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora en estos meses de agosto y septiembre del 2007.

También solicitamos a la comunidad internacional asentada en Colombia, al sistema de Naciones Unidas, a las agencias de cooperación y demás entidades solidarias con los pueblos indígenas de Colombia, adelantar sus buenos oficios ante el presidente Uribe para que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas sea aprobada este año 2007 con la aquiescencia del Estado colombiano.

Suscriben:

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC

Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN

Organización Indígena de Antioquia, OIA

Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño, ASIESNA

Unidad Indígena del Pueblo Awa de Nariño, UNIPA

Organización Indígena Kankuama, OIK

Organización Regional Indígena Embera Wounaan del Choco, OREWA Asociación de Autoridades Indígenas de Jurado, Choco, ASAIJ

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC

Consejo Regional indígena del Tolima, CRIT

Resguardo Indígena Wayùu Mayabangloma

Fundación Jaide (Valle del Cauca)

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Corporación Jurídica Libertad, CJL

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL

US Office on Colombia, USOC (Estados Unidos)

Grupo Raíces, Latin American Solidarity Centre, LASC (Irlanda)

Comité Daniel Gillard (Bélgica)

Grupo Intercultural ALMÁCIGA (ESPAÑA)

Washington Office on Latin America (WOLA-EEUU)

CETRI - Centro Tricontinental (Lovaina-la-Nueva, Bélgica)

Rainforest Foundation (Noruega)

CICPR - Centro International de Cultura Campesina (Francia)

Col.lectiu Maloka Colombia (Catalunya, Estado Español)

HREV - Human Rights Everywhere (Europa)

Mugarik Gabe (España)

Survival International (UK)

ASA - Acción Solidaria Aragonesa (España)

Red Indígena de Territorio y Biodiversidad (Costa Rica)

Amazon Watch (Estados Unidos)

Rainforest Action Network (Estados Unidos)

Ocsi-Madrid (España)

Colombia Solidarity Campaign (UK)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

ASUD Ecologia e Cooperazione Onlus (Italia)

Droits et Démocratie/Rights & Democracy (Québec, Canada)

Soldepaz Pachakuti (España)

Global Response (Estados Unidos)