Nueva York

La Declaración Universal de los Pueblos Indígenas que actualmente es tema de discusión en el seno de las Naciones Unidas ha traído serias divisiones entre los Estados. Por una parte están los Estados Co-Patrocinadores de la Declaración, entre ellos México y la gran mayoría del territorio de Abya Yala (Latinoamérica) que la respaldan tal y como fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006, y, por otro lado y siendo la mayoría, están los Estados que proponen que se discutan todavía los artículos aprobados, entre ellos los que tienen que ver con territorios, libre determinación, entre otros, estos últimos liderados por el bloque de los Estados africanos.

Debido a esta división importante y perjudicial para una futura aprobación de la Declaración, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 62 Sesión, la Excma. Sra. Jequesa Haya Rashed Al Califa, ha decidido nombrar, a petición de los países de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y apoyados por la Federación Rusa, Guyana, Colombia y Surinam, un embajador de las Misiones de las Naciones Unidas que sirva de facilitador para llegar a una solución que sea equilibrada para ambas partes, nombrando para tal fin al embajador de Filipinas.

Para estos estados es importante que este facilitador llegue a un acuerdo sobre algunos puntos, entre ellos, mejorar el texto para que sea más coherente con el derecho internacional, que sea capaz realmente de ser implementado por los estados y que sea una declaración que puedan apoyar todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Por su parte, los Estados copatrocinadores de la declaración y las organizaciones indígenas que hacen vida en las Naciones Unidas no están dispuestos a negociar los artículos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra pero si pudieran ser flexibles con cambios en la resolución, para tal fin México ha presentado una propuesta a la presidenta de la Asamblea con algunos cambios en la resolución buscando la aceptación.

Es importante destacar que para algunos estados, los países que están en contra de la declaración tal y como está, estarían cuestionando las decisiones del Consejo de Derechos Humanos como órgano importante y recién creado de las Naciones Unidas ya que esta declaración fue aprobada el año pasado por este mismo organismo.

La Carta de las Naciones Unidas establece que entre las funciones de la Asamblea General está: “impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos:”, es por ello que no será hasta septiembre que sabremos con exactitud que pasará con la Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas, por ahora siguen las reuniones entre los estados y el lobby que están haciendo las organizaciones indígenas en Nueva York y en Ginebra, habiendo tenido una participación importante en la quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en la segunda semana de junio de este mismo año.

Jimai Montiel (Venezuela)
Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI