El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ante la situación que se presenta en la hacienda La Emperatriz, recuerda a las comunidades Indígenas, a las instituciones del Estado colombiano, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la opinión pública en general:

1. Que la toma de decisiones en las comunidades indígenas se hace por consenso en asambleas comunitarias.

2. Que las autoridades tradicionales indígenas están en la obligación de promover la defensa y garantía de los derechos y deberes que tiene, con los pueblos indígenas, el Estado colombiano.

3. Que es tradición de los pueblos indígenas insistir en procesos de diálogo y concertación para resolver los diferentes conflictos que viven nuestras comunidades.

4. Que existe un atraso histórico en compromisos con las comunidades indígenas del Cauca de más de 230 mil hectáreas, en especial frente a obligaciones adquiridas por el Estado con relación a situaciones referidas a la compensación de las tierras inundadas por la Salvajina en 1986; el saneamiento del resguardo indígena Totoró en 1988 o la situación generada en el norte del Cauca por la masacre del Nilo. Estos y otros compromisos quedaron registrados en documentos de responsabilidad estatal como el Convenio de La María, firmado en septiembre de 1995, el decreto 982 de 1999, el acuerdo amistoso ante la Corte Interamericana para cumplir la reparación integral del Nilo; así como los acuerdos operativos firmados por el actual gobierno, en septiembre del 2005 y en diciembre del mismo año, cuando se realizó el proceso de liberación de la Madre Tierra.

5. Que por su parte el gobierno nacional ha propuesto al Congreso de la República una ley de desarrollo rural que elimina de tajo la reforma agraria en Colombia y legaliza la normatividad de algunos municipios del Cauca donde se limita y prohíbe la constitución de resguardos y el acceso a la tierra a los indígenas.

Ante la situación presente en la Hacienda La Emperatriz la Consejería Mayor CRIC, considera:

• Que si bien es entendible la necesidad de tierras existente para las comunidades del departamento del Cauca y que por parte del Estado ha habido un incumplimiento sistemático para atender los compromisos adquiridos con nuestras organizaciones y procesos, es obligación de los comuneros que definan continuar procesos de Liberación de la Madre Tierra, agotar, según nuestros mandatos, los procedimientos internos como asambleas donde participe la comunidad, el cabildo y delegados de las asociaciones zonales para tomar decisiones justas y consecuentes, ya que las decisiones no coordinadas afectan los procesos de negociación regional y por lo tanto es imprescindible contar con la aprobación de las comunidades y autoridades indígenas del resto del departamento.

Emplazamos también, con carácter de urgencia, al gobierno nacional, con el propósito de reactivar los procesos de concertación, en particular, lo de Tierras, tanto del decreto 982, lo convenido en diciembre de 2005 y la Mesa Nacional de Concertación de Tierras, de la cual se levantaron los delegados indígenas el pasado 30 de mayo del 2007.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-