Preguntas y respuestas sobre la verdad en las audiencias con los jefes de las AUC en el supuesto proceso de paz.

¡La primera que cae en la guerra es la verdad!

Este documento no intenta agotar la discusión sobre la construcción, usos y limitaciones de la verdad en los estrados judiciales donde se adelanta el supuesto proceso de paz con las AUC. Por el contrario no intenta más que sugerir algunas reflexiones e inquietudes sobre las que la ONIC ha venido pensando en borrador.

Frente a la posibilidad de asistir a las audiencias con los jefes paramilitares (dizque “desmovilizados” y en acción), mismos que por más de una década asesinaron, descuartizaron y trataron de aniquilar a nuestros pueblos, es necesario tener en cuenta la necesidad urgente de que el país, así como cada sector de la población, conozca la verdad sobre dicho proceso, sus causas y consecuencias —inmediatas y a largo plazo—. De allí que conocer la verdad sobre casos muy concretos permite desmitificar su judicialización, encarnar la memoria, humanizar el proceso y ampliar la dimensión nacional de lo ocurrido.

En este sentido, hay que recoger la voz de aquellos que han seguido con lupa lo que está pasando, con el propósito de solicitar la verdad histórica sobre lo que estos grupos hicieron con los pueblos indígenas. Como lo manifiesta Iván Orozco Abad, es necesario equilibrar la necesidad de conocer la verdad, entre sus dos extremos: la verdad puntual sobre casos particulares y la verdad integral sobre dicha máquina de muerte.

De acuerdo a las informaciones que tenemos, lo enunciado y publicado hasta ahora sólo constituye el comienzo, puesto que es más lo que está oculto y se quiere ocultar, que lo que sabemos. Por ello es necesario entonces, servir como canal de salida para estas declaraciones. Informaciones que hasta hoy aparecen como reservas de sumario y que, para algunos analistas, pretenden ser silenciadas, como hicieron con el asesinato de Gaitán en el 1948, sin importarles las consecuencias en nuestras familias, comunidades y organizaciones.

Algunas personas que han tenido acceso a estas audiencias de la Fiscalía General de la Nación, como la asesora de OTAN y de las Naciones Unidas Natalia Springer, han señalado reiteradamente que, entre los involucrados con el proyecto paramilitar, se encuentran agroindustriales, compañías multinacionales, buena parte de los congresistas, el 80% de los gobernantes regionales y locales del país, algunos exministros y parte de la cúpula presidencial.

Ahora bien, bajo este panorama, donde la reparación y la justicia se desdibujan debido al énfasis en una dimensión más tecno-jurídica que política y ética, aparece el sensacionalismo de algunos medios y la confianza desmedida en las palabras de la “voz cantante” (Mancuso, Jorge 40, etc.) del proyecto paramilitar, al reconfirmar su origen en el sistema político nacional (paramilitarismo de Estado). Es una coyuntura que, si no se coge con pinzas y con la suficiente calma (no obstante el ofuscamiento, el dolor y el clamor de justicia), debido a su ansiosa búsqueda de co-rresponsabilidad generalizada (de todos y de nadie), puede constituir una salida en falso, una trampa para la memoria colectiva de las víctimas, un riesgo para la sociedad civil, y por tanto un riesgo para los pueblos indígenas.

Asociado a lo anterior, están los testimonios publicados y los reclamos de la población civil en todo el país, por la no desmovilización, por la continuidad de las estructuras de terror y aniquilamiento que aún funcionan en muchas comunidades y regiones del país, por el uso de nuevas figuras jurídicas (comerciales o sin animo de lucro) para apropiarse de las rentas municipales o los recursos para la salud y la educación. En todas las comunidades donde la ONIC ha hecho presencia durante el último año, se continúa preguntando:

¿Cuáles son los victimarios invisibles de este proceso tan cruel y degradado? Es decir, ¿Cuál es el papel y la relación de las entidades encargadas de desarrollar el programa familias guardabosques, las compañías nacionales y multinacionales, los políticos, los planes de desarrollo y paz, y la instalación de las bases militares y batallones de alta montaña en nuestros territorios, con el proyecto paramilitar?

¿Por qué siguen actuando, uniformados y armados, bajo el nombre de “aguilas negras”, “power rangers”, con ayuda de autoridades civiles y militares, pese al supuesto proceso de desmovilización?

¿Por qué los desmovilizados que permanecen de civil y armados, robando en las cabeceras municipales, se están rearmando, bajo la más rampante impunidad?

¿Por qué están desenterrando las armas que no entregaron, “las escopéticas de repetición”?

¿Por qué en muchos lugares del país se han empezado ha incrementar los asesinatos de nuestros lideres y autoridades, las amenazas con lista censos en mano, las desapariciones, etc., es decir las violaciones de los derechos humanos?

En este sentido, es preciso preguntarnos:

¿Cuáles son los alcances de las afirmaciones sobre los supuestos y reales “riesgos” a que están sujetos estos protagonistas, hoy testigos de un estado de excepción, respecto de su posible eliminación física?

¿Será que de hecho, para el imaginario público desarrollado por los medios, estos victimarios visibles han sido convertidos en víctimas de sus financiadotes e ideólogos: los victimarios invisibles de este proceso?

¿Será que esto deja de lado, lo verdaderamente importante: su responsabilidad directa por el genocidio y la barbarie, ante las víctimas reales de su violencia?

Ahora bien, creemos que lo que hay de fondo para las víctimas es quién responde y en qué casos. Y esto vale para todo lo que está sucediendo dentro y fuera del tribunal. Por ejemplo:

¿A quien le reclama la Mapp-OEA? ¿Al Gobierno Nacional? ¿A los jefes paramilitares aparentemente desmovilizados? ¿Por qué el gobierno nacional insiste en desconocer lo que está sucediendo en la cárcel de Itagüí?

¿Por qué después de las reveladoras grabaciones publicadas en la revista SEMANA, mismas que dan cuenta de los delitos dirigidos desde el interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por parte de lo jefes paramilitares aparentemente desmovilizados, el gobierno insiste en desconocer lo que está pasando?

A esta hora, debemos ser claros y contundentes, sin dejar de hacer las cosas por el miedo que siguen imponiendo a través de la violencia.

¿Cómo afrontar el hecho de qué en los diálogos con sus lugartenientes, a través de Internet y Telefonía celular, ordenan matar, desenterrar armas, amenazar y aplicar estrategias para no abandonar lo que llaman “territorios y municipios recuperados”?

¿Cómo afrontar el hecho de que por estos delitos puedan ser extraditados, después de las extensas conversaciones de dicho jefes con el gobierno estadounidense?

¿Cómo afrontar las limitaciones que esto provoca en el proceso judicial que se adelanta, toda vez que la mentira ronda a pierna suelta entre los implicados?

¿Donde queda lo que Mancuso afirmó sobre los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez, que ayudaron a expandir el paramilitarismo. (Semana, Fecha: 05/15/2007)?

¿Donde queda lo que afirmó radio Caracol el 17 de mayo de 2007 ((12:46 pm) sobre lo que dijo Mancuso acerca de las Empresas, y procedimientos utilizados por estas, para financiar el paramilitarismo: Bavaria, Postobón, Carbones del Caribe, Hunday?

En conclusión, es necesario pensar cuales son los argumentos o pruebas que se tienen sobre el paramilitarismo y sus procesos particulares, con el objeto de hacer las preguntas adecuadas, si es que queremos conocer la verdad en dichas audiencias. Todo ello, teniendo en cuenta que lo que estos delincuentes están diciendo es su propia verdad, verdad condicionada por las circunstancias: la verdad paramilitar, sin contrastaciones ni validaciones, hasta el momento.

Bogotá 17 de mayo de 2007.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC
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