Que el día de ayer, 17 de mayo de 2007, fueron allanadas las casas y retenidos los compañeros indígenas LUZMARY BARTOLO , del Resguardo Indígena Escopetera Pirza, y JESÚS ANTONIO MOTATO LARGO, PABLO EMILIO MOTATO LARGO, TOBÍAS MORALES MORALES y LUIS ALBEIRO TABA TABA , del Resguardo Indígena de Nuestra Señora Candelaria de La Montaña , por orden de la Fiscalía 20 Seccional URI de Manizales, en operativo realizado en conjunto por la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

LUZMARY BARTOLO es una líder reconocida nacional e internacionalmente por su defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Su casa, ubicada en la comunidad indígena de Claret, Resguardo de Escopetera Pirza, fue allanada a las 5:30 de la mañana, en presencia de sus dos hijos menores, de su abuela y de su tío, y de allí se llevaron tres celulares, una escopeta de fisto, una agenda, documentos de la organización indígena y libros catalogados por el Fiscal como “de doctrina”.

En el Resguardo de La Montaña , los operativos se efectuaron también entre las cinco y las seis de la mañana, en la comunidad de Chancos, en la casa de LUIS ALBEIRO TABA , y en la comunidad de Cábarga, de donde fueron sacados de sus casas JESÚS ANTONIO y PABLO EMILIO MOTATO , de 65 y 67 años de edad. El indígena TOBÍAS MORALES fue detenido en un camino de esta misma comunidad, donde se le dijo que si no hablaba le cortaban la lengua. De las casas de estos indígenas fueron decomisados agendas y celulares.

Una vez capturados, los cinco indígenas fueron conducidos al Comando de Policía de Riosucio y en la tarde presentados a la Audiencia de Control de Garantías, donde la Fiscalía presentó a los indígenas como miembros de un grupo subversivo, y se calificó a sí mismo como “más indígena que cualquiera de los presentes en la audiencia”, irrespetando a todas las autoridades y comuneros presentes. Al término de la audiencia, el Juzgado declaró que la Fiscalía no presentó elementos de prueba suficientes para decretar la privación de la libertad de los compañeros indígenas, por lo que fueron dejados en libertad.

Calificamos este procedimiento como una grave violación a los derechos de las comunidades indígenas de Caldas, porque con estos atropellos sin fundamento no solo se señala a estos cinco compañeros, a quienes se causa un daño irreparable a su dignidad y buen nombre, sino que se estigmatiza toda la comunidad, se crea zozobra al territorios indígena y sufrimiento a las familias afectadas, y se vulnera la autonomía y la jurisdicción de las comunidades indígenas, cuyas autoridades en ningún momento fueron tenidas en cuenta para estos procedimientos.

Rechazamos que se realicen estos operativos en horas de la madrugada, fuera de los horarios prescritos por el procedimiento penal, que se haga uso de amenazas para obtener declaraciones de los retenidos, y que se decomisen libros de política, hechos todos que manifiestan una peligrosa tendencia al terrorismo de Estado.

Este procedimiento masivo del Estado contra los comuneros de los Resguardos Indígenas de Riosucio se suma a las amenazas telefónicas y a los panfletos anónimos que se han venido presentando en este Municipio, en momentos en que se aproximan las elecciones locales, lo que hace suponer que no son hechos aislados sino que buscan desestabilizar el ambiente político del municipio y del Departamento, y truncar las legítimas aspiraciones del movimiento indígena.

Exigimos el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, y en especial a la jurisdicción especial indígena contemplada en el artículo 246 de la Constitución , que dispone la coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena.

Exigimos que en todas las situaciones se cumpla la Directiva No. 016 del año 2006 del Ministerio de Defensa, por la cual se dispone la obligación de los miembros de la Fuerza Pública de informar a las autoridades indígenas las actuaciones que se adelanten en nuestros territorios.

Reiteramos el llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación , y organismos de control en general, para que impulsen la alerta temprana que desde el pasado 7 de abril solicitamos las comunidades indígenas, que permita prevenir la violación de los derechos humanos del pueblo Embera Chamí del Departamento de Caldas.

Riosucio, 18 de mayo de 2007

COMITÉ EJECUTIVO AUTORIDADES INDÍGENAS

cc. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC

Organizaciones indígenas regionales

Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Parlamento Europeo

Defensoría del Pueblo

Procuraduría General de la Nación

Presidencia de la República

Vicepresidencia de la República-Derechos Humanos

Comisión Colombiana de Juristas

Colectivo José Alvear Restrepo

Justicia por Colombia
Reiniciar
Organización Mundial contra la Tortura
Centro de Investigación y Capacitación Popular, CINEP
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