El conductor de televisión chileno Alejandro Guillier denunció anoche algo insólito, aberrante y hasta surrealista: El Estado de Chile le niega el pasaporte al ciudadano periodista Hernán Uribe Ortega, quien debe viajar a México para recibir un reconocimiento con motivo de los 30 años de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) por tratarse de uno de los pocos dirigentes fundadores aún vivos de esa organización latinoamericana. El pasaport es una tarea del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), que dirige Guillermo Arenas González, PPD, dependiente del ministerio de Justicia, cuyo titular es Isidro Solís, radical. Guillier anunció que el Colegio de Periodistas de Chile, que preside, introducirá un recurso de protección ante los tribunales si la situación de Uribe no se resuelve en un tiempo razonable.

En un último esfuerzo amistoso por resolver esta penosa situación, Uribe se entrevistó este lunes 29 de mayo con Jorge Lobos, jefe de Gabinete del director del SRCEI, Guilermo Arenas, del PPD. A última hora de la mañana se supo que el director Arenas ordenó que el documento se emita el martes, aplicando una prerrogativa administrativa de excepción, porque efectivamente existe una ley de 2002 que crea esta absurda situación. Significa que Uribe podría embarcarse a México el viernes.

En el programa dominical Tolerancia Cero, de Chile Visión, el dirigente de los periodistas aclaró que Uribe no tiene absolutamente ninguna causa pendiente con la justicia, a diferencia de numerosos otros periodistas chilenos que se encuentran procesados en tribunales civiles o militares por supuestos delitos de opinión, como es su propia situación. Uribe, quien fue director del diario vespertino izquierdista Las Noticias de Última Hora [desaparecido con el golpe de 1973], es un periodista a quien la dictadura de Augusto Pinochet le quitó la nacionalidad chilena, por un trasnochado acuerdo del gabinete adoptado en 1974.

El co fundador de la Felap reside en Chile desde que regresó del exilio en México en 1989. La última versión de su pasaporte Nº 1.579.348-1 la obtuvo el 5 de junio de 2001, pero el documento caducará el próximo 5 de junio, cuando cumpla 5 años, y por lo tanto ninguna línea aérea se lo acepta. La última vez que lo utilizó para salir al exterior fue en julio de 2005, con motivo de un encuentro de la Felap realizado en Buenos Aires. Uribe, además, ha sido dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile entre 1960 y 2000.

Según relató el mismo Uribe, a las 24 horas de solicitar su renovación le avisaron telefónicamente que acudiera al SRCEI porque tenía problemas \"pendientes\". Y allí comenzó una pesadilla tipo Kafka: primero le exigieron que \"comprobara\" por sí mismo haber cumplido la condena a prisión fallada en 1951 por el delito de injurias al entonces Presidente de la República Gabriel González Videla. Se trata de la causa 23/51 instruida hace más de medio siglo por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, el propio Uribe debería exhibir ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otro papel, llamado \"Resolución de término\" o finiquito de una segunda causa, distinta, de libertad de expresión de 1969, el \"Rol 30-69\", también de la Corte de Apelaciones, por un juicio del entonces ministro Hacienda Andrés Zaldívar [hoy ministro del Interior] que terminó en avenimiento de las partes, sin que hubiera fallo. Si el primer episodio ocurrió hace 55 años, desde el segundo han transcurrido 37 años y ambos tienen relación con viejas restricciones de la libertad de expresión, algunas ya derogadas o reemplazadas por otras.

Todo esto sucede hoy en un ordenamiento jurídico donde la prescripción judicial ocurre a los 5 años si el encausado ha permanecido dentro del país y a los 10, si el afectado está en el exterior. Los abogados consultados, y él mismo Uribe, consideran que se trata de un hecho aberrante, irracional, que viola la Constitución y los derechos ciudadanos. En primer término, es la propia oficina de Pasaportes del Registro Civil e Identificación, que pertenece al ministerio de Justicia, la que debería confirmar o informarse en otras dependencias que pertenecen o dependen de la misma cartera. (Los abogados creen que investigar archivos de tanta antigüedad tomaría unos tres meses, \"si es que existen, porque seguramente se los comieron los ratones\" (sic).

Uribe se ha entrevistado inútilmente con el personal de la subdirección jurídica del Registro Civil e Identificaciones y con un asesor del director llamado Patricio Mizom, quien se supone que es abogado, y también con la jefa de Pasaportes, Rosa González. Preguntó por qué le niegan la renovación si ha utilizado su pasaporte durante diez años. Y ésta es la respuesta: \"es que hay una ley de 2002 que impone otros requisitos\". Entonces, resultaría que en el estado de derecho de Chile imperan \"leyes retroactivas\", en violación del principio jurídico universal de la No Retroactividad de la ley en asuntos penales, con el agravante de que los supuestos delitos estarían súper prescritos.

Uribe se plantea ¿acaso, se utiliza este atropello en plan de persecución política, tal como ocurría bajo la dictadura? ¿O sólo se trata de un ejemplo magno de \"burrocracia\"? Uribe, quien debería viajar a México el viernes 2 de junio invitado por la FELAP y está impedido de transitar, denunció su situación ante la Felap y el Colegio de Periodistas, que se propuso inmediatamente presentar un recurso de protección, que tardaría algún tiempo.

Uribe, incluso, está dispuesto a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas, pues considera que \"aquí no sólo existe un problema personal, ya que la violación de los principios constitucionales afecta a toda la sociedad\", todo esto sin descartar una solución mejor que le permita llegar a tiempo a México para recibir el merecido reconocimiento de la Felap. El pasaporte ya está hecho y, además, pagado. Sólo falta que la burrocracia lo libere.