En el Segundo Comité Preparatorio (o Prepcom) de la segunda fase
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se
está realizando en Ginebra del 17 al 25 de febrero, los diferentes
“caucus” o grupos de trabajo temáticos están desarrollando sus
propuestas temáticas en respuesta a la nueva fase de negociaciones
gubernamentales sobre los documentos de la Cumbre.

Los documentos oficiales que se adoptarán en Túnez, en noviembre
próximo, incluyen, entre otros, un pronunciamiento político
(conocido como el “chapeau político”) y un capítulo operativo,
donde se expondrán los mecanismos y las responsabilidades
organizativas para garantizar el seguimiento e implementación de
los acuerdos de la primera fase de la Cumbre, que concluyó en
Ginebra a finales del 2003. Dos temas que recibirán una atención
especial son: los mecanismos de financiamiento para las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación) en relación al
desarrollo, y la gobernanza global de las TIC. Sobre ambos, desde
el año pasado, vienen funcionando grupos de trabajo
multisectoriales.

Siendo que el primer Prepcom de esta fase de la Cumbre, realizado
en junio pasado en Túnez, fue acaparado en buena parte por la
polémica en torno a la situación de derechos humanos en el país
sede –tema que sigue estando muy presente-, para la mayoría de
delegaciones de sociedad civil, es solo en estos primeros días en
Ginebra que han comenzado a reorganizarse en torno a los
contenidos, a través de la docena o más de grupos de trabajo
temáticos que aquí se han reconvocado.

No se ha dado, hasta ahora, un intento por consolidar posiciones
comunes de conjunto, que fue una de las fortalezas de la primera
fase, donde la sociedad civil produjo varios pronunciamientos de
consenso y una declaración final.

En cambio, los resultados de la primera fase son palpables en
términos de una mayor apertura del proceso oficial
intergubernamental a recibir y considerar los aportes de la
sociedad civil, a fin de mejorar la calidad de los documentos,
cuyos primeros esbozos son bastante vagos y generales. En tales
circunstancias, ha tenido sentido dar prioridad a desarrollar
aportes para su entrega oportuna a los gobiernos. Un consenso más
amplio será necesario más tarde, a medida que se hagan evidentes
los temas críticos y las áreas donde hay bloqueos.

Entre las propuestas que el proceso oficial ha recogido para su
consideración en los documentos, (aún bajo discusión), están
aquellas sobre el financiamiento aportadas por la Campaña CRIS,
junto con otras organizaciones. Estas se basan en los siguientes
principios: que la información, la comunicación y las redes son
un bien público global, -en particular en lo que se refiere a la
extensión de la infraestructura en los países en desarrollo y para
las poblaciones excluidas, en todas partes-; la centralidad del
rol de las finanzas públicas en el área de la Información y la
Comunicación para el Desarrollo (ICD); y el rol de las iniciativas
impulsadas por y en manos de las comunidades, para contribuir al
desarrollo sustentable y al empoderamiento social. El grupo
propone también la formación de una Facilidad Global de Políticas
y Financiamiento para ICD, diseñada para:

- ayudar a los países en desarrollo a utilizar de manera más
efectiva los mecanismos financieros existentes para la ICD

- proveer información y consejos y reforzar capacidades, en
materia de políticas, a los países en desarrollo, sin
condicionamientos.

- explorar nuevos mecanismos financieros para apoyar a las ICD;
mecanismos que eviten el desvío de los fondos existentes (ej. la
asistencia externa al desarrollo). Tales mecanismos podrían
consistir en un impuesto global, sea voluntario u obligatorio, y
contribuciones de los tenedores comerciales de nombres de dominio
en Internet.

Túnez bajo observación

Una vez más, Túnez figuró en la agenda de sociedad civil hoy,
cuando la red sobre libertad de expresión, IFEX, presentó un
informe sobre su reciente misión de indagación en Túnez. Los
resultados, contenidos en un informe de casi 60 páginas, se puede
consultar en el sitio Web de IFEX (ver www.ifex.org)

Las principales conclusiones de la misión incluyen, entre otros:

- En encarcelamiento de individuos relacionado con sus opiniones o
actividades mediáticas
- El bloqueo de sitios Web y la vigilancia policial del correo
electrónico y de los cafés Internet
- Restricciones sobre la distribución de libros y publicaciones.
- Restricciones a la libertad de asociación.
- Impedimentos al desplazamiento libre de defensores de derechos
humanos y disidentes políticos.
- Falta de pluralismo en la propiedad de los canales de radio y
televisión.
- Censura a la prensa y falta de diversidad en el contenido de los
periódicos.
- Uso regular de la tortura por parte de los servicios de
seguridad.

La misión ha hecho varias recomendaciones a las autoridades
tunesinas. La paradoja de realizar una Cumbre sobre la Sociedad
de la Información en un país donde varios jóvenes cumplen
sentencias de 13 años, bajo medidas antiterroristas, por el simple
“crimen” de haber navegado en Internet, fue subrayada. Los/as
defensores de derechos humanos de Túnez acogen favorablemente, sin
embargo, la realización de la Cumbre en su país, como una
oportunidad para que esta situación se ponga bajo la lupa
internacional.

Las preocupaciones sobre las condiciones en Túnez también se
abordaron en un intercambio esta mañana en la plenaria de la
sociedad civil, con el jefe del Secretariado Ejecutivo de la
Cumbre, Charles Geiger. El respondió a alegaciones de que algunas
ONGs habían recibido la negación o postergación de su acreditación
al proceso de la Cumbre, al explicar que el motivo ha sido, sea
que no son entidades con registro legal, o que no han presentado
la documentación completa. Declinó, sin embargo, comentar el
hecho de que varias asociaciones tunesinas no pueden registrarse
legalmente. Garantizó que todas las organizaciones acreditadas a
la conferencia podrán obtener visas de entrada al país. E informó
que los participantes acreditados tendrán inmunidad y privilegios,
según el acuerdo firmado con el país sede. Mientras que las
delegaciones gubernamentales tienen privilegios especiales e
inmunidades que son parte del derecho internacional, para la
sociedad civil y el sector privado, regirá una “inmunidad
funcional”, cuya aplicación sería diferente, según si se esté en
los locales de la conferencia de la ONU y en la ciudad de Túnez.
Geiger admitió que podría haber cierta ambigüedad en cuanto a lo
que se considere territorio de la ONU.