La iniciativa por la Democratización de la Comunicación en el Paraguay, integrada por organizaciones sociales conformadas por VOCES Paraguay, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e indígenas COCIP (ONAC, MCNOC, CONAMURI, CNOCIP y la mesa indígena) la Central de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua del Paraguay (CCVAMP) la Coordinadora de Empresas Asociativas Rurales Departamentales (CEARD) y la Mesa de Desarrollo de Organizaciones Sociales de Cordillera,  expresamos cuanto sigue:

1. Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que se acentúa aún más, la  fragilidad de la libertad de expresión en Paraguay, principalmente de los sectores populares, debido a acciones impulsadas desde los gremios empresariales de la comunicación,  intentando amedrentar a las emisoras populares y educativas e instando a sus cierres y decomiso de equipos,  metiendo a todas las emisoras en una misma bolsa, sin distinguir la labor y trayectoria de más de 20 años de las radios de organizaciones sociales en el país.
2. Rechazamos de manera categórica las acusaciones vertidas por el gremio de empresarios de radios privadas del interior, quienes han afirmando de manera irresponsable ante la Fiscalía General de la República y los medios masivos de comunicación, que las radios populares y educativas son instrumentos utilizados por el denominado EPP para informarse y llevar adelante sus atentados. Creemos que este tipo de declaraciones infundadas solo pretenden coartar  la libre expresión de los menos favorecidos del país, quienes encuentran en las emisoras comunitarias rurales el único canal para hacer escuchar sus voces y pensamientos.
3. Creemos que la Comunicación es un Derecho Humano de todos y todas, que el espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad que debe ser administrado por los estados para el bien común.
4. Sostenemos que este tipo de prácticas viola nuestra Constitución Nacional en su  artículo 26 que nos garantiza la libre expresión,  así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en la constitución (…) Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier  instrumento  licito  y apto  para tales fines.
5. Somos conscientes de la necesidad urgente de organizar el espectro radioeléctrico y  que existen numerosas radios piratas, vinculadas a partidos políticos, iglesias, discotecas y de otra índole, que incluso fueron habilitadas por la CONATEL, sin ser verdaderas radios populares y educativas, como lo establece el reglamento de radiodifusión. Consideramos que el ente regulador no debe aplicar criterios  políticos partidarios y de amiguismo para autorizar emisoras del servicio de Pequeña y mediana cobertura.
6. Afirmamos que las emisoras radiales populares y educativas han sido históricamente protagonistas de la construcción de la democracia en nuestro país, posibilitando que se escuchen las voces de los sectores campesinos, indígenas y otros menos favorecidos, propiciando la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación, elemento imprescindible en una sociedad democrática.
7. Por último,  instamos al Gobierno Nacional a través de los diferentes estamentos del estado, y principalmente a la CONATEL, entidad rectora de las telecomunicaciones, a que actué con imparcialidad y que escuche a todos los sectores para construir una sociedad democrática y pluralista.

Asunción, 09, octubre de 2013