Las tensiones presentes en las relaciones Norte-Sur, y la
pugna sobre el papel del mercado, han traspasado a un nuevo
escenario: el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información (CMSI).

Esta Cumbre de la ONU, cuya primera fase se realizará en
Ginebra del 10 al 12 de diciembre próximo, y la segunda en
Túnez del 16 al 18 de noviembre 2005, ofrece la oportunidad
a la comunidad internacional de elaborar un marco visionario
de políticas, para lograr que la información, el
conocimiento y la tecnología sean orientadas más
efectivamente al servicio de la democracia, el desarrollo
sustentable, la justicia social y la paz. Sin embargo, el
rumbo de este proceso deja entrever que, al menos en esta
primera fase, se habrá desperdiciado esta oportunidad.

Es lo que se evidenció en el 3er Comité Preparatoria
(Prepcom), que tuvo lugar en Ginebra del 15 al 26 de
septiembre pasado. La negociación del contenido de los
documentos -Declaración de Principios y Plan de Acción- que
deben suscribir los presidentes en diciembre, se ha
empantanado en torno a temas como el financiamiento para el
desarrollo, el gobierno de Internet, el rol de los medios de
comunicación y la "seguridad de la información". Así, el
Prepcom quedó lejos de su meta de finalizar los documentos y
se prevén dos sesiones adicionales, la primera para el 10 al
14 de noviembre, y la segunda en los días inmediatamente
anteriores a la Cumbre.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, en
dos pronunciamientos, cuestionaron la legitimidad de los
documentos que calificaron de tecnocráticos y centrados en
el mercado. Gracias a las presiones ejercidas para que haya
una mayor consecuencia con la visión de "una sociedad de la
información centrada en la persona e incluyente", expresada
en el primer párrafo del borrador de la Declaración,
lograron introducir varias modificaciones en los documentos,
pero nadie se sintió satisfecho con el resultado.

Políticas para afianzar la esfera pública

A fin de afianzar una esfera pública dinámica, que hará
posible a la ciudadanía participar en la gestión pública y
pedir cuentas a los detentores de poder, será necesario
elaborar políticas públicas que, entre otros, faciliten el
acceso de la ciudadanía a información pertinente y oportuna
desde fuentes diversas y plurales, aseguren la transparencia
de la gestión pública, garanticen la posibilidad de
expresión de los puntos de vista de los diversos sectores de
la ciudadanía y establezcan un marco adecuado de derechos.

Uno de los temas más polémicos en este respecto es la
propuesta de una revisión del actual régimen de propiedad
intelectual, el cual a nombre de proteger las ganancias
corporativas en la economía digital (donde es muy fácil la
copia de información y productos culturales), ha conllevado
a distorsiones que muchas veces inhiben en vez de estimular
la creación, restringen el acceso a la información y
privatizan el conocimiento. Los intentos por plantear este
debate en el marco de la CMSI han recibido un rechazo
frontal, bajo el argumento de que la Cumbre no puede
interferir en un terreno que es prerrogativa de otras
instancias multilaterales (la OMC y la OMPI).

Tampoco se accedió a reconocer al Internet como un espacio
del dominio público; se refiere a él solamente como
"facilidad para el público mundial".

Un tema relacionado es la promoción y desarrollo del
software libre, considerado fundamental por diversos
gobiernos y una mayoría de organizaciones de la sociedad
civil. Se trata de los programas de computación no
propietarios y desarrollados colaborativamente, cuyas
ventajas van mucho más allá de un costo accesible y de una
más amplia oferta de opciones, que son las únicas
reconocidas en la versión actual de la Declaración. Fue
eliminada la recomendación que todas las autoridades e
instancias públicas deberían adoptar el software libre.

No deja de ser significativo que el proceso preparatorio de
la CMSI ha permitido actualizar el debate en torno al
derecho a la comunicación, si bien sin registrar avances
concretos. De hecho, el término "derecho a la comunicación"
ha sido eliminado de los documentos oficiales, pues sobre su
interpretación no hubo consenso. Para algunos se trata de
respaldar el principio del acceso universal a las
telecomunicaciones y a las tecnologías de información y
comunicación (TIC), convirtiendo a esto en derecho, pero sin
contemplar otros aspectos de la comunicación. El propio
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha defendido esta
posición. Muchos sectores pro democratización de la
comunicación lo emplean como un término que abarca el
conjunto de derechos asociados con la comunicación, como
también nuevos derechos que hace falta reconocer en el nuevo
contexto de la comunicación. Es la posición de la Campaña
por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la
Información –CRIS–. Pero también hay quienes lo rechazan por
considerarlo un mal recuerdo de las batallas en la UNESCO de
los años 80; argumentan que la libertad de expresión, tal
como consta en el Artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, es una garantía suficiente y no hace falta
considerar nuevos derechos. El debate se retomará en
diciembre, durante la Cumbre, en el "Foro Mundial sobre el
Derecho a la Comunicación", organizado, entre otros, por la
Campaña CRIS.

Otro tema polémico es el de los medios de comunicación, tema
clave cuando se trata de fortalecer la esfera pública. El
"caucus de medios" -instancia de presión formada en el seno
de la sociedad civil en la Cumbre por grandes asociaciones
de medios, gremios y medios comunitarios y ciudadanos, entre
otros- aportó un conjunto propuestas. Además de reafirmar la
libertad de expresión, propone la necesidad de una
legislación para defender la existencia y desarrollo de
medios libres e independientes y para alentar al pluralismo
y la diversidad de la propiedad de los medios y evitar una
excesiva concentración. Reivindican el rol específico y
crucial de la radio-teledifusión de servicio público y
comunitario y plantean transformar los medios controlados
por el Estado en organizaciones con independencia editorial.
Los gobiernos, sin embargo, no han logrado acuerdos al
respecto. Algunos incluso cuestionan que el tema tenga
pertinencia para la Cumbre.

Irónicamente, si bien las asociaciones de grandes medios -y
algunos gobiernos que apoyan sus planteamientos- se oponen
férreamente a toda mención del tipo "de acuerdo con la
legislación nacional" cuando se trata de reafirmar la
libertad de expresión, por considerarlo un intento de
legitimar la censura, ellas mismas exigen una mención
similar cuando se hace referencia a los medios comunitarios,
a sabiendas de que en muchos países la legislación restringe
el acceso a las ondas radiales. Es más, en la última
versión de la Declaración se ha eliminado toda mención de
los medios comunitarios.

En cuanto a la participación de las mujeres en la sociedad
de la información, los documentos no les dan el debido
reconocimiento como actoras clave y agentes de cambio. El
lenguaje sigue tratándolas como seres bajo tutela.

El desarrollo y su financiamiento

El borrador de la Declaración de Principios de la CMSI
enumera una serie de metas para el año 2015, destinadas a
cerrar la "brecha digital". Estas incluyen: conectar todas
las aldeas a las tecnologías de información y comunicación
(TIC) y establecer puntos de acceso comunitario; conectar
universidades, colegios, escuelas, bibliotecas públicas,
oficinas de correo, hospitales, centros de salud,
departamentos gubernamentales y autoridades locales y crear
sitios web de éstos últimos; y adaptar los currículums de
escuelas y colegios. Se debe asegurar el acceso de toda la
población mundial a servicios de radio y TV, y de más de la
mitad de ella a las TIC; y se propone desarrollar las
condiciones para que todos los idiomas del mundo puedan
tener vigencia en Internet.

Más allá del hecho de que las metas se han fijado solamente
para el aspecto de la conectividad, lo paradójico es que,
tratándose de metas que conciernen principalmente a los
países en desarrollo, no se ha previsto ningún mecanismo
específico de financiamiento para que ello se haga realidad.
Este tema ha provocado un impase entre gobiernos del Sur y
del Norte, pues éstos últimos no solo que se han negado,
desde el inicio, a contemplar la posibilidad de desembolsos
financieros adicionales a los ya programados, sino que
tampoco quieren apoyar la propuesta de un "fondo de
solidaridad digital", aunque sea compuesto de donaciones
voluntarias de consumidores de productos digitales.

Una vez que el sector privado rechazó la idea de una tasa
sobre los ingresos de los servicios de telecomunicaciones,
para destinarla a las zonas menos rentables, los gobiernos
del Sur hicieron frente común en torno a la propuesta
senegalesa del fondo de solidaridad digital, dejando
entrever que una Cumbre que no prevé ningún mecanismo para
financiar las acciones que propone sería una farsa. No
impide que esta postura implica un serio retroceso frente al
principio de establecer mayor equidad en los procesos de
desarrollo y el comercio internacional, que se podía esperar
que los gobiernos del Sur defiendan con una actitud más
firme.

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitió un
pronunciamiento que vincula la solidaridad digital con la
solidaridad social, plantea una redistribución de los
ingresos de los servicios internacionales de
telecomunicaciones, exige mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, advierte que los mecanismos de
financiamiento no deben agudizar el endeudamiento, las
relaciones comerciales desiguales, ni los monopolios. Y
cuestiona el enfoque estrecho en la sola conectividad como
solución a las brechas.

El tema provocó un intercambio en el seno de la sociedad
civil sobre la diferencia de enfoques de las organizaciones
del Norte y las del Sur; de allí surgió la propuesta de
reforzar la solidaridad de las primeras con las necesidades
de desarrollo y financiamiento del Sur.

El "entorno habilitador"

En contraste, en su mayor parte, la agenda comercial dictada
por los gobiernos del Norte en alianza con el sector privado
ha encontrado poca resistencia entre las delegaciones
gubernamentales. Ella contempla, principalmente, el fomento
de un ambiente favorable a la inversión en infraestructura;
condiciones favorables a la competencia; y un entorno legal
y regulatorio transparente y confiable. El sector privado
deja entender que una declaración de la CMSI favorable a los
negocios podría incidir en estimular las inversiones de las
empresas del Norte en los países del Sur. Esta postura hace
caso omiso a los antecedentes históricos, que demuestran que
lo que favorece al sector privado del Norte no suele
traducirse en beneficios para las mayorías de los países del
Sur.

Pero también la agenda comercial se tradujo en presiones por
diluir, cuando no eliminar, las referencias -muchas de ellas
aportadas por sociedad civil- a aspectos que se perciben
como atentatorios a las ganancias corporativas, incluyendo
las menciones a necesidades especiales (como de las personas
con discapacidades), las demandas de diversidad cultural y
lingüística o el enfoque de género.

El gobierno de Internet, en cambio, ha suscitado una fuerte
polémica. Justamente, un área de políticas donde se está
produciendo una profunda transformación es el gobierno
global en temas relacionadas con las TIC. Los regímenes
multilaterales, que desde hace mucho tiempo regulan, por
separado, las telecomunicaciones internacionales, los
satélites y el espectro radioeléctrico se están
reconfigurando, tanto para adaptarse al carácter convergente
de la tecnología digital, como para facilitar la
participación del sector privado.

Es más, con el Internet emergen nuevas áreas regulatorias,
como la infraestructura, la intercomunicación –incluyendo el
tráfico, nombres de dominio, etc.-, y el comercio. Estos
cambios, bajo presión entre otros del sector privado, han
sucedido con tanta velocidad que no se ha dado un debate
global sobre cómo estas nuevas estructuras deben estar
gerenciadas, ni qué marco de políticas debe orientar las
decisiones. La CMSI es una oportunidad, muy importante sin
duda, para iniciar este debate en un ámbito multilateral y
con participación de otros actores.

En el Prepcom, si bien se ha logrado consenso sobre el
principio de una gestión internacional de Internet que sea
"multilateral, transparente y democrática y con plena
participación de gobiernos, el sector privado, la sociedad
civil y organizaciones internacionales", no hay acuerdo
sobre los mecanismos correspondientes. Muchos gobiernos del
Sur se oponen al statu quo, que implica en la práctica que
las decisiones quedan en manos del gobierno y sector privado
de EE.UU., entre otros a través del ICANN, que regula el
sistema de nombres de dominio (.org, .com, etc.). Es más,
la gran mayoría de servidores raíz, que controlan el tráfico
mundial en Internet, se encuentran en ese país.

Otro tema controversial es el de la seguridad. Nadie
cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad y
confiabilidad de las redes y sistemas de computación contra
fallas y ataques; pero ciertos gobiernos (Rusia y EE.UU. en
particular) insisten en mezclar este tema con la noción de
"seguridad de la información", donde la lucha contra el
terrorismo y el "cibercrimen" traspasa el ámbito técnico,
con implicaciones preocupantes para los derechos civiles.
Además, preocupan las referencias a la integridad del campo
militar. Dadas las medidas y legislaciones adoptadas
recientemente en varios países, bajo el argumento de la
lucha contra el terrorismo, que atentan a los derechos
civiles, y la tendencia creciente a utilizar las TIC para
regular o monitorear los movimientos de las personas dentro
o fuera de Internet, en el trabajo, cuando cruzan las
fronteras, etc., este enfoque del tema resulta preocupante.
Muchos temen que puede constituir también una amenaza al
potencial democratizador de Internet.

Participación de la sociedad civil

Todo el proceso de la CMSI ha sido marcado por las presiones
y negociaciones en torno al estatus y grado de participación
de los observadores, o sea de la sociedad civil y el sector
privado. Un primer logro para sociedad civil en este
aspecto fue la aceptación de que la compilación de sus
propuestas sea admitida como un aporte formal del proceso de
negociaciones oficiales. Sin embargo, fue solamente luego
de que decidió ir a la prensa a denunciar que sus propuestas
no han sido tomados en cuenta, que los sectores oficiales
comenzaron a prestar atención a los planteamientos.

Frustrada por los resultados del Prepcom, y particularmente
el carácter mediocre de los documentos borradores oficiales
y su carencia de visión, la plenaria de la sociedad civil
acordó producir, antes de la Cumbre, una Declaración de
Sociedad Civil de carácter autónoma, donde se exprese una
visión distinta y se esboce algunos de los retos que plantea
la llamada "sociedad de la información".

Uno de los aspectos más positivos de este proceso ha sido
justamente la dinámica de interacción y coordinación en el
seno de la sociedad civil y la voluntad colectiva de
producir propuestas que expresan un amplio consenso sobre
los contenidos. Los propios organizadores oficiales de la
CMSI han reconocido como hecho inédito el grado de unidad de
las organizaciones de sociedad civil en el proceso y su
decisión de hacer contribuciones de calidad y de lograr
impacto.

En suma la CMSI, como se podía anticipar, es un producto del
actual contexto de las relaciones internacionales: tensiones
y falta de solidaridad entre Norte y Sur, predominio del
mercado, prepotencia de la industria de la comunicación,
ofensiva contra el terrorismo, búsqueda de restricción a las
libertades civiles; todos estos elementos están presentes.
Pero también lo es la resistencia ciudadana, si bien con una
relación de fuerzas desfavorable.

Por ello, los actores ciudadanos reconocen que los temas en
debate requieren de un escenario y niveles de participación
más amplios. Diversas organizaciones que participan en la
Cumbre se han dado como meta promover este debate en la
próxima fase de la Cumbre.

* Sally Burch (ALAI) hace parte de la coordinación del Grupo
de Trabajo de Sociedad Civil sobre Contenidos y Temas en el
marco de la CMSI.