La mesa de comunicación discutió durante el Foro Social Paraguay Resiste contra el golpe, el tratamiento de la información en los medios masivos luego del quiebre democrático y la crisis política generada a partir de la destitución de Fernando Lugo el 22 de junio pasado.  
 
“Se instaló en el país un cerco mediático para justificar la maniobra del juicio político y el golpe, y recrear una falsa atmósfera de paz y tranquilidad. Los medios comerciales fueron parte activa en la trama política que condujo al quiebre institucional, y juegan hasta ahora un papel clave en la consolidación del régimen”, expresa el documento presentado como conclusión de la temática.
 
A su vez, denuncian que la realidad evidencia síntomas preocupantes en la “actitud” del Gobierno de facto, con relación a la comunicación e información crítica y los medios independientes. Por todos lados, se multiplican las denuncias de persecución, censura y abusos contra comunicadores y comunicadoras, en un cuadro de situación que tiene amplia repercusión fuera del país.
 
Recordaron que uno de los primeros gremios que visitó a Federico Franco ni bien asumió en el gobierno fue la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), sector que también se entrevistó esta semana con el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, para “combatir a más de 1.200 radios piratas existentes en el país” y acusó a las emisoras comunitarias de muchas veces “incitar al delito”.
 
Como ejemplo de la situación de cercenamiento de la libertad de expresión citaron el atropello a la TV Pública por parte de un funcionario del entorno de Federico Franco en la misma noche del Golpe, y el posterior corte de energía eléctrica de la planta transmisora; censura del programa Micrófono Abierto; despidos de comunicadores y comunicadoras por razones ideológicas; salida del aire de la radio pública de Pilar ZP 12, rescisión de contratos de comunicadores y comunicadoras críticas por “orden superior”, y recortes en la programación de la emisora, especialmente de aquellos espacios más críticos; suspensión de la señal de la TV pública Argentina durante el Programa 678 con la entrevista de Marcelo Martinessi; despidos de periodistas de la Radio Pública del Guairá; visita de amedrentamiento de la radio comunitaria Candela, de Encarnación por parte de una comitiva que dijo ser de la CONATEL, pero que en ningún momento exhibió acreditación alguna; persecusión policial y censura a activistas sociales y militantes que realizan pegatinas y graffitis contra el Golpe, y limitaciones al derecho a la protesta y la movilización; censura en Internet, mediante bloqueo de páginas y limitaciones de acceso a sitios críticos al Gobierno de facto de Federico Franco, entre otros.
 
Si bien estos casos puntuales describen un cuadro crítico, agravado por el régimen resultante del Golpe de Estado del 22 de junio, la situación de inequidad y desigualdad en el acceso a los medios y a fuentes de información es sostenida históricamente por un modelo socioeconómico excluyente.
 
Los responsables de esta mesa, hicieron un llamado a todos los sectores de la comunicación, organizaciones sociales y la sociedad en general para reconocer la importancia del derecho a la comunicación como un bien de toda la sociedad y no solamente de un sector especifico y movilizarse en torno a lograr el acceso a este derecho; demandar como ciudadanos y ciudadanas a los medios de comunicación en general el derecho a la información veraz y oportuna, y sancionar socialmente a aquellos medios que no lo cumplan; generar análisis crítico de la información a través observatorios de medios; defender la libertad de expresión para todos los sectores de la sociedad y la profunda necesidad de la democratización en la propiedad de los medios; y velar  y exigir al Estado leyes para garantizar la pluralidad de voces y fuentes de información.
 
Boletín Informativo Jakueke Nro 4371 - 16/08/12
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