Quito, Ecuador, 7 de mayo (OCLACC).- El derecho a la comunicación y un análisis sobre el estado del trámite del proyecto de Ley de Comunicación fue el eje conductor del primer diálogo ciudadano en los Jueves de la Comunicación, que se cumplió la tarde de ayer jueves, en la Universidad Politécnica Salesiana, de Quito.
 
La iniciativa de crear este espacio de reflexión sobre varios temas de comunicación, en el marco del debate político del Proyecto de Ley de comunicación, fue propuesta por la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE, la Red Infodesarrollo, la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS Ecuador, y la Universidad Politécnica Salesiana, UPS.
 
Este primer diálogo ciudadano contó con la participación de varios ciudadanos y representantes de movimientos sociales y populares que intercambiaron opiniones y propuestas en torno al Proyecto de Ley de comunicación.
 
El Secretario Ejecutivo de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC, el comunicador Pedro Sánchez, fue el encargado de hacer un análisis breve y provocador sobre los alcances del derecho a la comunicación y trazó algunas ideas centrales sobre lo que debería incluir la Ley de comunicación que se tramita en el país.
 
Tras realizar una panorámica de la realidad latinoamericana en materia de comunicación, Pedro Sánchez constató que en la historia de la humanidad y de nuestros países los derechos se conquistan, a pesar de las limitaciones que han pretendido imponer los grupos de poder sociales, políticos y económicos. En el caso de América Latina -dijo-, "hoy se habla en varios países sobre el derecho a la comunicación, y se elaboran nuevas leyes o reformas que permitan a la ciudadanía ejercer este derecho".
 
A diferencia de Ecuador, en muchos países de América Latina se han "sembrado de radios comunitarias, sobre todo en regiones y comunidades campesinas, las que no tenían posibilidades de expresarse por los medios tradicionales, a pesar de que han sido calificadas como radios piratas y se ha criminalizado su presencia", señaló.
 
Según explicó, "inclusive gobiernos de derecha como el de Uribe, en Colombia, han comprendido que las comunidades y pueblos tienen derecho a acceder a medios propios, y ha legalizado la existencia de medios comunitarios y ha ayudado a equiparse y a poner en marcha varias emisoras comunitarias".
 
Tras el reconocimiento que hace algún tiempo hiciera la misma UNESCO sobre la necesidad de que existan medios públicos, privados y comunitarios, ya casi nadie desconoce este requerimiento de la sociedad, pero es necesario regular sobre todo el espectro radioeléctrico para que puedan expresarse la diversidad de voces que hay en la sociedad, apuntó.
 
*Movilización social*
 
Pedro Sánchez enfatizó en que las reformas legales o la aprobación de nuevas leyes siempre ha encontrado resistencia y oposición de los grandes medios y grupos empresariales de la comunicación, como en el caso de Argentina, en donde el grupo multimedios Clarín lideró la oposición a la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Sin embargo, dijo, la movilización multitudinaria que se gestó desde las organizaciones de la sociedad civil, en todos los rincones del país presionó para que en el congreso se apruebe una ley que como eje central de la normativa garantiza la redistribución de frecuencias de radio y TV entre medios privados, comunitarios y públicos.
 
Se refirió a que en Ecuador, aunque varias organizaciones y redes de comunicación han presentado sus propuestas para que se incluyan en la ley, no ha sido posible articular organizaciones y movimientos ciudadanos que reivindique el derecho a la comunicación y exija que la ley responda a las aspiraciones ciudadanas. Por el contrario, insistió, el debate se ha limitado a un enfrentamiento permanente entre el gobierno y varios periodistas y medios de comunicación.
 
Aunque al parecer -dijo- en la comisión habría un acuerdo para que se redistribuyan las frecuencias, todavía no hay la certeza de que se pueda aprobar normas concretas que distribuya las frecuencias en un 33-33-33 para los medios públicos, privados y comunitarios, señaló.
 
Así también destacó que para democratizar la comunicación se debe garantizar el libre acceso a las nuevas tecnologías, internet de banda ancha, para que los ciudadanos no seamos solo consumidores, sino también para productores de contenidos que interesen a la comunidad.
 
Es fundamental que la sociedad cuente con medios que permitan la expresión de todos los sectores y que se escuchen las voces diversas de un país, insistió.
 
También es importante que la ley considere normas que garanticen que el Estado estimule la producción nacional de radio, TV, cine, y se promueva a los artistas nacionales.
 
*Diálogo ciudadano*
 
Tras la exposición de motivación, varios de los asistentes expresaron sus opiniones y propuestas para alimentar el debate ciudadano. Los asistentes felicitaron el que se haya creado este espacio para el diálogo ciudadano y la participación en la formulación de leyes.
 
Aunque expresaron su preocupación por la actitud gubernamental que quiere imponer las leyes elaboradas desde su visión política e ideológica, como ya ha ocurrido con la ley de minería, y está sucediendo con la ley del agua, los asistentes coincidieron en la necesidad de participar y defender las propuestas que garanticen la democratización de la comunicación.
 
Según se dijo, "no es posible aprobar una ley de comunicación de forma aislada de otras como la ley de educación, la de cultura, porque la comunicación se desarrolla como sustento de las culturas, y es de por sí una herramienta de reproducción cultural. Es necesario tener presente que una es la regulación de los medios técnicos (frecuencias, equipos) y otra diferente debe ser la normativa sobre los conceptual y de los principios", se dijo.
 
En el diálogo se puso de relieve la falta de articulación ciudadana para defender y luchar por una buena ley, no de una que pretenda solo controlar a medios, por lo que es necesario pensar la comunicación desde la cotidianidad, para luego actuar, identificando los intereses que existen tras los proyectos de ley, actores, escenarios y contenidos.
 
También se coincidió en que la lucha por la democratización de la comunicación no se agota en la ley, y que por ello es necesario mantener un acercamiento con realidades locales, campesinos, indígenas, urbanos, para interesar a la sociedad en la defensa del derecho a la comunicación.