Ante el envío, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al ámbito del Congreso Nacional, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y su Observatorio de Medios sostienen y recuerdan que:
 
1.- La lucha del conjunto de los periodistas y comunicadores sociales por reemplazar la ley 22.285 de la dictadura y las enmiendas que, en pleno proceso democrático, favorecieron la concentración monopólica de los Medios de Comunicación, data desde la apertura democrática, en 1983 y se mantuvo presente a lo largo de todos estos años.
 
2.-Como sostuvimos y recordamos oportunamente a través de nuestra prensa “Ley de radiodifusión- La Historia Vale”, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires considera pertinente puntualizar algunos tramos del recorrido de acciones políticas masivas, publicas, del orden jurídico y social que ha construido una referencia clara en torno a uno de los temas, la radiodifusión, entre otros, que remiten al Derecho Social a la Comunicación en su forma jurídica, económica y social.
 
1984/86: Formuló una convocatoria amplia, participó en la elaboración y presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Radiodifusión para reemplazar la sancionada por la dictadura militar. Se trató del primer proyecto en la materia presentado por una organización que alcanzó estado parlamentario. La iniciativa surgió al recuperar los trabajadores de prensa sus organizaciones tras la intervención militar.
 
1985/87: Elevó ese proyecto al Consejo de la Consolidación de la Democracia, instancia gubernamental creada para tal fin, que permitía enriquecer la iniciativa con la participación de todos los sectores vinculados con la comunicación.
 
1985/89: Se hizo –y se hace- cargo y definió su postura respecto del fenómeno de las radios comunitarias y de la existencia de distintos tipos de pequeños formatos comunicacionales, resaltando su aporte al desarrollo y profundización de la democracia. Incorpora a su proyecto inicial una propuesta de regulación que los alcance y que garantice su crecimiento.
 
1987/89: Lanzó distintas campañas públicas en defensa del derecho social a la información y rechazó con acciones y presentaciones judiciales los intentos empresarios y políticos de decomisos, allanamientos, cierres y amenazas a los medios de bajo alcance.
 
1989: rechazó la decisión oficial de privatizar los medios audiovisuales en poder del Estado y advirtió que se trataba del primer paso en un proceso de concentración comunicacional inédito y reiteró la postura antimonopólica y/u oligopólica que expresaba el proyecto de ley elaborado en 1985 junto a otras organizaciones.
 
1989/2000: impulsó distintas iniciativas que enfrentaron la concepción instalada desde el poder político y mediático de la innecesariedad de algún tipo de regulación y/o legislación en materia de comunicación, entre ellas: La Peor Opinión es el Silencio, el Año de la Comunicación, Esa Radio No se Toca, No hay Democracia Informativa sin Democracia Económica, el Primer Congreso Mundial de la Comunicación, iniciativas protectivas del derecho social a la información ante la Convención Constituyente reunida en Santa Fé, En la Lucha de Ideas las Ideas que no se Conocen no Luchan, todo ello en el marco de innumerables luchas en defensa de los puestos y fuentes de trabajo.
 
2000/02: propuso incluir entre los protegidos por la ley de Bienes Culturales a todos los trabajadores de los medios de comunicación como principales productores culturales, ante el proyecto que favorecía groseramente a los grandes grupos mediáticos. La propuesta no fue tenida en cuenta.
 
2004: fue uno de los firmantes de “los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”, junto a distintas organizaciones sociales.
 
2005: rechazó la extensión de licencias para los principales grupos comunicacionales, planteando que se beneficiaba el escenario altamente concentrado en materia de medios.
 
También observamos en torno a la distribución de la publicidad oficial que "en la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está incluido un reclamo histórico de los medios locales, regionales, cooperativos y comunitarios: la distribución equitativa de la publicidad oficial. La explicación es que el proyecto de ley alcanza solo a los medios audiovisuales y que, su inclusión, estaría dejando fuera de todo tipo de regulación respecto de la publicidad oficial, al resto de los soportes comunicacionales. Precisamente, tomando el conjunto de los medios es que se hace imperioso definir pautas en esa materia. Es que la demanda de más de dos décadas de trabajadores, de la UTPBA y de distintas organizaciones sociales, reclama incluir a esos medios en un esquema de la distribución de la publicidad oficial. Tomar las palabras silenciadas, dar cabida a temas de interés de las comunidades ignorados por los grandes medios es parte de la esencia de miles de AM y FM, canales de cable, puntocom y distintos tipos de herramientas que se expandieron fuertemente en los últimos años. Son miles de comunicadores sociales cuyo trabajo depende de la consolidación de cada uno de ellos. El gobierno nacional, los provinciales y municipales deben ir sobre esa reparación histórica. No excluir y distribuir entre los que menos tienen también incluye a la comunicación"
 
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires que ha sido, entre otros, un actor fundamental en el reclamo, las propuestas y el marco conceptual desde donde había que concebir un nuevo marco regulatorio para el ámbito audiovisual nacional, vuelve a señalar – con coherencia histórica - que No hay Democracia Informativa sin Democracia Económica. Esa es la lucha hoy, la de ayer y la de siempre.
 
Agencia Nacional de Comunicación (ANC), No. 714, 03-09-09.