PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN AL GRUPO PLURAL PARA LA REFORMA DE LAS LEYES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

I. Consideraciones generales: Una reforma para llegar a la sociedad de la información.
Gracias señores senadores por convocarnos a esta audiencia pública dentro del proceso de consulta para la reforma a las Leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.
Vengo a nombre de los Consejos Directivo y Consultivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información que presido, y que a lo largo de las últimas dos semanas se reunió para deliberar y formular las propuestas legislativas que ahora presentaré.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información está conformada por cientos de mexicanos en todo el país, que de manera activa y directa participan de la lucha por la reforma democrática de los medios de comunicación desde hace muchos años, destacados especialistas, académicos, investigadores, luchadores sociales, prestigiosos periodistas . En nuestro Comité Directivo son miembros Jorge Fernando Negrete, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Aimee Vega Montiel, Mónica Lozano Serrano, Aleida Calleja, Dolores Beistegui, Virgilio Caballero Pedraza, José Agustín Pineda, Leoncio Acuña. En el Consejo Consultivo, que coordina el periodista Miguel Angel Granados Chapa, participan Carmen Aristegui, Alberto Aziz, Jesús Cantú, Jaime Cardenas, Jorge Carpizo, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Dense Dresser, Gustavo Esteva, Rafael Estrada Sámano, Gael García Bernal, Nestor García Canclini, Daniel Giménez Cacho, María Teresa Gómez Mont, Loretta Ortóz Ahlf, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla, Carlos Padilla Ríos, Francisco José Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska, Ricardo Rafael, Gustavo Reyes Terán, Fernando Serrano Migallón, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdez Ugalde, Ernesto Velásquez Briceño y José Woldenberg.
Estamos decididos a seguir luchando por una reforma a la medida de las aspiraciones y los anhelos de los demócratas de México. La reforma legal para los medios y las telecomunicaciones no tendría sentido si no se la reconoce como uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.
La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.
Aquellos excesos, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. Hace un año y medio, cuando estaba a discusión la contrarreforma a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones a las que no resultó exagerado denominar como Ley Televisa, no fueron pocos los legisladores que, especialmente en el Senado de la República, se manifestaron en contra. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de ellos permitió que, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales.
Esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esa, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la Ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México. Por supuesto que observe puntualmente, como lo ha identificado desde su origen este grupo de trabajo, los criterios expresados por la Corte.
Esos criterios no sólo significan antecedentes jurisprudenciales como marco de interpretación constitucional para la reforma, son además referentes de una dignidad y un valor soberano del Estado que debieran recuperar todos los poderes en México. No por casualidad hay quienes llegan incluso a recomendar, en una provocación al Estado de Derecho que se ignoren o se desoigan las valientes y patrióticas resoluciones de la Corte, así como su macizo debate y engrose de la sentencia.
El avance tecnológico de los años recientes ha propiciado la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas. Sin embargo el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual. No han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La telefonía, tanto fija como celular, ha tenido una expansión considerable aunque hay zonas del país en donde se han desarrollado de manera irregular. También en esta área de las comunicaciones el interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor de tales servicios.
La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país. Por tal proyecto, entendemos al contexto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos. Nos parece que las decisiones legales al respecto tendrían que apoyarse en principios como los siguientes.

1. Derechos de los Ciudadanos. La legislación debe fundamentarse en el derecho de los ciudadanos de disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses. En este sentido, la legislación debe garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, a ejercer su derecho de réplica, a ser interpelados con respeto y a garantizar su derecho a la libertad de expresión y de información.
2. Servicio Público. La legislación debe definir la función de servicio público de la radio y la televisión como un servicio esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.
3. El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación. La utilización de ese recurso natural tiene que estar sujeta en todo momento a las concesiones que otorgue la autoridad correspondiente. Cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido. En el otorgamiento de ellas tendrán que prevalecer la búsqueda de la calidad y la competencia.
4. Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital. La multiplicidad de formatos y contenidos que hacen factible la digitalización imbricada con la teledifusión de las comunicaciones, abre perspectivas históricas para el desarrollo cultural y la promoción del conocimiento en la sociedad mexicana. La convergencia digital habrá de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público.
5. Una sola ley: Legislación congruente con la convergencia digital. De la misma manera que los medios, formatos y contenidos están destinados a entrelazarse e intercambiarse como parte de la versatilidad que supone el desarrollo de la sociedad de la información, es pertinente que la legislación que regule todos estos desarrollos tecnológicos, y su aprovechamiento, sea una sola. Creemos que los aspectos fundamentales de la legislación tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones deben formar parte de un solo, coherente y convergente ordenamiento federal.
6. Un órgano regulador: autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas. Como parte de esa congruencia que impone el desarrollo tecnológico pero también la defensa cabal del interés público, es pertinente que la regulación de las telecomunicaciones, en todas sus modalidades, quede a cargo de un órgano estatal con autonomía –garantizada por la Constitución tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas a las que normaría.
7. Acceso universal. Si reconocemos que la información es un derecho público, será preciso garantizar su disponibilidad, en todos los formatos y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos.
Eso implica la promoción de políticas de Estado públicas específicas para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos.
En el campo de la radiodifusión, es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga (Must Carrier y Must Offer).
La autoridad competente deberá tener atribuciones para resolver la transmisión abierta de aquellos mensajes que sean de interés público.
8. Conectividad. Debe existir la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios. Los usuarios de un servicio podrán cambiar de proveedor sin por ello perder bases de datos o señas de identidad (como el número telefónico que ya tengan).
9. Diversidad. Los contenidos en los medios de radiodifusión estarán definidos por el reconocimiento y la búsqueda de la diversidad. En la asignación de concesiones, se tomarán en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios. Para la programación de la televisión y la radio, habrá reglas que propicien la participación de productores independientes.
10. Libertad, pluralidad, responsabilidad. La legislación deberá garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información así mismo debe promover la producción, edición y difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; que impulsen la sociedad de la información y el conocimiento; que promuevan la pluralidad, participación y valores democráticos; y que garanticen el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los grupos sociales a la comunicación y la información.
La posibilidad que existe ahora para expresar cualquier punto de vista en Internet, debe ser preservada por encima de cualquier afán de supervisión estatal. A cambio, es pertinente reconocer que las normas que ya existen para sancionar delitos pueden y deben ser aplicables cuando se cometan a través de la Red.
Es pertinente fomentar criterios de clasificación y filtros que les permitan a los padres de familia administrar el uso que sus hijos hacen de la Red. En el caso de la radiodifusión la libertad de opinión debe ser irrestricta, bajo la responsabilidad del titular de cada concesión.
Por otro lado, habrá normas para clasificar la programación de la radiodifusión abierta y en sistemas de paga de tal manera que los contenidos para adultos sean transmitidos en horarios adecuados a esa audiencia.
11. Derecho de Réplica. Los concesionarios o, en su caso, los operadores de sistemas de difusión de televisión o radio, son responsables por los contenidos que propagan. Los ciudadanos tienen derecho a replicar ante contenidos que los aludan de manera personal. El respeto a la vida privada tendría que ser fomentado con códigos de buenas prácticas pero también con la vigencia de normas que sancionen su transgresión.
12. Integridad de los contenidos. Los productores tienen derecho a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole. Los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.
13. Defensa de intereses nacionales sin ensimismamientos ni comportamientos autárquicos. El desarrollo de los medios de comunicación entrelaza a las personas y a los países como nunca antes. La mundialización de los flujos informativos es una realidad que trasciende fronteras y que resultaría técnicamente imposible, pero además políticamente indeseable, tratar de evitar. Una política nacional puede favorecer la producción y la difusión de contenidos mexicanos en la televisión y la radio como un recurso importante para solidificar nuestra cultura y valores. Pero al mismo tiempo es preciso admitir, regulándolos, la existencia de contenidos y de inversiones foráneos que ya existen o que pueden llegar como expresión de la diversidad y la internacionalización de tales medios.
14. Promoción de medios auténticamente públicos. Debe respetarse y propiciarse la existencia y el desarrollo de un sistema de medios privados, sujeto a regulación estatal que auspicie la competencia y mantenga vigentes los derechos de la sociedad en ese campo. Los medios comerciales pueden y deben ser espacios de creatividad y diversidad, atributos que no son factibles ejercer cabalmente sin responsabilidad. Junto con ellos y para ampliar las capacidades de la radiodifusión, resulta indispensable que el país cuente con un verdadero sistema nacional de medios públicos. Autonomía funcional respecto del resto del Estado, financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos, son los atributos que es preciso garantizar para ese sistema de televisión y radio de carácter público.
En este sentido, la ley debe considerar obligaciones puntuales de programación de calidad, acceso ciudadano, compromisos éticos y rendición de cuentas.

II. Naturaleza jurídica del órgano regulador.
Tras diversas modificaciones al orden normativo en la materia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) tiene competencia en todo lo concerniente a las telecomunicaciones y ahora también en radiodifusión, sin embargo, al tenor de la última reforma legal, mantiene su carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual le resta capacidad para:
a) Evitar la intervención del sector central, concretamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las decisiones trascendentes del proceso concesionario;
b) Operar con la autonomía suficiente para enfrentar presiones políticas en la toma de decisiones, tanto del Poder Ejecutivo de manera directa o mediante la SCT, como de las grandes corporaciones de medios, particularmente cuando éstas son capaces de influir en los cuerpos parlamentarios y,
c) Operar con criterios estrictamente técnicos, que generen certeza en los operadores y confianza en la población que recibe los servicios, como beneficiarios finales de la explotación del bien público involucrado.
Por ello, es indispensable aportar elementos jurídicos que permitan apreciar cuál es el grado de autonomía que requiere la COFETEL, a fin de asign