Organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos se reunieron con el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, y el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, para que conozcan formalmente la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia". Se trata de una declaración de principios para la adopción de una nueva legislación sobre radiodifusión en la Argentina, firmada por más de mil organizaciones y académicos de la comunicación movilizados para que la actual Ley de Radiodifusión 22.285, obra de la última dictadura militar, esté a la altura de la democracia y deje de responder a los fundamentos represores de la letra de Jorge Rafael Videla.
Damián Loreti, director de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que "una ley de radiodifusión debería generar cultura, identidad y pluralismo" y que la norma vigente en Argentina "es todo lo contrario". Destacó "la presentación de esta iniciativa de la sociedad civil frente a la tentativa de concentración y monopolización de los grandes medios".
El documento fue suscripto por todos los gremios de la comunicación del país, tanto los agrupados en COSIMECOS (Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación Social), los vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como los que integran la Federación de Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM), que pertenecen a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); asociaciones de radios universitarias y cooperativas; las carreras y universidades de Comunicación de distintas partes del país; funcionarios de Radio Nacional y de la agencia oficial Télam; los organismos de derechos humanos y la Asociación Madres de Plaza de Mayo; organizaciones ciudadanas como Poder Ciudadano y el CELS; la Asociación Periodistas; la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana; organizaciones de base como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Barrios de Pie y la TV Piquetera; y académicos de la comunicación de Argentina y el mundo, como Damián Loreti, el venezolano Antonio Pasquali y la peruana Rosa María Alfaro.
El encuentro en la Casa Rosada contó con la presencia de 40 representantes de estos sectores, en tanto que por el gobierno, además de Parrilli, estuvieron el Secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur; Sergio Fernández Novoa, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER); y Rodolfo Ojea Quintana, director jurídico de la Secretaría General de la Presidencia.
Durante la reunión, Néstor Busso, presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), destacó como "un hecho histórico que los sectores populares se unan, no sólo para reclamar una nueva ley, sino para consensuar y proponer contenidos básicos para la nueva norma". Además, insistió en que se les conceda una audiencia con el presidente Néstor Kirchner "para acercarle personalmente esta iniciativa".
La "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia" ya fue presentada a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso el 26 de agosto pasado y, en Diputados, se abrió un expediente con el número 256. Pero según Busso, "una nueva ley sólo es posible con la decisión política del Presidente".
Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, afirmó que "no queremos la ley de Videla". Y, comprando, añadió que "con todo lo que ha hecho el Presidente en el tema de derechos humanos, es más fácil sacar la ley que descolgar el cuadro de Videla (del Colegio Militar). Por eso, ahora queremos que saque la ley".
Por su parte, Parrilli señaló que la sanción de una nueva ley que reemplace a la que, desde 1980, regula la radiodifusión en la Argentina, "no es sólo una decisión política de Néstor Kirchner" al considerar que "también necesitamos el acompañamiento y apoyo de la sociedad en esta discusión". En ese sentido, instó a las organizaciones a "trabajar en conjunto para ir generando el debate" e instalar el tema en la agenda pública, con el objetivo de que "para cuando termine la actual gestión, haya una nueva ley".
Tal como informó Infocívica, Parrilli manifestó que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el año pasado declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, el gobierno estaba evaluando la posibilidad de "avanzar en la normalización de las radios sin tener que derogar la ley". Ese artículo de la ley 22.285 excluye a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión, por lo cual imposibilita a cooperativas, mutuales y cualquier otra entidad sin fines de lucro de participar en licitaciones y desarrollar legalmente actividades con emisoras de radio y televisión en cualquier punto del país.
De todas formas, Loreti señaló que la Ley 22.285 no se resuelve solo reformando el artículo 45. Advirtió acerca de "el 7, que vincula la comunicación a la seguridad nacional", por ejemplo. También identificó como falencias de la actual normativa que "todas las irregularidades y violaciones que se cometan a la ley, pasen por el COMFER, que maneja 14.000 expedientes por año"; y "la no contemplación de los intereses de los ciudadanos y de las personas que sufren alguna discapacidad auditiva".
José Insaurralde, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), manifestó su "extrañeza" porque "los gobiernos pasan y la ley de radiodifusión queda. Este gobierno tiene el gran desafío de producir el cambio", aunque advirtió que "no cualquier ley, sino una que ordene y regule la radiodifusión y contemple las 9.000 FM en todo el país que hoy están condenadas a funcionar ilegalmente. Una ley que garantice el pluralismo informativo y consolide la identidad cultural de los argentinos"
http://portal.educ.ar/debates/sociedad/debate/iniciativa-ciudadana-por-u...
 
Organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos se reunieron con el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, y el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, para que conozcan formalmente la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia". Se trata de una declaración de principios para la adopción de una nueva legislación sobre radiodifusión en la Argentina, firmada por más de mil organizaciones y académicos de la comunicación movilizados para que la actual Ley de Radiodifusión 22.285, obra de la última dictadura militar, esté a la altura de la democracia y deje de responder a los fundamentos represores de la letra de Jorge Rafael Videla.
Damián Loreti, director de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que "una ley de radiodifusión debería generar cultura, identidad y pluralismo" y que la norma vigente en Argentina "es todo lo contrario". Destacó "la presentación de esta iniciativa de la sociedad civil frente a la tentativa de concentración y monopolización de los grandes medios".
El documento fue suscripto por todos los gremios de la comunicación del país, tanto los agrupados en COSIMECOS (Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación Social), los vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como los que integran la Federación de Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM), que pertenecen a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); asociaciones de radios universitarias y cooperativas; las carreras y universidades de Comunicación de distintas partes del país; funcionarios de Radio Nacional y de la agencia oficial Télam; los organismos de derechos humanos y la Asociación Madres de Plaza de Mayo; organizaciones ciudadanas como Poder Ciudadano y el CELS; la Asociación Periodistas; la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana; organizaciones de base como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Barrios de Pie y la TV Piquetera; y académicos de la comunicación de Argentina y el mundo, como Damián Loreti, el venezolano Antonio Pasquali y la peruana Rosa María Alfaro.
El encuentro en la Casa Rosada contó con la presencia de 40 representantes de estos sectores, en tanto que por el gobierno, además de Parrilli, estuvieron el Secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur; Sergio Fernández Novoa, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER); y Rodolfo Ojea Quintana, director jurídico de la Secretaría General de la Presidencia.
Durante la reunión, Néstor Busso, presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), destacó como "un hecho histórico que los sectores populares se unan, no sólo para reclamar una nueva ley, sino para consensuar y proponer contenidos básicos para la nueva norma". Además, insistió en que se les conceda una audiencia con el presidente Néstor Kirchner "para acercarle personalmente esta iniciativa".
La "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia" ya fue presentada a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso el 26 de agosto pasado y, en Diputados, se abrió un expediente con el número 256. Pero según Busso, "una nueva ley sólo es posible con la decisión política del Presidente".
Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, afirmó que "no queremos la ley de Videla". Y, comprando, añadió que "con todo lo que ha hecho el Presidente en el tema de derechos humanos, es más fácil sacar la ley que descolgar el cuadro de Videla (del Colegio Militar). Por eso, ahora queremos que saque la ley".
Por su parte, Parrilli señaló que la sanción de una nueva ley que reemplace a la que, desde 1980, regula la radiodifusión en la Argentina, "no es sólo una decisión política de Néstor Kirchner" al considerar que "también necesitamos el acompañamiento y apoyo de la sociedad en esta discusión". En ese sentido, instó a las organizaciones a "trabajar en conjunto para ir generando el debate" e instalar el tema en la agenda pública, con el objetivo de que "para cuando termine la actual gestión, haya una nueva ley".
Tal como informó Infocívica, Parrilli manifestó que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el año pasado declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, el gobierno estaba evaluando la posibilidad de "avanzar en la normalización de las radios sin tener que derogar la ley". Ese artículo de la ley 22.285 excluye a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión, por lo cual imposibilita a cooperativas, mutuales y cualquier otra entidad sin fines de lucro de participar en licitaciones y desarrollar legalmente actividades con emisoras de radio y televisión en cualquier punto del país.
De todas formas, Loreti señaló que la Ley 22.285 no se resuelve solo reformando el artículo 45. Advirtió acerca de "el 7, que vincula la comunicación a la seguridad nacional", por ejemplo. También identificó como falencias de la actual normativa que "todas las irregularidades y violaciones que se cometan a la ley, pasen por el COMFER, que maneja 14.000 expedientes por año"; y "la no contemplación de los intereses de los ciudadanos y de las personas que sufren alguna discapacidad auditiva".
José Insaurralde, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), manifestó su "extrañeza" porque "los gobiernos pasan y la ley de radiodifusión queda. Este gobierno tiene el gran desafío de producir el cambio", aunque advirtió que "no cualquier ley, sino una que ordene y regule la radiodifusión y contemple las 9.000 FM en todo el país que hoy están condenadas a funcionar ilegalmente. Una ley que garantice el pluralismo informativo y consolide la identidad cultural de los argentinos"
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