Por la derogación de la Ley 1.615 que habilita la privatización de los
bienes públicos

Puntos que plantea al Gobierno Nacional, el Congreso Democrático del Pueblo
integrado por la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado y el
Frente por la Defensa de los Bienes Públicos.

Las empresas del Estado, potencialmente, son palancas extraordinarias para impulsar
el desarrollo nacional, si bien es cierto que el funcionamiento de estas empresas del
estado, en las actuales condiciones, no es totalmente beneficioso para el país.

La política del gobierno, obedeciendo a las recetas del FMI y el BM, intenta entregar
a capitales privados estas fuentes productoras de bienes y prestadoras de servicios,
con lo cual, a más de negar definitivamente a la gran mayoría del pueblo, el
usufructo de estos servicios, también se llegará a la segregación de territorios del
conjunto de la nación.

Contra la reforma de la banca pública

El financiamiento estatal es uno de los componentes principales de una política que
busca el desarrollo de un país, pues debe ser un instrumento de apoyo y potenciación
de los sectores productivos más carenciados en infraestructura y en tecnología, para
emprender o ampliar los procesos productivos, por lo cual, no puede concebirse dentro
del marco del lucro mercantil o claramente especulativo. Entre otras cosas, el
crédito público debe ser un mecanismo de redistribución de la renta nacional. En el
proyecto del Gobierno, referente a la Reforma de la Banca Pública, está claramente
delineado el objetivo, cual es, el de potenciar a sectores financieros especulativos,
pero con el aval del Estado, debido a que la captación de dinero estará a cargo del
Banco de la República del Paraguay de segundo piso, que operará para la distribución
de los créditos a través de instituciones financieras alternativas.

Contra el proyecto de la Ley anti-terrorista

Que más bien debería llamarse Ley Terrorista de Estado. La Ley Antiterrorista no
surge de la realidad ni de la necesidad del Estado nacional, sino más bien está
siendo impulsada y presionada su promulgación, por los países dominantes. Tiene la
característica de una ley de carácter políticamente represiva, mucho peor quizás que
las leyes 209 y 294, de la dictadura stronista.

Con la aprobación de este tipo de leyes se irán sentando las bases para la plena
implementación de una dictadura fascista, con lo cual evidentemente quedarán
eliminadas las pocas libertades democráticas conquistadas por el pueblo.

Contra el proyecto de Ley de concesión de rutas

En el mismo sentido de entrega, y renuncia al desarrollo del país, el Gobierno busca
privatizar todas las vías de comunicación terrestre. Otro de los principales
instrumentos para el desarrollo son las vías de transporte, tanto terrestre como
fluviales, pues son los medios que posibilitan el intercambio de producción urbana,
rural, nacional e internacional. Por otro lado, facilita la integración social y
cohesión nacional. Con la privatización de éstas se entrega este instrumento a la
voracidad del lucro, lo cual atenta directamente contra la integración nacional y el
desarrollo del país.

Contra el IVA agropecuario

El IVA agropecuario no es otra cosa que el castigo a la producción primaria, que en
las condiciones actuales y con los otros cientos de castigos que tiene encima,
llevará a la eliminación de la misma y, que de darse, sería el paso definitorio a la
renuncia histórica del desarrollo nacional, que como es obvio, obligatoriamente
tendrá que basarse en la producción primaria sin transformación, tanto para los
productos agrícolas, hortícolas, como para la producción animal, en todos los
niveles. Y lo peor, se gravará con mayor monto a los productores que no están
inscriptos en el IMAGRO, que son aquellas fincas menores de 230 has. En conclusión,
la pequeña producción agraria y ganadera deberán pagar el 13 % en concepto de IVA, y
aquellos inscriptos en el IMAGRO, el 10%.

Contra la corrupción y la impunidad

Si hay un fenómeno que caracteriza a este Estado – además de la profundización
acelerada de la pobreza – es el sistema de corrupción generalizada y la impunidad de
la que gozan tanto los corruptos, como los personeros del terrorismo y de la
violencia de las fuerzas represivas.

En este sentido planteamos lo siguiente:

Medidas anticorrupción

Ataque frontal al contrabando, con la participación efectiva de todas las fuerzas del
Estado y la sociedad.

Coordinación bajo una sola dirección de la Contraloría General de la República, la
Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos.

Conformación de una Comisión Nacional Anti-corrupción que fiscalice estos procesos,
en la cual participen los sectores productores y las organizaciones e instituciones
de referencia y representatividad a nivel nacional.

Medidas contra la impunidad

Reorientación de las funciones de la Fiscalía General del Estado de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Nacional, y no con los parámetros actuales de un
verdadero cuarto poder, a cuyo cargo se encuentre una fuerza represiva propia, con la
imposibilidad de ser intervenida por los poderes legalmente constituidos.

En vez de fomentar leyes anti-terroristas, sancionar y resguardar leyes que
garanticen al pueblo el disfrute de las mínimas libertades públicas conquistadas a
través de la lucha popular.

Establecer claramente las funciones de la fuerza pública en un marco de protección y
respeto a los individuos, dejando de lado prácticas como violación y atropello
sistemático a los derechos humanos fundamentales y actuación con carácter para-
policial, entre otras.

Conformación de una Comisión Nacional Contra la Impunidad, a cuyo cargo estará la
investigación y el impulso del castigo y la sanción correspondientes a los
responsables de los hechos punibles contra el pueblo.