9, 10 y 11 de mayo de 2002

Comisión: "Conflicto Agrario, Seguridad Alimentaria y Cultivos de uso
Ilícito"

Relatoría

En julio de 2001, el Presidente George Bush se refirió al futuro de la agricultura de
su país en los siguientes términos: "Es importante para nuestra nación cultivar
alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no
fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería
una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por
eso cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión
de seguridad nacional".

¿Porqué, preguntamos, lo que es prioritario para los Estados Unidos, no es válido
para nosotros?. ¿Porque la producción de alimentos se considera allá un asunto de
seguridad nacional, mientras acá es tan sólo un "problema" a resolver con
importaciones masivas que vulneran nuestra soberanía y debilitan el sistema nacional
de producción de alimentos?

La realidad es que Colombia se inserta de manera subordinada en un mundo global,
donde poderosos intereses transnacionales se empeñan en controlar la producción, los
circuitos comerciales, los recursos naturales, las fuentes de energía y la diversidad
biológica de los países periféricos, a costa de la soberanía y el bienestar de los
pueblos. Por ello el campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía
terrateniente" sino en especial al capital transnacional y su modelo de acumulación,
que necesita "limpiar" el territorio de la gente que considera ineficiente y poco
competitiva, para emprender megaproyectos petroleros, mineros, viales e
hidroeléctricos que atentan contra la integridad cultural, social, económica y
ambiental de las comunidades. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino
especialmente hay guerra para que haya desplazados.

En la Colombia del siglo XX, la historia del campo señala una dinámica capitalista de
"tu desmontas y yo ocupo y acaparo". A las tendencias estructurales de concentración
de la propiedad territorial en pocas manos, como un bien de renta más que como un
bien de producción, se suman las políticas de desestimulo a la producción
agropecuaria, que incrementan la descomposición de la economía campesina y fomentan
la expansión de los cultivos vinculados a economías ilícitas, hoy presentes en 270
municipios de nuestro país.

Desde las esferas del poder político y económico, se sostiene que la reforma agraria
con democratización de la tenencia de la tierra no constituye la salida a la crisis
del agro y que lo básico es ajustar la producción a las condiciones de oferta y
demanda en el mercado internacional. La Comisión concluyó, por el contrario, que para
la reconstrucción democrática del campo y solución de los problemas del agro, se
requiere:
a) el reordenamiento social de la propiedad y del territorio que revierta
los procesos migratorios hacia la frontera de la selva,
b) el establecimiento de una
política de soberanía y seguridad alimentarias, y
c) soluciones autónomas,
concertadas y pacíficas al problema de los cultivos tipificados como ilícitos. Se
reiteró además que el escenario indispensable para concretar estos propósitos es la
solución negociada del conflicto armado con la participación activa de todos los
sectores de la sociedad colombiana.

Para la elaboración de una política nacional de paz y país, la Comisión acogió las
ponencias presentadas y destacó las siguientes orientaciones básicas:

Líneas estratégicas para la reconstrucción democrática del campo y la formulación
de un Programa Agrario

A. Políticas macroeconómicas acordes con la democratización del campo

- Formular políticas macroeconómicas y sectoriales acordes con la política de
reconstrucción democrática del campo, con el propósito de soberanía nacional y con
los objetivos de seguridad y autosuficiencia alimentarias. En consecuencia, rechazar
el "Proyecto de Ley General Rural" del Gobierno de Pastrana que subordina la
producción agrícola nacional a "la dinámica de los mercados globalizados" y que abre
paso al saqueo del patrimonio genético por los monopolios mundiales de la
biotecnología.

- Cumplir de manera efectiva el precepto constitucional que establece que "la
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado" (Art. 65);
orientar la política exterior de Colombia hacia la integración latinoamericana y del
Caribe (Art. 9 y 227); y basar las internacionalización de las relaciones económicas,
políticas y ecológicas del país en la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
(Art. 226).

- Revisar los tratados internacionales que lesionan la agricultura nacional y reparar
el daño causado a los agricultores. En este sentido se requiere modificar las
políticas agrarias, agrícolas y comerciales que propenden por la vinculación
irrestricta al Área de libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por los
Estados Unidos, cuya primera consecuencia sería la importación masiva de los
alimentos que se producen en nuestro país.

- Convocar una moratoria de la deuda externa y establecer una política arancelaria
como defensa de la producción nacional, de manera que se garantice la inversión en la
reconstrucción democrática del campo.

B. Reforma agraria democrática en un plazo máximo de 5 años

- Reforma agraria integral y democrática que redistribuya la propiedad entre los
campesinos, y elimine en un plazo máximo de cinco años la acumulación improductiva e
ilícita de las tierras mediante la eficaz aplicación de la extinción de dominio y la
expropiación por vía administrativa.

- Una acción prioritaria será la redistribución de 6 millones de hectáreas en manos
de latifundistas, y la restitución inmediata de los predios apropiados o "comprados"
por terceros con instrumentos de coacción económica o terror.

- Fortalecer y ampliar la política de Zonas de Reserva Campesina en el interior de la
frontera agrícola, sin limitarlas a los denominados "baldíos nacionales" y zonas de
colonización y completar el proceso de titulación colectiva de las comunidades
indígenas y afrocolombianas, garantizando el respeto a sus Planes de Vida y la
autonomía e inalienabilidad de sus territorios.

- Construir un marco de derechos fundamentales del campesinado, como sector
especifico y fundamental de la sociedad colombiana, que reconozca su derecho a la
tierra y su papel como proveedor básico de los alimentos que consumimos los
colombianos.

- Incorporar a las mujeres al ejercicio pleno de la ciudadanía, con garantías de
participación en todas las instancias decisorias en materia agraria. Las mujeres
tendrán prioridad y pleno derecho en los programas de crédito, asignación de tierras,
políticas para los desplazados y las demás del sector.

- Con la finalidad de estabilizar las poblaciones rurales exigimos al Estado eliminar
los factores que generan su desplazamiento forzado y realizar un juicio de
responsabilidades que castigue a quienes lo propician y ejecutan. El retorno debe
realizarse sobre la base del cumplimiento y respeto pleno a los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los desplazados.

- La reforma y la política agraria debe articularse a procesos de ordenamiento
ambiental y territorial, orientados a proteger los recursos genéticos, los
ecosistemas y el potencial ambiental de Colombia.

C. Seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentarias.

- Concebir la Seguridad y Soberanía alimentarias de la población como objetivos
centrales de la nación y a la economía campesina como un componente estratégico de
esta política.

- Construir una política nacional de soberanía alimentaria e instrumentos locales y
regionales de seguridad alimentaria que abarquen los circuitos de producción,
procesamiento, distribución y consumo, y garanticen el suministro nutricional
necesario para toda la población.

- Sustituir el modelo agrario de contaminación química y biológica, propia de la
"revolución verde", por tecnologías alternativas en armonía con la naturaleza y con
la salud. Apelar al principio de precaución y a un régimen de responsabilidades de
los servidores públicos, para detener la siembra, importación y movilización de
transgénicos en todo el territorio nacional, por constituir una amenaza a la cultura
campesina, al ecosistema, a la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos.

- Construir sistemas de producción basados en la seguridad alimentaria familiar,
comunitaria y local con intercambio de productos y semillas, como formas de
resistencia pacífica y solidaria a la guerra.

D. Soluciones pacíficas y concertadas a los cultivos de uso ilícito

- Exigir la suspensión inmediata y definitiva de las fumigaciones con agrotóxicos
para erradicar los cultivos de coca y amapola por sus efectos negativos en la salud,
el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos fundamentales de las
comunidades. Mantener la alerta e impedir todo intento de investigación,
experimentación y utilización de armas biológicas como complemento o sustituto de la
fumigación química, como el gobierno norteamericano pretenda imponer en nuestro país.

- Despenalizar los pequeños cultivos de coca, amapola y marihuana, no incriminar al
campesino cultivador, y abrir la posibilidad de procesos de diversificación
productiva para usos medicinales, industriales, científicos y alimenticios de estas
materias primas, en una nueva ley sobre estupefacientes que derogue la Ley 30 de
1986.

- Incorporar los impactos de la política de erradicación forzosa de los cultivos de
uso ilícito ejecutados por el Estado colombiano y los Estados Unidos, como parte del
monitoreo de la situación de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del
Derecho Internacional Humanitario, DIH.

- Exigir, a los Estados Unidos y al Estado de Colombia la indemnización justa y
oportuna a los campesinos cultivadores afectados por las fumigaciones, garantizando
el pleno respeto al principio de buena fe del demandante.

- Formular y ejecutar una política integral, democrática y participativa de
desarrollo agrario campesino que posibilite la sustitución manual, gradual y
concertada de los llamados cultivos de uso ilícito, que atienda las características
ecológicas, sociales y económicas de las regiones, y entregue a los campesinos, con
plazos precisos y expeditos, tierras aptas para la producción, con canales de
comercialización y distribución de sus productos.

- La comunidad internacional debe asumir su compromiso con la problemática social
planteada por los cultivos "proscritos" por la legislación, pero también su enorme
responsabilidad con los impactos humanitarios, económicos, socioculturales,
sanitarios y ambientales que ocasiona su "guerra contra las drogas". La participación
de la comunidad internacional no puede, por tanto, limitarse a dádivas mitigadoras,
ni mucho menos a imposiciones que lesionen nuestra soberanía nacional.

- Por estas consideraciones, la comisión rechaza el Plan Colombia y demás políticas
de intervención extranjera que agreden a la población rural a nombre de la "lucha
contra el narcotráfico".

- Ratificar la propuesta presentada en el Encuentro Internacional de Paz de Costa
Rica en octubre de 2000, en el sentido de conformar con urgencia una Comisión mundial
independiente y de alto nivel para evaluar los 25 años de la política antidrogas en
Colombia y América Latina, y para que se pronuncie sobre las opciones de
despenalización y legalización.

Convergencia a favor del campo y de los campesinos

Estas líneas estratégicas deben comenzarse a construir desde ahora. La historia
pasada y reciente de nuestro país nos enseña que si la sociedad en su conjunto no se
compromete con la realización de un programa nacional agrario y campesino, no habrá
en nuestro país la paz con justicia social y democracia que todos anhelamos. Por las
anteriores razones:

- Llamamos a todos los colombianos, en la ciudad y en el campo, a apoyar y participar
en la movilización campesina nacional programada para septiembre de 2002 y las demás
acciones de los movimientos de afrocolombianos, raizales e indígenas de carácter
local, regional y nacional que se realicen en el segundo semestre del 2002.

- Nos comprometemos a acompañar y apoyar la Campaña por el Derecho a la Tierra y a
solidarizarnos con quienes se levanten contra el Proyecto de Ley General Rural
preparada por el Gobierno y contra las políticas de importaciones masivas de los
productos agrícolas y pecuarios que podemos producir internamente.

- En primer lugar, participaremos en las jornadas de protesta que prepara el gremio
panelero del sur de Colombia en defensa de miles de pequeños cultivadores de caña y
productores artesanales de la panela, cuyo futuro esta amenazado por el grupo
"Desarrollos Empresariales Caucanos", que construye un ingenio panelero en Padilla
(Cauca) y aspira monopolizar el mercado panelero nacional, en contradicción con la
ley 40 de 1.990 que ratificó que la producción de panela en Colombia tiene carácter
artesanal.

- Llamamos a generar alianzas con organizaciones campesinas y movimientos de otros
países, opuestos a la globalización neoliberal y a políticas como el Área de Libre
Comercio de las Américas ALCA, Iniciativa Regional Andina IRA, y Plan Colombia.

- Hacemos nuestra la consigna central del Foro Andino "Las organizaciones del campo
ante el Área de Libre Comercio de las Américas", reunido en la ciudad de Quito en
abril del 2002:

¡¡ No queremos el ALCA, otra agricultura es posible !!
¡¡NO a la globalización neoliberal, sí a la solidaridad mundial de los pueblos!!

Moderadores: Henry Salgado CINEP, Eberto Díaz Consejo Nacional Campesino
CNC. Relatores: Germán Bedoya Coordinador Nacional Agrario, Catalina Toro Cenrtro
Debates. Ponentes: Darío González Indepaz, Carlos A.Rico CNC, Héctor Mondragón CNC,
Francisco De Roux Programa Paz Magdalena Medio, Jesús A. Suarez ILSA, Alfredo Molano
Investigador, Darío Fajardo FAO, Juan M. Ospina Senador, Martha Duque Indepaz.
Intervenciones: 57. Participantes: 125, en su mayoría representantes de
organizaciones sociales del campo.