Hoy se cumplen 8 días de la movilización campesina de la zona rural del municipio de San Miguel -La Dorada-Putumayo (Colombia), que para el día de ayer congregó en la plaza central a mas de 3.000 campesinos de 30 veredas, quienes protestan por el hambre y situación humanitaria que padecen debido a las fumigaciones y erradicación manual realizadas entre diciembre y enero del 2007, en la frontera colombo-ecuatoriana.

Los tres mil campesinos acudieron ante la expectativa de poder escuchar del gobernador y funcionarios del alto gobierno, en particular de los Ministerios del Interior, Medio ambiente y del programa de Acción Social de la presidencia de la Republica, una salida a la grave crisis humanitaria que padecen; sin embargo, ningún funcionario del gobierno asistió, acentuando su frustración e inconformidad, demostrada en una masiva marcha de protesta y en su determinación de radicarse en el casco urbano hasta que el Gobierno Nacional atienda sus demandas. Hoy aproximadamente 400 hombres, mujeres, niños y ancianos permanecen en la Escuela Central en graves condiciones sanitarias y de salud, presentándose algunos brotes entre los niños. La Alcaldía Municipal y Pastoral Social han ayudado con algunas remesas para la alimentación de los manifestantes, pero han expresado que los recursos se agotaron y que no hay nuevas posibilidades de ayuda para la comunidad.

Los dirigentes de la Mesa Campesina del Cordón Fronterizo de la Dorada, grupo de lideres que han asumido la vocería de los campesinos, denuncian la desatención del gobierno nacional y reafirman su voluntad y compromiso de no volver a sembrar cultivos de coca, siempre y cuando el gobierno nacional ofrezca oportunidades reales para su subsistencia a través de programas de seguridad alimentaria y concertación de proyectos agrícolas que sean objetivamente útiles para superar la crisis que hoy se padece.

Los manifestantes han expresado su voluntad de no desplazarse de la zona donde habitan, (ni ser considerados desplazados), sin embargo, ante la fumigación de sus cultivos de pan coger, la erradicación de los cultivos de coca para su subsistencia y la inexistencia de programas de seguridad alimentaria, hoy, no tienen nada que comer ni de que vivir. El desespero los motivó a llamar la atención del gobierno nacional y expresan que su movilización durará hasta que las autoridades no abren las posibilidades de diálogo y concertación.

Los siguientes puntos, son las propuestas de la comunidad campesina de San Miguel – La Dorada, representada por la Mesa Campesina del cordón Fronterizo :

1. El Gobierno Nacional apoye el montaje de las granjas de autosuficiencia alimentaria (que ya están diseñadas y proyectadas por la organización campesina) para cada una de las familias de la zona, con que en total suman 3.550 familias.

2. El Gobierno Municipal, Departamental y Nacional en conjunto con la comunidad campesina concerten un Plan de Desarrollo Agropecuario, que incluyan proyectos agrícolas a corto, mediano y largo plazo, dirigidos a la sustitución definitiva de los cultivos de coca.

3. La comunidad campesina por su parte, asumen el compromiso de no volver a sembrar cultivos de coca, generar condiciones para cumplir con los procesos de verificación, logro y sostenibilidad de resultados, siempre y cuando el gobierno nacional cumpla a su vez con lo pactado.

4. Requieren con urgencia apoyo humanitario para resolver los problemas urgentes de alimentación y salud de la población movilizada, en especial de los niños que ya completan 8 dias en difíciles condiciones.

7. Reafirman que esta movilización es pacífica y que no se levantará hasta que el gobierno brinde los espacios de diálogo y concertación.

La Asociación Minga, exige al Gobierno Nacional y la Defensoria Nacional del Pueblo, su intervención y respuesta inmediata ante la grave crisis humanitaria vivida por los campesinos de San Miguel. El Gobierno debe reconocer los efectos sociales y económicos causados por la aplicación de esta política y garantizar el derecho a la alimentación y supervivencia de la población, vulnerados ante la precariedad de la ayuda social y la aplicación indiscriminada de las fumigaciones y la erradicación manual forzosa. El Gobierno debe prevenir y mitigar los impactos, a partir de planes de contingencia y protección hacia los grupos más vulnerables, pero fundamentalmente, escuchar y concertar los planes y proyectos propuestos desde las comunidades dirigidos a la sustitución definitiva de los cultivos de coca.

Asociación Minga, Marzo 27 de 2007.