La Embajadora de los EEUU en Colombia, Ann Patterson anunció que ha
solicitado al Congreso Norteamericano la aprobación de 98 millones de
dólares para la brigada XVIII vinculada con el asesinato del testigo del
Tribunal Internacional de Opinión en Chicago y con La masacre de Santo
Domingo en Arauca en 1998, con el fin de "defender los intereses de los
Estados Unidos en Colombia."

Con el asesinato el pasado 24 de enero de 2002 de Angel Trifilo Riveros
Chaparro, Mario Gonzalez Ruiz y Heliberto Delgado por parte de 12 hombres
fuertemente armados y quienes contaron por lo menos con el apoyo y
encubrimiento de unidades militares adscritas a la Brigada XVIII del
Ejército Nacional al mando del general Carlos Lemus Pedraza; quien hizo el
curso de táctica de unidades pequeñas C-7 en la escuela de las Américas,
se devela una vez más su amplia participación en la conformación y apoyo de
grupos paramilitares, como además en la sistemática violación a los
derechos humanos en la región.

Ángel Trifilo Riveros Chaparro, fue un reconocido dirigente de la
Asociación de Usuarios Campesinos de TAME y testigo presencial de la
masacre del 13 de diciembre de 1998 en el Caserío de Santo Domingo,
jurisdicción de TAME – Arauca. Este caserío fue bombardeado, según lo
muestran las evidencias, por aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana,
donadas por los Estados Unidos y con inteligencia norteamericana el
servicio de la OXY, asesinando a 17 personas incluidas 7 niños. Para
esclarecer el caso los habitantes de Santo Domingo deciden acudir a la
Comunidad Internacional, ya que la inoperancia del aparato de justicia
colombiano mantiene dicha masacre en la más absoluta impunidad. Es así como
se realiza en Septiembre de 2000 el Tribunal Internacional de Opinión en
Chicago, EE.UU. (Ángel Trifilo fue testigo oficial en el Tribunal), allí se
encontró responsable al Estado Colombiano por las muertes de las víctimas
de Santo Domingo y por el posterior encubrimiento en el que incurrió la
Fuerza Pública Colombiana frente a su responsabilidad en los hechos. Hoy el
Estado Colombiano no ha realizado ninguna acción contundente para superar
la impunidad que cubre dicha masacre.

En esta misma región, más concretamente en Gilbraltar Bloque Samoré, la
multinacional OXY esta desarrollando exploraciones petroleras. Dicha región
es reconocida como resguardo indígena de la comunidad U´wa, quienes hoy se
encuentran amenazados y desplazados de sus territorios sagrados a
consecuencia de la represión militar que acarrearon las exploraciones
petroleras.

Se ha demostrado en repetidas ocasiones que las Brigadas XVI y XVIII
adscritas a la II división del Ejército Nacional, quienes desarrollan
operaciones militares tendientes a proteger la estructura petrolera de
Arauca, están seriamente comprometidas en el apoyo y participación directa
al desarrollo del paramilitarismo en la región. Claros ejemplos son: la
masacre realizada en el corregimiento de La Cabuya ocurrida el 20 de
noviembre de 1998; la creación y operatividad de la cooperativa “El Corral”
en el municipio de Arauca Capital que claramente desarrolló acciones
paramilitares asesinando a más de 45 civiles durante los meses de Noviembre
y Diciembre de 1998; la participación directa en el bombardeo y posterior
saqueo el 13 de diciembre de 1998 al caserío de Santo Domingo en TAME; el
desarrollo de los operativos militares durante 1999 y 2000 conocidos como
Arawuac y Huracán, donde tropas de estas brigadas hicieron incursiones a
nombre de paramilitares escribiendo letreros en las paredes de los caseríos
que amenazaban con la llegada de los “quita cabezas”, como es el caso de
Puerto Nariño en Saravena, zona rural de TAME y zona rural de Arauquita. A
finales del año 2001. Luego de ello se han presentado asesinatos selectivos
de campesinos, dirigentes políticos, como el de los ex - representantes a
la Cámara Octavio Sarmiento y Alfredo Colmenares, y dirigentes sociales,
como es el caso de Ángel Riveros Chaparro. Hay que anotar que en las zonas
donde se desarrollan las acciones paramilitares están altamente
militarizadas por las Brigadas XVI y XVII.

Por todo lo anterior, nos preocupan las definiciones del Estado
Norteamericano dadas a conocer el pasado 10 de febrero del presente año por
el subsecretario de Estado de los Estado Unidos, Marc Grossmam y la
embajadora en Colombia, Anne Patterson, donde se anuncia la protección de
los intereses Estadounidenses en Colombia donde tiene inversiones la OXY
como el oleoducto Caño Limón – Coveñas en Arauca, que se encuentra
custodiado por la brigada XVIII a quien esperan brindar apoyo militar y
económico de no menos de 98 millones de dólares. De esta manera se está
desconociendo la Ley Leahy que prohíbe cualquier tipo de ayuda para
unidades militares involucradas en violaciones a los derechos humanos como
lo está la brigada XVIII. De igual manera, esta situación marca un
precedente al cambio de relaciones internacionales ya que se evidencia aquí
el irrespeto a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados
Unidos y su protección a las multinacionales violadoras de derechos humanos
y promotoras del paramilitarismo; Conllevando esto al aniquilamiento de la
organización social que existe en la región y el desplazamiento forzado de
la población.

Solicitudes:

Le solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse por medio de
cartas, comunicados y movilizaciones con el objetivo de:

Rechazar el Plan Colombia en su conjunto, ya que ha demostrado ser más que
una política de lucha antidrogas, una estrategia intervensionista de los
Estados Unidos que conlleva una sistemática violación a los derechos
humanos con un irrestricto apoyo al paramilitarismo.

Investigar el papel de las multinacionales en Colombia comprometidas en la
violación a los derechos humanos y promoción del paramilitarismo, en
especial de la OXY como evidentemente queda demostrado.

Apoyar de manera escrita las acciones populares emprendidas en Arauca que
buscan develar la impunidad y el paramilitarismo como estrategia del Estado
Colombiano apoyado por el Estado Norteamericano.

Detener la implantación del Paramilitarismo.
Develar juzgar y suspender las acciones incubiertas de ejercito Colombiano
a nombre del Paramilitarismo.

Crear una comisión de investigación con veeduría internacional para el caso
del testigo del tribunal de opinión Ángel Riveros.

Exigir al Estado Norteamericano:

Cumplimiento absoluto de la Ley Leahy

Suspender el apoyo al Plan Colombia.

Sancionar ejemplarmente a las multinacionales norteamericanas comprometidas
con la violación a los derechos humanos en Colombia y el mundo.

por Vida Tierra y Paz

Organizaciones sociales de Arauca
ADUC. Asociación Departamental de Usuarios Campesinos
CUT. Central Unitaria de Trabajadores ( subdirectiva Arauca)
FEDEJUNTAS. Federación de Juntas de Acción Comunal.
CRIA. Consejo Regional Indígena.
ASOJER. Asociación Juvenil y Estudiantil Regional.
Organización para los Derechos Humanos Joel Sierra.

Respaldan:
Coordinador Nacional Agrario CNA, Movimiento Popular de Mujeres,
Consejo Nacional Campesino CNC, Colectivo De Abogados JAR, Comité
Permanente DD.HH, Franciscas International, Humanidad Vigente, USO.
Nacional, Fensuagro, ANUC-UR, Reiniciar, Sembrar, Censat Agua Viva,
Minga, ACVC, CSPP, CUT, OFP.