Sr. Javier San Juan
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Dr. Sergio Morales
Procurador de los Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República

A organismos nacionales e internacionales que velan por los Derechos Humanos

A la opinión pública

El Concejo Municipal de Playa Grande Ixcán, El Quiché, y las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales abajo firmantes emitimos el siguiente comunicado en relación a los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2006, en las comunidades de retornados Ixtahuacán Chiquito, del municipio de Ixcán y Fronterizo 10 de Mayo del municipio de Barillas, Huehuetenango.

El día de ayer se conformó una comisión para ir a verificar los hechos ocurridos en Ixtahuacán Chiquito. Esta comunidad se encuentra ubicada en el extremo noroeste del municipio de Ixcán, a 64 Km de la cabecera municipal, colinda con la frontera mexicana y la afluencia del río Ixcán y está habitada por 48 familias retornadas de la etnia mam.

La Comisión que realizó la visita fue integrada por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Concejo Municipal, la Pastoral Social , integrantes del equipo pastoral de la Parroquia Candelaria de los Mártires y otras organizaciones defensoras de los derecho humanos, así como un voluntario de Naciones Unidas. Los hechos relatados por los pobladores son:

1)El día lunes 21 de agosto a eso de las 10:30 de la mañana aterrizaron en el centro de Ixtahuacán Chiquito siete helicópteros militares, entre ellos tres que se identificaban con número de matrícula 132, 110 y 170 con la leyenda “Ejército de Guatemala”. Mientras que tres aviones sobrevolaban la zona. De los helicópteros descendieron militares con la cara pintada de negro y con uniforme “pinto”, quienes también portaban insignias con las leyendas: “Bancos”, “Kaibil” y una banderita de Guatemala. Además se presentaron cinco elementos con uniforme color azul marino, dos de los cuales portaban chalecos con las letras MP, quienes se presentaron más tarde ante las autoridades comunitarias como “fiscales” . Acompañaban al operativo dos civiles portando video cámaras.

2)Los elementos del ejército se tendieron en el campo de fútbol y avanzaron a rastras hacia los alrededores de las casas de la comunidad; rodearon la escuela, impidiendo la salida de los niños y niñas que se encontraban en clases; elementos del ejército se ubicaron en los diferentes caminos de acceso a la comunidad, impidiendo la entrada de campesinos que ante el operativo regresaban apresuradamente de sus parcelas; bajo amenazas y encañonando a las mujeres entraron al local del molino de nixtamal y a algunas casas cercanas, sustrayendo herramientas de labranza (azadón, piocha, palas y hachas).

3)Acto seguido rodearon la zona arqueológica ubicada en el centro de la comunidad a unos 40 metros de la Escuela Primaria. Desplegaron fuertes medidas de seguridad para impedir el acceso de los vecinos del lugar, mientras otros iniciaron excavaciones al pie del montículo arqueológico, abriendo cuatro pequeñas fosas.

4)Las autoridades comunitarias al ver lo que estaba pasando intentaron establecer un diálogo con los militares a lo que les respondieron que “no diera un paso más si no quería que les dispararan”. Al identificarse como autoridades comunitarias les indicaron que estaban realizando un operativo conjunto en busca de armas y bombas, indicando que venían “acompañados del Ministerio Público y los Derechos Humanos”.

5)Alrededor de las 14:30 horas aterrizaron nuevamente los helicópteros para retirar a los elementos que integraban el operativo.

Estos hechos provocaron gran alarma entre las familias al recordar lo que habían vivido durante el conflicto armado interno. Así mismo esa situación provocó la alarma en la aldea vecina Fronterizo 10 de Mayo, donde 30 familias huyeron de su comunidad hacia la montaña, e incluso algunas cruzaron la frontera mexicana.

Este operativo fue similar al realizado el día 10 de agosto en la Finca Chailá, de este mismo municipio en donde helicópteros del ejército sobrevolaron y aterrizaron llevando soldados, quienes irrumpieron en las viviendas de los trabajadores de la finca.

De manera concreta denunciamos:
El operativo significó la ocupación militar de una comunidad campesina pacífica, violando sus derecho fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Durante el operativo las fuerzas de seguridad realizaron un despliegue desproporcionado de fuerza militar, utilizando tácticas de guerra en tiempos de Paz.
No hubo información y/o coordinación con el agente del ministerio público asignado a esta jurisdicción.
No hubo información ni consulta a las autoridades municipales ni comunitarias, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT
Fue vulnerado un sitio arqueológico, considerado por los pobladores como un lugar sagrado.
La presencia del ejército en una comunidad de retornados incumple los compromisos asumidos por el gobierno en los Acuerdos suscritos entre las comisiones permanentes de representantes de los refugiados guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala, así como el Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada.
La información vertida por los voceros del ministerio de defensa y de la Presidencia, así como por el Ministro de Gobernación, es contradictoria y confusa, y que de manera tendenciosa hace ver a una comunidad pacífica como un peligro para la seguridad nacional.

Ante estos hechos los abajo firmantes expresamos nuestra condena a estos hechos violentos que atentan contra la tranquilidad de las familias y sus derechos civiles, poniendo en peligro la vida e integridad física y mental de los habitantes de la comunidad, especialmente de mujeres, ancianos, niños y niñas. Reiteramos que no estamos en contra de la lucha contra el narcotráfico, pero nos oponemos a la realización de acciones intimidatorios y violentas contra la población más vulnerable.

Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales que velan por el respeto a los Derechos Humanos a que realicen una investigación sobre estos hechos y que realicen una visita in situ para verificar la información expuesta en este comunicado.

Nos preocupa que después de 10 años de haberse firmado la Paz se reactive la presencia militar y se genere un clima de inseguridad en esta región, que fue duramente golpeada durante el conflicto armado interno. Continuaremos nuestros esfuerzos por fortalecer la cultura de Paz, de respeto a los derechos humanos y de participación ciudadana, así como para el fortalecimiento de las autoridades civiles en este municipio.

Playa Grande, Ixcán, El Quiché 22 de agosto de 2006

Marcos Ramírez
Alcalde Municipal

Pastoral Social del Ixcán
Asociación Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos (CEDAP)
Asociación Puente de Paz
Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Fundación Guillermo Toriello
Comité Europeo Formación y Agricultura (CEFA)
Asociación Integral de Productores Orgánicos de Ixcán (ASIPOI)
Asociación Coordinación Comunitaria de Servicio para la Salud (ACCSS)
Asociación de Derechos Humanos Área de Cuarto Pueblo Ixcán (ADHAI)
Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán (ROMI)
Asociación de Estudiantes y Profesionales de Santa María Tzejá Kemb’al No’j (AESMAC)