Culmina Caravana Internacional por la Vida
en el Sur de Bolivar

Bogotá 20 agosto de 2001

A. INTRODUCCIÓN

A.1.Quiénes somos.

La Caravana Internacional por la Vida para el Sur de Bolívar está
conformada por 60 representantes internacionales, procedentes de 9
Estados (Alemania, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, España,
Francia, Holanda, Irlanda, Italia), y 20 representantes
nacionales.

Se ha compuesto de diferentes organizaciones no gubernamentales,
colectivos y movimientos de solidaridad, todos ellos dedicados a
la promoción y defensa de los derechos humanos desde las más
diferentes perspectivas y posiciones ideológicas. La relación es
la que se adjunta como anexo al documento. (anexo 1)

Su extracción profesional individual ha sido igualmente variada
constando desde cargos institucionales, docentes universitarios,
profesionales sanitarios, juristas, cooperantes etc...

A.2. Por qué vinimos.

Las diferentes organizaciones internacionales ya tenían la
información sobre la preocupante situación de los derechos humanos
en Colombia, uno de los países del mundo más señalados por los
informes de las distintas agencias internacionales. A ello se
vinieron a sumar las peticiones de distintas organizaciones
colombianas. Más concretamente, la elección del Sur de Bolívar
vino dada por la demanda directa de representantes de estas
comunidades que contactaron con organizaciones europeas. Dicha
coyuntura valorada conjuntamente propició un preanálisis sobre la
situación en el Sur de Bolívar, corroborando su total situación de
bloqueo, y concluyendo en su final elección como un objetivo
prioritario.

A.3. A qué vinimos.

A prestar apoyo humanitario. Y hay que insistir en que el carácter
de humanitario no se determina principalmente por su contenido
material. El aporte material es casi simbólico considerando las
ingentes necesidades de la zona. Por el contrario, el carácter de
humanitario viene dado por la aportación de apoyo moral,
psicológico y transmisión de solidaridad. Por la necesidad de
constatar y romper el bloqueo que está generando una crisis
humanitaria de proporciones dantescas a tenor del número de
víctimas en tan escaso espacio demográfico. En suma, para conocer
y apoyar un excepcional modelo de organización y resistencia de la
sociedad civil-popular del Sur de Bolívar en su variante campesina
(sur) y en su variante minera-campesina (norte).

B. QUE ENCONTRAMOS

Tras la presentación pública en la rueda de prensa del 1 de
agosto, la Caravana Internacional por la Vida se convirtió en un
acontecimiento de gran repercusión, recogido por todos los medios
de comunicación; prensa escrita, radios y televisiones, nacionales
e internacionales. Esta importante cobertura informativa permitió
que todos los sectores de la sociedad colombiana tuvieran
conocimiento de la iniciativa y de sus objetivos, manifestando
posiciones distintas frente a ella.

Muchas han sido las organizaciones nacionales que han expresado su
apoyo a esta iniciativa humanitaria y junto a las organizaciones
internacionales integrantes de la caravana lograron generar un
gran movimiento de solidaridad hacia las comunidades del Sur de
Bolívar, cumpliéndose así uno de nuestros primeros objetivos: el
reconocimiento de las comunidades y la llamada a la atención
nacional e internacional sobre su difícil situación.

Asimismo, se levantaron voces y rumores alrededor de la Caravana
con la intencionalidad de deslegitimar sus propósitos,
presentándose posteriormente acciones para obstaculizar su
desarrollo.

El día 3 de agosto de 2001 los alcaldes de los municipios de
Cantagallo, El Peñón, Regidor, Simití, Santa Rosa, Morales,
Arenal, Río Viejo, Puerto Wilches y San Pablo, reunidos en la
Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense, fueron
los primeros en oponerse a la Caravana, lanzando, a través de una
carta firmada por ellos mismos pública acusaciones infundadas,
vinculaciones calumniosas con determinados procesos o grupos
políticos, que en absoluto han sido objeto de interés del
conjunto de las organizaciones integrantes de la Caravana.

Esto nos llevó, durante los días de permanencia en la ciudad de
Barrancabermeja a pedir un encuentro con el alcalde del municipio
de San Pablo para que se garantizara la entrada de la Caravana
Internacional y de su carga de ayuda humanitaria a la zona Sur del
Sur de Bolívar.

El día 5 de Agosto, tras un encuentro con el Secretario de
Gobierno del mismo municipio, la delegación internacional fue
invitada a participar en una reunión con los alcaldes del Sur de
Bolívar, a la que realmente acudieron los responsables de
Asocipaz, Construpaz y Movimiento No Al Despeje, que usurpando la
representación de las autoridades legítimas rechazaron el ingreso
de la Caravana en la zona. Rechazo que se evidenció al día
siguiente cuando al llegar al puerto de San Pablo, la Caravana no
pudo continuar hacia la zona rural como se había planteado, siendo
obligada a permanecer dentro de la lancha por el bloqueo
organizado por las tres organizaciones anteriormente citadas,
quienes además condicionaron el paso de la Caravana y las
garantías de seguridad fuera del casco urbano a la entrega de una
parte de la ayuda humanitaria. Posteriormente se tuvo noticia de
amenazas recibidas por los transportadores de parte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta situación puso en evidente peligro la vida de los
Caravanistas y mostró claramente la imposibilidad para el ingreso
de acciones solidarias a esta zona del país, privando a los
habitantes de las áreas rurales de recibir la ayuda humanitaria y
la solidaridad internacional. Ante este hecho, desde la caravana
hacemos la siguiente reflexión:

Si ha sido así con la Caravana Humanitaria y los 180 avales de
organizaciones sociales y de derechos humanos, Ong's, agencias de
cooperación y personalidades internacionales y nacionales, ?Cómo
será habitualmente el bloqueo contra los campesinos y campesinas
de la zona? .

De nada sirvió la presencia de representantes regionales de la
Defensoría del Pueblo, quienes en lugar de facilitar la entrada de
la Caravana acabaron por convertirse en voceros de las
asociaciones anteriormente mencionadas, situación esta que
contrasta con las declaraciones manifestadas por el Defensor del
Pueblo, quien mostró públicamente su apoyo incondicional a la
gestión humanitaria de la Caravana.

Destacamos el hecho de que la Caravana siempre ha tenido una
postura de diálogo y de transparencia para con las instituciones
estatales como el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia de
la República, la Procuraduría General de la República, la
Defensoría del Pueblo, así como con la Fuerza Publica, sin embargo
ninguna de ellas garantizó la seguridad y la integridad de los y
las Caravanistas fuera de los cascos urbanos, aunque en todo
momento se aseguró la integridad de la caravana en las zonas
urbanas. Este último compromiso manifestado con firmeza por todos
las estancias no resultó real ni eficaz, puesto que, a pesar de la
importante presencia policial, la Caravana no pudo atravesar el
casco urbano de San Pablo.

Durante estos primeros días la noticia del bloqueo llegó a todo el
país y trascendió las fronteras, despertando un movimiento de
preocupación y de solidaridad a nivel nacional e internacional.
Los medios de comunicación permitieron el conocimiento de los
hechos, ofreciendo un seguimiento diario y en general objetivo. No
obstante desde algunos medios se mostró una actitud de sospecha
hacia los objetivos reales de la Caravana, se vertieron
acusaciones, difamaciones y calumnias inaceptables e infundadas,
sin llegar a analizar los motivos que originaron la Caravana
Humanitaria, que no son otros que la difícil situación de los
habitantes del Sur de Bolívar.

C. EL ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES

A pesar del bloqueo en San Pablo, la caravana continúa con una
sensación contradictoria; por un lado con la satisfacción de no
haber sucumbido a las amenazas y de poder seguir adelante y por
otro con la decepción de no poder llegar a la zona del sur dónde
las comunidades esperaban esperanzadas nuestra visita. Al menos
teníamos la seguridad de que los compañeros y compañeras que ya
estaban en la zona sur desde hace semanas sabrían suplir en la
medida de sus posibilidades este cambio forzado de planes.

Por fin salimos de ahí en busca de ese objetivo que nos ha traído
aquí con tanto esfuerzo. No podemos permitirnos el desánimo.
Precisamente encontramos en nuestra llegada a Moralitos aquello
que necesitábamos para reafirmarnos en nuestro propósito. Por fin
pudimos sentir esa primera recepción calurosa, amistosa de los
representantes de las comunidades campesinas que salieron a
nuestro encuentro para conducirnos en sus carros hacia
Micoahumado. Nos esperaban desde hace ya tres días preocupados por
nuestro retraso y por la situación vivida en San Pablo,
comentaron; "ya íbamos a salir a buscarles".

Primer viaje en carro, nunca creímos que se haría tan duro en los
días posteriores. Inquietud, curiosidad y por fin nos aproximamos
a Micoahumado. Pancartas de bienvenida, y las calles llenas de
gente con expectación en sus miradas. La recepción fue bulliciosa,
entrañable y sencilla. La realidad de un pueblo ignorado,
trabajador, lleno de dignidad y esperanza... Un pueblo que resiste
y espera ser reconocido.

Sin apenas tiempo para asimilar las emociones, los datos, los
proyectos y pendientes de realizar el balance sobre la dramática
situación humanitaria de Micoahumado, iniciamos el camino hacia
las minas. Durante el trayecto sufrimos en nuestras propias carnes
el lamentable estado de las vías de comunicación y tras catorce
interminables horas de viaje, llegamos al anochecer a La Punta. A
partir de ahí, el camino se hace intransitable para los carros.
Ahí sentimos, entre gritos y saludos, la fuerza del pueblo minero
y casi sin tiempo para plantearnos otra alternativa nos vimos
emprendiendo, a pie o en mula, la cuatro o cinco últimas horas de
viaje. La llegada fue una fiesta de música, aplausos, risas,
lágrimas y abrazos. Los dos días de estancia fueron intensos con
mutua inquietud por conocer y compartir.

Mas allá de los datos objetivos recogidos en nuestras reuniones
con las comunidades y en nuestra convivencia diaria, hemos podido
también constatar algo que nos ha marcado profundamente y que
parece ser la característica más evidente de estas comunidades que
apenas sobreviven en condiciones durísimas; la capacidad de
resistencia y la dignidad con la que estas personas enfrentan su
día a día y plantean su futuro. "NOS QUEDAMOS AQUÍ, VAYAN Y
CUÉNTENLO"

D. BALANCE DE SITUACIÓN HUMANITARIA.

Durante los días que ha durado la Caravana hemos entrado en
contacto con comunidades y líderes de cinco corregimientos
(Micoahumado, Mina Gallo, San Pedro Frío, El Dorado y El Paraíso),
de tres municipios (Morales, Santa Rosa del Sur y Montecristo) del
área que se encuentra bajo el cerco político, militar e
informativo en el Sur de Bolívar. Contemplamos en este informe tan
solo una parte de los más de 15 municipios que bien pueden
albergar una población superior a los 150.000 habitantes que viven
en un encierro desde que se realizó el éxodo de 1998, fecha en la
cual las comunidades arrancaron del Gobierno Central de manos del
mismo Presidente de la República un acuerdo sobre el desarrollo en
la región y un plan de protección a las comunidades.

Se trata de amplias zonas en las que toda la población civil es
catalogada como guerrillera o estrechamente ligada a la
insurgencia. Este señalamiento, que repetidamente es desmentido
por todas las comunidades, este es el argumento que justifica tal
crimen, y es que este cerco constituye un verdadero crimen.

Estamos hablando de una situación de aislamiento absoluto que
abarca todas las dimensiones de la supervivencia de comunidades
enteras. Analizando los datos obtenidos a través de las reuniones
y las conversaciones con las comunidades podemos concluir que la
situación humanitaria es realmente dramática y distribuyendo los
datos por diferentes áreas objeto de estudio serían los
siguientes:

D.1. Educación

Se calcula que hay más de 1069 niñas y niños sin recibir educación
formal, ya sea por abandono o por falta de nombramiento de
personal docente requerido. En las últimas fechas cinco profesores
han tenido que abandonar su cargo y la región por amenazas de
muerte, cuatro escuelas han sido quemadas y saqueadas. De las
setenta plazas que deberían existir, solo 36 están formalmente
establecidas y de éstas, las comunidades cubren todos los gastos
de alimentación y hospedaje. Casi la mitad de estas plazas están
siendo financiadas en un 50% por parte de las mismas comunidades y
en algunos casos, al menos siete, éstas cubren la totalidad del
salario que corresponde cubrir al gobierno colombiano. La
situación de educación tiende a deteriorarse aún más si tenemos en
cuenta que más de veinte profesores están amenazados y nadie va a
querer ejercer esa labor en la zona ya que existe una amenaza
permanente de destrucción o saqueo de los centros educativos en
cada operativo paramilitar.

D.2. Salud

En el campo de la salud la situación es mucho más grave ya que en
el área aludida no existe sino una sola promotora de salud
subvencionada por el estado. Hay dos centros de salud a los que
las comunidades llaman "monumentos" porque solo sirven de adorno
ya que no cuentan con personal médico o paramédico ni con los
recursos necesarios para funcionar. Uno de estos centros fue
saqueado en una de las últimas incursiones paramilitares.

La crisis en salud es tan grave que la mayoría de la población
infantil no cuenta con las dosis básicas de vacunas. En casos de
mucha gravedad los campesinos y mineros no tienen otra alternativa
que arriesgar sus vidas acudiendo a los cascos urbanos en los que
ordinariamente o no son atendidos o lo son a precios muy elevados.

La salud mental está también muy deteriorada tanto en la población
infantil como en las personas adultas, debido a la situación de
continua amenaza, miedo, aislamiento y falta de libertad a la que
es sometida constantemente la población.

Hay un buen número de medicinas básicas que son estrictamente
controladas en los retenes paramilitares, entre ellas están todos
los antibióticos, destrozas, anestesias, antipalúdicos,
antiofídicos y la droga para el mal de pito o lesmaniasis. Desde
los corregimientos se les ha pedido varias veces a las
administraciones municipales que doten de botiquines básicos a las
comunidades, pero no han sido escuchadas. Las comunidades están
experimentando cómo algunas enfermedades que ya estaban
prácticamente controladas o erradicadas, están reapareciendo y se
han extendido convirtiéndose en auténticas amenazas para la vida
de comunidades enteras. La desnutrición, el paludismo y la fiebre
tifoidea, los problemas nerviosos, la hepatitis, la fiebre
amarilla y afecciones a la columna son solo algunas de las muchas
enfermedades que ahora son el pan de cada día.

Esta situación se ve agravada por la aparición de nuevas
enfermedades provocadas por las fumigaciones indiscriminadas que,
como hemos podido constatar por los testimonios de las propias
comunidades, afectan de manera muy negativa a la salud, a la
calidad de las aguas, y los cultivos de "pancoger" con
consecuencias nefastas en la nutrición etc...

En nuestros encuentros con los grupos de mujeres de las
comunidades campesinas y mineras, hemos podido constatar la escasa
posibilidad de participación de las mujeres en los foros de
discusión y decisión y en el tejido social en general, y como
suele ser habitual en situaciones de crisis social, éstas sufren
especialmente las consecuencias de la pobreza y de la violencia.

D.3. Servicios Públicos

En cuanto a los servicios públicos podemos afirmar que éstos no
existen en la región a pesar de que figuran en los presupuestos
municipales partidas para ser invertidas en estas comunidades.
Esta carencia afecta especialmente a las vías de comunicación, el
agua corriente y el alcantarillado, la energía eléctrica, el
teléfono y en general las comunicaciones. Existen ejemplos como el
del puente de la Torera que aparece como una obra terminada en los
informes oficiales y hasta el momento solo cuenta con dos
columnas. La única manera que han encontrado las comunidades para
poder cubrir servicios básicos como vías, centros de salud,
acueductos, comunicaciones y energía, es a través de su propia
gestión como es el caso de la carretera Santa Rosa - San Lucas -
la Punta.

En la zona minera se calcula que las regalías por la producción de
oro en solo tres años pueden superar la suma de los mil millones
de pesos de los cuales no fue invertido ni un solo peso en la
región mencionada. Queda clara una voluntad de desatención total
en el campo de la inversión social por parte de las
administraciones municipales, que unido al cerco paramilitar-
militar están condenando a estas comunidades más que a la pobreza
absoluta a la desaparición.

D.4. Vivienda.

No existe ningún programa de vivienda de interés social en la
zona, a pesar de que las condiciones infrahumanas de los lugares
donde habitan lo aconsejan. Por el contrario, se han dado casos de
desvíos de partidas para vivienda en esta región. Supimos de un
caso en el que se desvió para la zona urbana del municipio de
Santa Rosa un proyecto de vivienda que había sido presentado para
los desplazados en una zona rural.

El drama es mucho mayor en términos de contar con una vivienda
digna, ya que una de las estrategias utilizadas por los grupos
paramilitares para obligar a la población a abandonar su
territorio es la quema y saqueo de sus viviendas. Supimos de la
destrucción de más de 250 viviendas en operativos paramilitares y
hay casos de familias a las cuales les han quemado sus casas hasta
tres veces.

D.5. Movilidad Humana.

Ninguno de los habitantes de estos pocos corregimientos, puede
llegar tranquilamente a los cascos urbanos a riesgo de ser
desaparecido, amenazado o por lo menos amedrentado verbal o
físicamente, de hecho la gran mayoría llevan años sin salir a los
cascos urbanos. En los 15 municipios que se encuentran bajo el
cerco se calcula que la cifra de personas sitiadas puede alcanzar
las 150.000.

D.6. Restricción alimentaria.

Este es tal vez uno de los principales objetivos del cerco
paramilitar y militar ya que productos básicos para la
supervivencia se han convertido en objetos ilegales que deben ser
escondidos para poder pasar el cerco e introducirlos en la zona.
Este es el caso de las medicinas, baterías, calzado (especialmente
las botas), ropa de color oscuro y en ocasiones cualquier producto
alimenticio. En los retenes paramilitares se exigen las facturas
de las compras. De esta manera verifican si cumple el criterio de
compra quincenal aunque en algunos retenes permiten una entrada
semanal. En cuanto al total de la compra no se les permite entrar
más de 50.000 o 100.000 pesos, cifra que varía según los retenes.
Como la gente no puede bajar a hacer sus compras, el mecanismo al
que recurren es encargar los productos a los transportadores o
alas personas que se arriesgan a salir, aunque los paramilitares
ya han anunciado que no van a permitir más estos mecanismos, con
lo cual quedarían totalmente sitiadas.

En los días de permanencia en las comunidades campesinas se pudo
ver