La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción
actuando en nombre de las comunidades campesinas desplazadas de la hacienda
Bellacruz y reubicadas en los predios La Miel, Cambulos y La Cochinilla, recibe
con inmensa alegria y esperanza la reciente detención del ex-embajador de
Colombia ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, Carlos Arturo Marulanda
Ramirez, efectuada por la Interpol en Madrid en cumplimiento de una órden de
captura ordenada por la Fiscalía General de la Nación el 15 de enero de 1999.

Manifestamos nuestra firme demanda para que las autoridades españolas respeten
los pedidos de extradición de las autoridades judiciales colombianas para
responder por la responsabilidad activa en los delitos de paramilitarismo,
autoría intelectual de los crímenes que de este hecho emanaron y que segaron la
vida de nuestros valiosos dirigentes y pobladores del Sur de Cesar y condenaron
al desplazamiento indefinido a 10 poblaciones campesinas asentadas en la
hacienda Bellacruz, previa la destrucción de sus bienes, cultivos, escuelas y
obras comunitarias.

La familia Marulanda como innumerables latifundistas colombianos, se apropiaron
y fundaron un latifundio de mas de 20.000 hectáreas mediante de el uso de la
violencia, las compras forzadas de las tierras de las poblaciones campesinas
del sur del departamento del Cesar desde los años cuarenta. Durante décadas,
las comunidades campesinas realizaron una larga lucha por recuperar las tierras
usurpadas, siendo víctimas de todo tipo de violencia efectuada por las fuerzas
militares, policiales y paramilitares : asesinatos selectivos de nuestros
líderes como Gabriel López, Gumercindo Vuelvas, desapariciones forzadas,
torturas, violaciones sexuales, destrucción de cultivos, viviendas, cientos de
desalojos violentos. Marulanda, aprovechando sus cargos de Ministro de
desarrrollo primero y Embajador despues, mantuvo una fuerte base militar dentro
de la Hacienda que se ocupaba de reprimir y perseguir las comunidades.

La legítima y valerosa lucha campesina, obligó al Estado colombiano a definir
la propiedad de Bellacruz que quedó demostrada con tres sentencias del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA y el Consejo de Estado (Res
1551 de20.04.94; Res 1125 de 13.03.96; Exp 12005 de 28.06.96). Sin embargo, la
noche del 14 de febrero de 1996, paramilitares al servicio del ex-embajador y
en presencia pasiva de efectivos militares del batallón 40 "Heroes de
Santuario", efecturon un desalojo salvaje y definitivo de las 10 poblaciones
campesinas asentadas en Bellacruz.

Realizamos innumerables llamados de protección a las autoridades locales,
regionales y nacionales sin respuesta. Iniciamos una larga y dolorosa
resistencia pacífica mediante la ocupación indefinida de oficinas del INCORA y
la Defensoría del Pueblo en Bogotá, entre el 11 de marzo de 1996 y el 18 de
mayo de 1997. El gobierno colombiano en cabeza del ministro Horacio Serpa
Uribe firmó acuerdos en materia de tierras, protección, binestar y desarrollo
tendientes a retornar a Bellacruz, previo desmantelamiento de los grupos
paramilitares que se habían asentado en las tierras campesinas (14.03.96;
12.04.96; 06.06.96; 15.05.97).

La falta de voluntad política de afectar los intereses de los latifundistas
Marulanda y el paramilitarismo que había adquirido un absoluto control
territorial en el Sur del Cesar, obligó a las comunidades a aceptar un proceso
de reubicación en tres predios comprados por el INCORA, en regiones lejanas al
Sur del Cesar obedeciendo la sentencia paramilitar que exigía alejarse a más de
100 kilómetros de Bellacruz.

Los acuerdos de protección nunca fueron cumplidos por el Estado colombiano,
durante esta larga lucha, las agrupaciones paramilitares al servicio del ex-
embajador sembraron de sangre el Sur del Cesar; entre las víctimas se
encuentran : Jesus Toscano, Diosenel Toscano, Dinael Toscano, Jose del Carmen
Toscano, Eder Narvaez Corrales, Jaime Laguna Collazos, Eliseo Narvaez Corrales,
Edinson Donado,Luis Jose Lemus Sanchez, Segundo Vasquez, Otoniel Canizares
Jacome, Jesus Galvan (desaparecido),Elger Castillo desaparecido),Alfonso
Osquidia (desaparecido), Cesar Diaz (torturado-asesinado), Jorge Caceres
(torturado-asesinado),Daniel Hoyos (torturado-asesinado),Ricardo Cacua
(detenido-desaparecido), Luis Segundo Torres, Belisario Sumalave,Tulio
Angarita, Abdel Sumalave, German Umana, Jose Antonio Quintero, Jose Guarin,
Rafael Baena, Cediel Sanchez, Manuel Tapias, Hernan Contreras, Ciro Botello,
Juan Pacheco, Dioscelino Quinonez, Eduardo Prada,, Carmen Rosa Arenas y su
hermana, Francisco Rodriguez,trabajador Estatal, torturado y amenazado), Miriam
Contreras (esposa de Eliseo Narvaez, herida durante su crimen), Edinson Donado
(hijo de 2 anos de Edinson Donado, herido durante su crimen),Ariel Toscano
(amanazado y exiliado), Manuel Narvaez (amenazado y exiliado), Maria Angarita
(amenazada y exiliada), Belen Torres (dirigente campesina nacional, amenazada y
exiliada).

La acción jurídica, de denuncia y solidaridad de organizaciones colombianas y
europeas, logró la "renuncia" de su cargo de embajador y que se abrieran
procesos de investigación por parte de la fiscalía tendientes a establecer la
responsabilidad y castigo tanto de la familia Marulanda como del Estado
Colombiano en los hechos violentos. Permanece en prisión en Valledupar
Francisco Alberto Marulanda, pero por manejos dilatorios por parte de sus
abogados y jueces dentro del proceso podría terminar en un levantamiento de las
medidas de aseguramiento por vencimiento de términos si no hay una desición de
fondo que permita un juicio inmediato. Por otra parte, continúa en huida y
bajo órden de captura Edgar Rodríguez "caballito", hermano de crianza de los
Marulanda y actor material de hechos violentos. Sorprendentemente, en este
proceso, no se ha vinculado ningun miembro militar a pesar de los numerosos
testimonios que señalan como cómplices de las actuaciones paramilitares a las
fuerzas militares y de policia acantonadas en el municipio de Pelaya y en la
propia hacienda Bellacruz como es conocido el nombre del teniente Capacho del
ejército nacional.

Reciente sentencia de un Tribunal Administrativo, dictaminó la responsabilidad
del Estado colombiano en el desplazamiento masivo de las comunidades de
Bellacruz, como primer fallo en Colombia en esta materia.

Las comunidades de La Miel, Cambulos y La Cochinilla, mantinen su entera
voluntad de búsqueda de justicia y superación de la impunidad. En condiciones
de abandono estatal e incumplimiento de los acuerdos suscritos en 1996, son
sometidas a continuas presiones para obligarles a pagar el 30% del valor de la
tierra en donde fueron reubicadas, aplicádoles la política neoliberal de
reforma agraria de mercado como si se tratase de campesinos que han elegido
"libremente" esa forma de acceso a la tierra. La negativa de No Pagar la
tierra por razones éticas y económicas, los ha condenado a marginarlos del
acceso a los créditos de producción, los servicios públicos básicos, la salud,
la educación, las viviendas; la población que conforma la comunidad de Cambulos
integrada por 23 familias, padece de enfermedades gastro intestinales, dengue
hemorrágico, enfermedades de la piel que afectan fundamentalmente a la
población infantil por la carencia absoluta de agua potable; sin contar que
esas tierras se encuentran en zona de alto riesgo por erupciones volcánicas del
nevado Ruiz y que impiden pensar en un asentamiento definitivo.

Pese a las presiones gubernamentales y amenazas constantes, las comunidades,
demuestran su capacidad de trabajo agrícola, su disposición a autoabastecerse
por sus propios medios de alimentos sanos, por hacer uso racional y sostenible
de los suelos, por mejorar su nivel de vida, por fortalecer sus procesos
organizativos, por guardar su autonomía como comunidades campesinas que buscan
su propio desarrollo. Muchas de las familias de estos asentamientos y las que
continuan en situación de desplazamiento, guardan la esperanza que algun día se
haga justicia y haya condiciones que permitan un posible retorno a la Bellacruz
tierra de sus ancestros.

Rogamos y agradecemos a todas las organizaciones y personas del mundo que han
respaldado este conflicto, dirigirse a las autoridades españolas para exigir la
entrega de Carlos Arturo Marulanda a la justicia colombiana e impedir que este
caso se suma a la impunidad reinante en Colombia.

Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción