La Naturaleza y los seres humanos formamos parte de un mismo equilibrio, lo que hagamos con la Madre tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos, comprometiendo nuestro futuro. Los Pueblos Indígenas de Guatemala pedimos al gobierno que en nuestro territorio se respete la naturaleza y se valore la vida integralmente

El derecho a la tierra, a nuestros territorios y a la soberanía sobre los recursos naturales abarca dimensiones espirituales, políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales, esenciales para la existencia y supervivencia de los Pueblos Indígenas.

Este derecho es esencial para el ejercicio de la libre determinación de los Pueblos Indígenas y está contemplado en los Acuerdos de Paz, en tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado guatemalteco como el Convenio 169 de la OIT, así como en las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales sobre derechos humanos.

Hoy ante la inminente puesta en vigencia del TLCAN, se pretende modificar más de una decena de leyes al gusto de los Estados Unidos y al margen de los intereses y demandas de los guatemaltecos. Debemos estar alerta para que las leyes y políticas nacionales relacionadas con el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas no sean discriminatorias o contradictorias con el derecho consuetudinario y las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos.

Exigimos al gobierno que respete el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previamente, con libertad y pleno conocimiento, sobre cualquier proyecto de desarrollo en sus territorios. El Estado esta llamado a establecer mecanismos de consulta con nuestras poblaciones para definir los enfoques del desarrollo con base en nuestras propias aspiraciones.

Denunciamos las acciones de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID al apoyar los proyectos de empresas trasnacionales y sus socios nacionales para apropiarse de nuestros territorios y poder realizar actividades extractivas que contaminan y destruyen nuestro ambiente, tal como: minería de metales, petroleras, refinerías, megaproyectos hidroeléctricos, ingreso de semillas transgénicas que contaminan nuestra biodiversidad, etc.

Denunciamos que el gobierno está empleando cada vez más, la represión violenta, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social, inventando delitos a dirigentes, ejecutando desalojos violentos de nuestras tierras, etc., para imponer la política antipopular y neoliberal. Basta señalar los sucesos ocurridos en San Vicente Pacaya, Sololá y Nueva Linda.

Denunciamos que las empresa transnacional Glamis Gold y su subsidiaria Montana Exploradora, impulsan todo tipo de manipulaciones y engaños en las tierras y territorios de comunidades indígenas de San Marcos con la intención de debilitar la resistencia comunitaria a la imposición de su proyecto minero.

Nos oponemos rotundamente a la utilización y futura apropiación de nuestra riqueza genética por instituciones privadas. Rechazamos firmemente el establecimiento de patentes sobre recursos fitogenéticos, biodiversidad y conocimiento tradicional; ya que este es un mecanismo de las transnacionales para apoderarse de los recursos y sabiduría ancestral de nuestros pueblos.

Nos oponemos terminantemente al negocio que las transnacionales están haciendo con las semillas que nos proporcionan alimento al convertirlas en organismos genéticamente modificados provocando la escasez para incrementar su control de los alimentos y aumentar sus ganancias. Reafirmamos el derecho de nuestros pueblos al uso de nuestras semillas nativas, ya que esto asegura a la humanidad la posibilidad de seguirse alimentando, por lo que exigimos a nuestras autoridades declarar el territorio nacional “Libre de Transgénicos”.

El agua y el aire que respiramos, son recursos inherentes a la naturaleza humana y de todos los seres que habitamos la tierra, nos oponemos rotundamente a su privatización.

Es necesaria una nueva política de pesca que reconozca el derecho de las comunidades de pescadores y detenga la pesca industrial que agota la vida en el mar.

La concepción del territorio ha estado históricamente ausente de los procesos de política agraria. Ninguna política agraria es aceptable si solo se piensa en distribución de la tierra. La nueva Reforma Agraria debe incluir las cosmovisiones de territorio de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas sin tierra, de las personas que dedican su trabajo a la producción de alimentos y sostienen una relación de respeto y armonía con la Madre Tierra.

EXIGIMOS

1. La suspensión inmediata en la entrega de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y de petróleo en el territorio, hasta llegar a un entendimiento de todos los sectores de nuestra sociedad plasmado en una nueva legislación de minería y Petróleo, que responda al interés de todos los guatemaltecos, sin comprometer los derechos de las generaciones futuras.

2. Que se apoyen pequeños proyectos hidroeléctricos manejados por las municipalidades y organizaciones representativas de la comunidad, y que los mismos queden fuera del círculo privatizado del servicio de electricidad, a bien de bajar los altos costos del servicio. Al mismo tiempo rechazamos los megaproyectos hidroeléctricos que atentan con el desalojo de comunidades, además de afectar el ambiente, con el agregado que son proyectos privados que sólo buscan el lucro a costa de la apropiación de nuestros ríos.

3. Que el estado de Guatemala reconozca que el agua y el aire que respiramos, son recursos inherentes a la naturaleza humana y de todos los seres que habitamos la tierra, y que tratándose de elementos esenciales para la vida, jamás podrán privatizarse.

4. Que se respeten los resultados de las consultas realizadas en San Marcos y Río Hondo donde se refleja el sentir de las comunidades y que se establezcan procedimientos claros para la realización de nuevas consultas.

5. Exigimos a las autoridades del gobierno a comprometerse decisivamente con una Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía Alimentaria, el Territorio y la dignidad de los Pueblos indígenas de manera que se garantice el acceso y control efectivo de los recursos naturales y productivos para el ejercicio de sus derechos humanos y que el uso de los recursos naturales se ponga primordialmente al servicio de la producción de alimentos.

6. Que se emita una nueva política y legislación de pesca que reconozca el derecho de las comunidades de pescadores y detenga la pesca industrial que esta agotando la vida en el mar.

7. Que se respete el derecho de nuestros pueblos al uso de nuestras semillas nativas, ya que esto asegura a nuestros pueblos la posibilidad de seguirnos alimentando. Por lo que exigimos a nuestras autoridades declarar el territorio nacional “Libre de Transgénicos y de organismos genéticamente modificados”.

8. Que se penalice a finqueros de la costa sur que se apropian de los ríos a costa de dejar sin agua a las comunidades río abajo. La manipulación de las cuencas por el sector cañero y propietarios de ingenios de azúcar ha agravado los desastres en las comunidades, cuando llegan las tormentas tipo Mitch y Stan. En este momento la apropiación criminal de los ríos se mantiene en la impunidad.
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