San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 3 de Diciembre de 2005.

A LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS PRESENTES EN ESTE FORO.
A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, MÉXICO Y OTRAS NACIONES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En esta jornada de lucha y denuncia contra la Represión de Estado ejercida por el gobierno ilegítimo que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) recuerda la siguiente lista de atropellos que sufrimos directamente, como Coordinadoras Regionales de la Sociedad Civil en Resistencia, durante los cinco años que lleva la presente administración.

1. 27 de Julio de 2001. En la comunidad indígena de San José, municipio Marqués de Comillas, un violento operativo de la policía estatal provocó lesiones a la población en general, saqueo de tiendas así como destrucciones y robos en 81 viviendas, llevándose presos a 36 compañeros de nuestra organización, quienes recibieron golpes y maltratos durante su traslado a Tuxtla Gutiérrez. 32 de ellos fueron torturados como lo demostraron los certificados médicos, y 4 tuvieron que ser hospitalizados con graves heridas incluso de bala. Salieron libres tres días después, luego de las movilizaciones emprendidas por nuestra organización, debido a que eran completamente inocentes de cualquier ilícito. El gobierno estatal recibió sendas Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como un informe especial de denuncia por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sin que hasta la fecha el Estado haya indemnizado a las víctimas ni ejercido justicia penal en contra de quienes ordenaron y ejecutaron dicho operativo arbitrario.

2. 25 de Septiembre de 2001. Detención ilegal de tres autoridades de la comunidad Arroyo Delicias, municipio Benemérito de las Américas, a quienes trasladaron a Ocosingo; donde recibieron golpes y amenazas, debido al acto de justicia comunitaria que unos días antes detuvo a 4 policías estatales y les retuvo sus dos vehículos, por encontrarlos flagrantemente saqueando vestigios arqueológicos en una cueva del ejido. Nuestros compañeros fueron liberados a los dos días de su detención arbitraria, luego de un bloqueo carretero que realizamos en el lugar, sin que hasta la fecha se haya castigado a los policías agresores ni a los policías saqueadores de la cueva.

3. 17 de Abril de 2002. Ante las elevadas e injustas tarifas de luz, 900 familias de Puerto Madero, municipio de Tapachula, decidieron conformar el Frente de Lucha 24 de Noviembre y sumarse con nuestra organización al movimiento de Resistencia al No Pago de la Energía Eléctrica. Sin embargo creyeron en el engaño del gobierno estatal y aceptaron participar en las mesas de trabajo que éste montó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la PROFECO, procediendo a llevar el asunto por vía legal y consignar sus pagos de luz en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pero incumpliendo los acuerdos firmados, el 16 de abril arribaron al lugar decenas de trabajadores de la paraestatal para realizar un corte masivo. Habían cortado la luz en unas 150 casas, cuando la población decidió poner fin a esa provocación y retuvo, sin agredirlos como lo constataron los periodistas presentes, a 28 trabajadores de la CFE. A través de los medios de comunicación la gente dio a conocer los hechos, exigiendo la presencia inmediata del gobierno estatal y directivos de la CFE para dar una explicación y cumplimiento a los acuerdos violados por la paraestatal. Sin embargo las autoridades no acudieron a dialogar, sino que enviaron al día siguiente por la tarde un millar de policías de diferentes corporaciones estatales y federales que llegaron disparando al aire y provocando el pánico, golpearon y rociaron gas lacrimógeno indiscriminadamente a la población en general, allanaron decenas de viviendas destruyendo sus pertenencias y finalmente detuvieron a 20 hombres: cuatro de los cuales continúan hasta el día de hoy presos con sentencias de 13 y 15 años, reportando haber recibido fuertes golpizas en la cárcel. Como resultado del operativo un niño de 5 años ingresó al hospital por intoxicación con lacrimógenos y una señora embarazada perdió su bebé al haber sido arrojada por la cuesta de una cuneta. Ningún policía ha sido procesado por el abuso de autoridad y lesiones que ejercieron.

4. 29 de Julio de 2002. Con motivo del primer aniversario de impunidad oficial por el operativo en San José, y por el incumplimiento en las promesas gubernamentales de indemnizar a la comunidad, realizamos un plantón de protesta en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, del 26 de julio al 1º de agosto de ese año. Ante la cerrazón gubernamental que no atendió nuestro reclamo, el lunes 29 decidimos efectuar bloqueos carreteros la carretera Tuxtla – San Cristóbal y en el crucero Pulpitillo en al zona norte del estado, para exigir justicia. Como respuesta, al primer bloqueo llegaron funcionarios del gobierno estatal y un Ministerio Público, acompañados de un numeroso contingente de la Policía Sectorial y de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el respaldo de elementos de la Policía Federal Preventiva, procediendo a desalojarnos violentamente, amenazando de violación sexual a algunas compañeras y golpeando de paso a un periodista del diario Cuarto Poder y Televisa. Mientras tanto, en el segundo bloqueo hubo hostigamiento y provocaciones de parte de las mismas corporaciones policíacas, a las que se sumó también el ejército federal; intentaron infiltrar en nuestro movimiento algunos provocadores en estado de ebriedad y finalmente se presentaron conocidos miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, quienes nos agredieron físicamente y lanzaron graves amenazas.

5. 19 de Diciembre de 2002. Elementos de la Armada de México, Policía Federal Preventiva y agentes de la PROFEPA, desalojaron con presiones violentas y amenaza de encarcelamiento a nuestros compañeros de la comunidad Lucio Cabañas (o Arroyo San Pablo), que se asentaba en la zona de los Montes Azules. Fueron llevados a un albergue en la ciudad de Comitán, bajo la incumplida promesa de que serían reubicados.

6. 23 de Diciembre de 2002. Policías municipales de Oxchuc detienen arbitrariamente y encierran a un compañero nuestro, liberándolo al día siguiente luego del pago de una multa también arbitraria. La “razón” de su detención fue haberles cuestionado a dichos policías, el porqué detenían sin justificación alguna a un transeúnte: a quien liberaron después, por no existir motivos en su contra.

7. 23 de Enero de 2003. Policías de Oxchuc detuvieron ilegalmente a 3 compañeros de nuestra organización, cuando acudieron a un citatorio que les hicieron los regidores y el presidente municipal. La razón de esta arbitrariedad ordenada en ése momento por el edil, fue que los tres no pagaban su luz. Los mantuvieron incomunicados y sin darles agua y alimentos, hasta que fueron liberados el día siguiente por la intervención de la CEDH. Se procedió a realizar la demanda penal correspondiente, sin que a la fecha haya sido atendida por las autoridades incompetentes.

8. 21 de Mayo de 2003. Luego de cinco meses en que el gobierno incumplió su “promesa” de reubicación, las familias de nuestra organización que fueron desalojadas de su comunidad en los Montes Azules, decidieron abandonar el albergue urbano donde las tenían hacinadas y refugiarse con compañeros nuestros en la comunidad de Francisco J. Grajales, en Marqués de Comillas. De inmediato vino el hostigamiento permanente y amenazas por parte de elementos de la Profepa, PFP, AEI y funcionarios de la Secretaria de Gobierno de Chiapas que los presionaban para que firmaran varios documentos. El hostigamiento se extendió por más de un mes, hacia todos nuestros compañeros de la comunidad. Las familias desalojadas jamás fueron reubicadas y continúan viviendo en tierra prestada gracias a la solidaridad de sus hermanos y hermanas de la región.
9. 3 de Junio de 2004. Luego del fracaso rotundo que tuvo el engaño llamado Tarifa Vida Mejor, burla urdida por el gobierno de Pablo Salazar y la Comisión Federal de Electricidad, procedieron entonces a realizar en todo Chiapas operativos violentos de cortes masivos de luz, perpetrados por grupos de choque con uniforme de la paraestatal. Así, este día en la cabecera municipal de Yajalón arribó un grupo de supuestos trabajadores de la CFE, todos ellos jóvenes robustos con corte de pelo tipo militar, dos de los cuales arremetieron cinturón en mano contra una señora y su hijo de 15 años que habían salido a protestarles. Poco después un compañero de nuestra organización de 70 años de edad, intentó evitar el corte y fue brutalmente chicoteado con el mismo cable que le robaron de su casa.

10. 10 de Junio de 2004. Después de dos días de cortes masivos en Yajalón, los supuestos trabajadores de la CFE golpearon a un joven de nuestra organización que intentó evitar que éstos robaran el cable de su casa. Intervino entonces su padre de 69 años de edad para defenderlo, y fue igualmente golpeado junto con dos de sus hijas que también salieron. Ese mismo día y por el mismo motivo, golpearon a otro compañero nuestro.

11. 21 de Junio de 2004. Cuatro mujeres y dos hombres de nuestra organización resultaron con fuertes lesiones, durante el operativo de corte masivo perpetrado ese día en la comunidad Flor de la Alianza, municipio de Tumbalá. Cuarenta presuntos trabajadores de la CFE arribaron al lugar aquella mañana, en siete camionetas de la paraestatal previamente cargadas con piedras. Cuando procedieron a cortar la luz robándose los cables de las viviendas, varias mujeres de nuestra organización salieron para tratar de evitar el corte, pero los golpeadores de la CFE las golpearon con los mismos cables hurtados y con las piedras que traían en sus vehículos, sin importar que algunas de ellas llevaban bebés en la espalda. Un grupo de mujeres valientes que procedieron a devolverles las pedradas, se vieron en la necesidad de huir y protegerse dentro de dos casas, las cuales fueron allanadas por los agresores, destruyendo todo lo que hallaron a su paso: un refrigerador y un televisor fueron botados al suelo, rompieron muebles y ventanas, dejaron una tienda de abarrotes destruida y quebraron el parabrisas de una camioneta. Otro grupo de mujeres que salieron huyendo hacia la montaña, fueron perseguidas a pedradas y amenazadas de que regresarían más tarde para detener a sus maridos. El corte masivo fue indiscriminado, dejando sin luz a la clínica y a familias que ni siquiera estaban en Resistencia. Se inició la demanda penal correspondiente, sin que a la fecha haya sido atendida debidamente.

12. 22 de Junio de 2004. Llegaron a la cabecera municipal de Tila varias camionetas de la CFE llevando piedras abordo, y antes de iniciar los cortes masivos comenzaron apedreando indiscriminadamente a la gente que aparecía por donde ellos estaban. En este atropello resultaron lesionados dos compañeros de nuestra organización y mucha gente más.

13. 18 de Octubre de 2004. Un compañero de nuestra organización viajaba en transporte público por la carretera fronteriza del sur, y al llegar al retén que mantiene el ejército federal en Loma Bonita, municipio de Marqués de Comillas, fue detenido arbitrariamente por no llevar consigo su credencial de elector, no obstante que les mostró la copia de su acta de nacimiento (documento de identificación que es muy usual en el estado). Nuestro compañero alegó la ilegalidad de que le pidan identificarse siendo mexicano, y los militares procedieron a bajarlo del vehículo sin darle oportunidad de bajar la carga que había comprado en Comitán. Luego de ser privado ilegalmente de su libertad por dos horas, entre insultos fue puesto en libertad teniendo que irse caminando.

14. 15 de Febrero de 2005. Luego del fraude electoral del 3 octubre de 2004, perpetrado por el candidato paramilitar del PRI en las elecciones municipales de Tila, se desató un conflicto con los seguidores del también paramilitar pero para entonces expriísta, que encabezó la Alianza PRD-PT. Ante esta situación, nuestros compañeros en el municipio se sumaron al creciente movimiento popular que desconocía a ambos contendientes y proponía como alternativa la conformación de un Consejo Municipal integrado por representantes de todas las comunidades. A fines de enero de 2005, Pablo Salazar Mendiguchía, que antes había impuesto en la alianza PRD-PT a su candidato paramilitar recién salido del PRI, ahora presionaría a estos partidos, así como a todos los diputados locales de todas las fracciones, para que reconocieran el triunfo fraudulento del paramilitar priísta. Las dirigencias de todos los partidos, el Congreso local y el gobierno del estado, firmaron el acta de acuerdo en ese sentido, solicitando a la vez que la fuerza pública procediera a desalojar la presidencia municipal que se encontraba tomada por el movimiento inconforme. Así, ese 15 de febrero fue atropellado el pueblo de Tila por un violento operativo de la Policía Sectorial, que iba encabezado por conocidos paramilitares priístas del grupo Paz y Justicia, algunos con uniforme de policía como en tiempos de Albores Guillén, que señalaban a quiénes se iba a detener. Los elementos represivos allanaron decenas de hogares, golpearon gente indiscriminadamente, cubrieron el poblado con nubes de gas lacrimógeno, cometieron toda clase de abusos y excesos, provocaron que cientos de mujeres huyeran aterradas con sus hijos hacia las montañas… para llevarse finalmente a 69 detenidos: nueve de ellos compañeros de nuestra organización de las comunidades de Cantioc y Nueva Esperanza. Cuatro fueron liberados a la semana, pero los cinco restantes recuperaron su libertad hasta un mes después, gracias a 8 bloqueos carreteros que efectuamos en distintos puntos del estado y que Resistieron los embates amenazantes de las distintas policías estatales y de la PFP.

15. 6 de Abril de 2005. El 14 de marzo la presidenta municipal de Oxchuc se presentó en casa de un compañero de nuestra organización, para decirle que la parcela de su propiedad había sido donada por PEMEX al municipio y que iban a tomar posesión de él. Nuestro compañero se negó a tal despojo, ya que cuenta con los documentos que lo acreditan como propietario desde hace 60 años. Poco después llegó un desconocido y le ofreció a nuestro compañero $60,000 por una fracción de dicho terreno, pero su oferta fue rechazada. El 1 de abril se presentó en el lugar el Presidente de Bienes Comunales, para efectuar la medición del citado predio y adjudicárselo a una vecina priísta. Así, el 6 de abril llegó un grupo de seis hombres acompañando a dicha vecina, y comenzaron a cercar el terreno en cuestión; el afectado fue a pedir ayuda a miembros de nuestra organización, quienes procedieron a detener en flagrancia y por despojo al marido de la citada señora, amarrándolo a un árbol. Esto provocó que llegaran 12 policías municipales con su director al frente, que armados con toletes y gases lacrimógenos agredieron fuertemente a nuestros compañeros, quienes se defendieron resultando gravemente herido en la cabeza y fracturado de un brazo el dueño legítimo del predio. Los gastos de hospitalización e intervención quirúrgica de este compañero no han sido cubiertos por las autoridades responsables, ni ha avanzado la denuncia penal correspondiente que se levantó por estos hechos.

16. 21 de Abril de 2005. Como venganza por lo sucedido días antes, policías municipales de Oxchuc detuvieron arbitraria e ilegalmente a 5 hombres del Barrio Santo Tomás: militantes de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia, de la Organización Tres Nudos y del PVEM. En respuesta a esta acción ilegal e injustificada, habitantes de la localidad retuvieron en flagrancia a uno de los policías agresores. Se pactó entonces con la presidencia municipal y autoridades estatales un intercambio de retenidos; pero a los 5 primeros los golpearon y les obligaron a firmar un documento que habla de una versión completamente falsa de los hechos ocurridos.

Todas estos actos represivos de Estado fueron debidamente detallados por la prensa estatal y nacional. En ninguno se nos ha hecho justicia, a pesar de que en varias ocasiones acudimos a las instancias correspondientes. Lejos de ello, seguimos siendo objeto de hostigamiento y amenazas por no callarnos.

Este es un cúmulo más de testimonios que como muchos otros, demuestra que el actual régimen encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía debe ser calificado como TERRORISMO DE ESTADO. No existe en la entidad ningún respeto a los derechos legítimos de nuestro Pueblo y los derechos humanos son violados de manera sistemática. La impunidad oficial es una maraña en la que se confabulan los tres niveles de gobierno: municipal, federal y estatal. Los órganos de procuración de justicia siguen regidos por la corrupción y la complicidad con las estructuras represoras del Estado. Las diferentes policías estatales no han sido renovadas ni mucho menos emprendido cambios en su forma de accionar, perdurando los viejos vicios de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza; además de la tradicional corrupción y su reiterada participación, directa o en complicidad, con las bandas de la delincuencia organizada. No existe una real división e independencia de los tres Poderes de gobierno en Chiapas, sometiéndose el Judicial y el Legislativo a los caprichos dictatoriales del Ejecutivo. Los medios de comunicación oficiales y los privados controlados por el gobierno, siguen ocultando la verdad y orquestando campañas de mentiras que distorsionan la realidad.

Por todo ello seguiremos en Pie de Lucha hasta que, junto con otras y otros, construyamos una patria libre, soberana y justa para todo nuestro Pueblo.

!!! LIBERTAD INCONDICIONAL A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
DEL PAÍS Y DEL MUNDO ENTERO!!!

¡¡¡ CESE AL HOSTIGAMIENTO, PERSECUCIÓN Y ENCARCELAMIENTO
DE LUCHADORES SOCIALES !!!

¡¡¡ FIN A LA LEY MORDAZA DE PABLO SALAZAR !!!

¡¡¡ ALTO A LA IMPUNIDAD OFICIAL !!!

Por la Liberación del Pueblo Oprimido

Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS)

Av. Yajalón N° 14, Barrio El Cerrillo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Teléfono y Fax: (967) 678-0784 Correo Electrónico: coordaltos@yahoo.com.mx