CAMINATA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CONTRA EL RACISMO Y
LA DISCRIMINACION

Al Presidente y Vicepresidente Constitucional de la
República, Lic. Oscar Berger Perdomo y Dr. Eduardo
Stein

Como ORGANIZACIONES INDIGENAS, haciendo uso de nuestros derechos
que nos otorga la Constitución Política de la República, el
Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo
y de otros instrumentos internacionales tratados y convenios
ratificados por el Estado guatemalteco, relacionado a los
derechos de los pueblos indígenas, señalando como lugar para
recibir notificaciones la octava avenida dos guión veintinueve,
zona uno, de la ciudad capital

EXPONEMOS:

Que como organizaciones indígenas del pueblo maya, garífuna y
xinca, nos preocupa sobremanera la existencia de prácticas
racistas y de discriminación en contra de los pueblos indígenas,
en las diferentes entidades del Estado, en las políticas públicas
y en la sociedad en general. Estas prácticas ha sido
invicibilizado, negado e incluso justificados por quienes lo
practican, siendo estas, uno de los efectos de la colonización y
ahora como problema estructural, que viene obstaculizando el
desarrollo integral del país, especialmente el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas.

Que los resultados de nuestras evaluaciones, relacionados a la
promoción y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas,
campaña contra la discriminación y racismo así como de las
recomendaciones hechas a las autoridades estatales, para mejorar
las condiciones de vida de los pueblos indígenas, contra la
discriminación y racismo y la vigencia plena de los derechos
colectivos, entre ellas mencionamos las recomendaciones del Señor
Rodolfo Stavenhagen, relator sobre derechos de los pueblos
indígenas de la ONU, del Señor Doudou Diène, relator Especial
sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. A estas
conclusiones y recomendaciones, se han hecho pocos esfuerzos para
su cumplimiento.

Que es ya del conocimiento público, las denuncias hechas con
anterioridad sobre la situación que atraviesa el Programa
Nacional de Resarcimiento, hasta la fecha no hemos visto ninguna
acción concreta por parte del ejecutivo, para superar las
deficiencias, las contradicciones internas y prioritariamente
corregir y superar las prácticas del racismo y discriminación en
contra de los indígenas, sean estos trabajadores o beneficiarios
del programa. Mientras no se tomen las medidas correctivas
pertinentes, no habrá resarcimiento pronto, digno y justo a las
víctimas.

Que en las política públicas, no se toman en cuenta el carácter
multicultural de la nación guatemalteca y se priorice las
inversiones del gasto público, definición de programas, planes y
proyectos innovadores, para el desarrollo de los pueblos
indígenas, haciendo énfasis en las regiones y comunidades con más
índice de pobreza y pobreza extrema. Hemos observado con
preocupación que se ha dado poca importancia y apoyo a las
instituciones relacionada al desarrollo de los pueblos indígenas
dentro del Estado, sean estos a nivel de asignación
presupuestaria, definición de políticas y de la participación
real de los pueblos indígenas.

Que en las experiencias recientes de consulta a las comunidades
indígenas, sobre las concesiones y minerías, es una práctica
incipiente, por lo que debe de haber mecanismos eficientes, para
la información previa, consciente y búsqueda de consensos para
las tomas de desciciones. Los fundamentos legales rezan en el
Convenio 169 de la OIT.

Que de conformidad con las experiencias vividas y denunciadas
públicamente al no permitirnos ingresar a los distintos
establecimientos públicos por el hecho de ser Indígenas, es otra
práctica discriminatoria que debemos afrontar, por lo que es
necesario regular a través de un Acuerdo Gubernativo el Derecho
de Admisión.

Asimismo manifestamos nuestro desacuerdo a todos los
requerimientos formales que está solicitando el Programa Nacional
de Resarcimiento, para poder ser beneficiarios del resarcimiento,
las víctimas ya hemos sufrido décadas y además, cuando se
cometió el genocidio, las desapariciones forzadas, el
desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudicial a nuestros
familiares no les pidieron constancias y papelería,

En base a los argumentos que hemos expuesto, formulamos la
siguiente

PETICION:

Que se reconozca oficialmente, la existencia de las prácticas del
racismo y discriminación en la sociedad guatemalteca y que a
partir de programas de entidades del Estado, se realicen campañas
de información y de sensibilización a nivel nacional; solo de
esta manera se podrá fomentar la tolerancia en la sociedad
guatemalteca por ende del fortalecimiento del proceso de paz.

Que se recopile las conclusiones y recomendaciones hechas al
Estado de Guatemala, por los relatores especiales de la ONU,
relacionadas a vigencia de los derechos de los pueblos indígenas,
discriminación racial y de otros instrumentos internacionales
ratificado por Guatemala. Que después de una evaluación junto a
la representación indígena se logre definir las políticas, planes
y recursos para darle su cumplimiento. Este proceso debe ser con
la participación real de los pueblos y sus organizaciones.

Que en base a las denuncias presentadas por la Coordinadora de
Organizaciones de Resarcimiento del Pueblo Maya, de fecha 21 de
julio y de la carta dirigida al Señor Presidente de la República
de fecha 27 de julio de 2005, en donde ratificamos nuestra
denuncia y posición sobre el Programa Nacional de Resarcimiento.
En esta ocasión solicitamos nuevamente una reunión con el Señor
Presidente de la República, para abordar a profundidad este caso
y plantear nuestras propuestas de solución en fortalecimiento del
PNR y para el beneficio de las víctimas durante el conflicto
armado interno.

Que se reformen el Acuerdo Gubernativo No. 43-2005, relacionado
al reglamento interno del Programa Nacional de Resarcimiento, que
el Estado asuma su responsabilidad y reconozca el “genocidio”,
que se cometió en contra del pueblo maya, durante el conflicto
armado interno.

Que se desburocraticen las exigencias creadas en el Programa
Nacional de Resarcimiento. Que se eliminen los requisitos
establecidos en dicho programa y que se agilicen la
implementación de las medidas de resarcimiento a favor de los
ancianos, viudas, huérfanos y discapacitados.

Que en los actuales momentos se discuten y se definen la
asignación presupuestaria para el año fiscal 2006, consideramos
que es sumamente urgente que se prioricen las inversiones del
gasto público, para el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas que presentan mayor índice de pobreza y extrema
pobreza, así mismo el incremento del presupuesto de inversión
social propiciando el desarrollo de políticas económicas y
sociales, así mismo, potenciar las instituciones del Estado que
tienen relación con el desarrollo y derechos de los pueblos
indígenas.

Que en materia de consulta a las comunidades y pueblos indígenas,
sobre concesiones, definición de políticas y de medidas
administrativas, que afecte directa e indirectamente los
intereses de los pueblos indígenas, debe ser definido un
mecanismo adecuado de consulta en base a la leyes nacionales e
internacionales.

Respaldamos la propuesta de anteproyecto, de un Acuerdo
Gubernativo para regular el derecho de Derecho de
Admisión, trabajado por la Fundación Mack el cual solicitamos
que el Presidente de la República en Consejo de Ministros
apruebe de manera urgente y así contribuir a la erradicación de
la discriminación y el racismo.

Que se establezcan mecanismos efectivos y ágiles, para el
seguimiento y tratamiento de estos temas. Proponemos que el
ejecutivo a través de las entidades referentes a los pueblos
indígenas y las organizaciones indígenas, conformemos un equipo
de trabajo para la búsqueda de alternativas de solución mediante
propuestas concertadas.

FUNDAMENTO DERECHO

De la Constitución política de la república:

ARTÍCULO 28. Derecho de petición: Los habitantes de la república
de Guatemala, tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a autoridad, la cual está obligada a
tramitarla y deberá resolverla conforme a la ley.

Coordinadora de Organizaciones para el Resarcimiento del Pueblo
Maya, CORPUMA

Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waq’ib’ Kej

Ixim Ulew Guatemala 30 de agosto de 2005