Comisión de Comunicaciones

Consideramos que las investigaciones en contra de organizaciones, comunidades
y dirigentes mapuches de la isla de Chiloé, sin orden del Tribunal Competente
ni de autoridad política por parte de la Policía Civil Chilena, coloca a dicha
institución al margen de la legalidad Nacional e Internacional vigente, en
materia de protección a los derechos fundamentales de todas las personas.

Esta práctica, que consiste en dejar a criterio de los organismos de seguridad
y policiales a quien y a que grupos se investiga, mediante agentes encubiertos,
indagando en sus vidas y relaciones sociales, constituye un resabio de la
dictadura fascista de Pinochet; es propio de regímenes antidemocráticos y lo
que es más grave, constituye un elemento característico de un Estado de
carácter policial.

Tanto el gobierno de la concertación como las máximas autoridades policiales,
han justificado este accionar señalando que se trata de procedimientos de
rutina para prevenir la comisión de futuros delitos; de esta manera coloca a
las comunidades mapuches en la categoría de eternos y potenciales delincuentes,
ya que ni el particular que compra tierras ha presentado ningún requerimiento
en contra de los mapuches, no existe ninguna denuncia a los tribunales
correspondientes ni tampoco existe instrucción del gobierno, por lo tanto, la
policía de investigaciones hace un prejuzgamiento de las comunidades mapuches
de Chiloé, dándole un trato discriminatorio y racista, ya que considera que
por el sólo hecho de ser mapuches, a futuro se producirán en la zona hechos
delictuales.

Esta argumentación que el gobierno y la policía han justificado profusamente
en los medios de comunicación de masas y que ha ocupado los principales
espacios noticiosos, tiene un grave efecto para todos nosotros los indígenas
en general y los mapuches en particular, debido a que la opinión publica se
acostumbra a considerar que por el hecho de ser indígenas somos potenciales
delincuentes y que por lo tanto se puede realizar montajes y operativos de
inteligencia sin ninguna orden judicial y al margen de la ley.

No podemos permanecer pasivos a este nuevo atropello a nuestra condición de
mapuches e indígenas, pues de lo contrario dejaríamos la puerta abierta para
que el día de mañana se realicen iguales seguimientos ‘por ejemplo a las
comunidades Aymaras, porque han manifestado tener graves dificultades con las
grandes compañías mineras que las privan de sus fuentes de agua o a cualquier
comunidad mapuche por el solo hecho de que un empresario se instale en los
alrededores de su comunidad.

Mediante esta lógica policial, el día de mañana los dirigentes de los
pescadores artesanales o chóferes de la locomoción colectiva, podrían ser
objeto tanto ellos como sus organizaciones, de seguimientos e investigaciones
no decretadas por tribunal competente, debido a que la situación económica de
dichos sectores puede augurar futuros escenarios de conflicto.

El argumento de evitar futuros hechos delictuales no resiste ningún análisis,
porque le recordamos al conjunto de la policía y a su Director, al igual que
al gobierno de Chile, que la detención de Paul Schafer- el jerarca nazi que
eludió la justicia alemana y chilena por varios años y que es responsable de
la detención y desaparición de opositores al régimen de Pinochet, de
contrabando de armas, de asociación ilícita, y de ser el mayor pederasta de la
historia de Chile- fue el resultado, como toda la opinión publica sabe, de un
equipo periodístico de televisión, y no de la policía de investigaciones, ni
de ningún organismos de “inteligencia” de dicha policía. Les recordamos que
ese criminal violó a cientos de niños y para él no hubo ningún “procedimiento
preventivo”, a pesar que todo el país sabía de dichos crímenes.

Recordamos al gobierno y la policía que transcurrieron más de 17 años para que
se investigara judicialmente las cuentas bancarias de Pinochet en el
extranjero y que ascienden hasta el momento a decenas de millones dólares y
que todo apunta a que dichos recursos pertenecían a todos los chilenos, Cabe
preguntarse ¿Por qué no se les hizo a Pinochet y su familia investigaciones de
carácter “preventivo”? o nos van a decir acaso que no sabían de su calidad de
criminal.

Consideramos que el accionar de todas las instituciones del Estado deben estar
al servicio de todas las personas, garantizando los derechos humanos de todos
los individuos. Los graves hechos denunciados violan expresamente tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, a saber:

Declaración Universal de la ONU en materia de Derechos Humanos artículos: 1)
“ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...”
Artículo 2) Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza , color , sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 7) Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. ”Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Artículo12) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación...”

Igualmente el pacto de San José de Costa Rica señala en su articulo 11 que
“ Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.

Por último la propia constitución Chilena señala en su artículo 19 número 2
que se garantiza la igualdad ante la ley y” Ni la ley ni autoridad alguna
podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Estos graves antecedentes que a nuestro juicio constituyen graves violaciones
a nuestros derechos fundamentales serán remitidos en los próximos días a los
Organismos Internacionales correspondientes a objeto que la comunidad
internacional conozca de la real situación de atropello en que se encuentra
nuestro pueblo, por la acción arbitraria de instituciones del Estado de Chile.
Estos organismos son:

? Comisión Interamericana de Derechos Humanos ? Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas ? Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas Sr.
Rodolfo Stavenhagen ? Amnistia International ? Human Rigth Watch

Además de entregar estos antecedentes a estos organismos especializados en el
tema también se informará a las distintas organizaciones y redes de apoyo
tanto a nivel nacional como internacional.

Por los antecedentes antes mencionados y que son de responsabilidad jerárquica
del director de la Policía de Investigaciones de Chile y que ha puesto al
margen de la ley a la Policía Chilena, violando expresas disposiciones legales
nacionales e internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos, es
que venimos a solicitar la renuncia inmediata al cargo que actualmente detenta
el Señor Arturo Herrera Verdugo, asumiendo la responsabilidad administrativa,
política y judicial que le corresponde.

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