En Julio recién pasado, el Relator Especial para los
pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, le envió
una carta abierta al presidente Ricardo Lagos, en donde
expresa una vez más, su profunda preocupación “ante la
desproporcionada acusación que pesa contra las autoridades
tradicionales anteriormente citadas en comparación con los
hechos que se les imputan de acuerdo con el código penal
vigente, así como la utilización de la legislación en
materia de lucha antiterrorista contra defensores del
pueblo mapuche”.

Esta carta, que pareciera ser un extracto sacado de una
página antigua, durante la dictadura militar, es vigente.
En Chile, se siguen violando los derechos humanos en todas
sus generaciones. Prácticas como las torturas, la prisión
por razones políticas no son parte de un pasado oscuro, no
forman parte de las historias de los sobrevivientes. Hoy,
bajo un gobierno “democrático” se mantienen leyes dictadas
bajo dictadura, como la Ley Antiterrorista, para mantener
al movimiento social neutralizado, y más aún, para
continuar la represión contra los pueblos originarios que
exigen el legítimo derecho a sus territorios ancestrales y
el respeto a su cultura.

El llamado “Juicio a los Lonkos”, se inscribe en esta
lógica, donde comuneros mapuches, fueron acusados por el
Ministerio Público de realizar actos de violencia en
distintas comunas de la Novena Región durante los años 2001
y 2002, entregando pruebas para demostrar que se estaba
ante un delito tipificado como “terrorista”. Pese al
ambiente que se creó en torno al caso, las manifestaciones
de solidaridad frente a este nuevo atropello, fueron la
tónica que marcó el proceso, logrando el pronunciamiento de
voces como las del Relator Especial para Pueblos Indígenas
de la ONU. Los seis comuneros mapuche, acusados del delito
de “asociación ilícita terrorista”, finalmente fueron
absueltos por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal
de Temuco. Sin embargo continúan presos, recluidos en
distintos penales de la zona sur, sometidos a diversos
procesos judiciales, de la misma índole.

Del total de los 16 mapuche sometidos a procesos, sólo 6 se
presentaron ante la justicia a declarar, los 10 restantes
optaron por vivir en la clandestinidad, demostrando con
esta actitud, que no se siente amparados por la legislación
vigente. Ellos mantienen la claridad de que en este país,
la justicia sigue estando al servicio de los poderosos,
pues no es posible que el Dictador, responsable de
verdaderos actos terroristas, de los mayores atropellos a
los derechos humanos de los chilenos, siga impune y solo se
le pueda someter a proceso a él y a su familia, por fraude
al Fisco.

Frente a este absurdo, cabe preguntarse ¿qué posibilidad
tienen los comuneros mapuche, de enfrentar un juicio justo?
A esto debemos sumar el hecho de que en todos estos años,
en lo que se ha denominado “el conflicto mapuche” no ha
habido ningún empresario forestal muerto, ninguna víctima
por los supuestos actos terroristas de los comuneros. En
cambio el pueblo mapuche si tiene una victima que lamentar,
la muerte del joven Alex Lemun, asesinado por el carabinero
Marcos Treuer, quien se encuentra actualmente en libertad.

Nada importa que los acusados: los lonkos Pascual Pichun y
Aniceto Norin; Jorge Huaquin, Marcelo Quintrileo, José
Llanca y Patricia Troncoso, no tengan participación en los
delitos que se les imputa. Este es un juicio político y no
jurídico frente a las demandas del pueblo mapuche, que
exigen el retiro de las Forestales que invaden su
territorio, cambian su ecosistema y exterminan sus recursos
naturales.