SOCIEDAD CIVIL E IGLESIAS DEMANDAN DEL ESTADO ECUATORIANO UNA EMERGENTE IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS INTEGRALES SOBRE MIGRACIONES

Las organizaciones de la sociedad civil e iglesias vinculadas a la promoción y defensa de los derechos de los y las emigrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados, profundamente conmovidos por la trágica desaparición de alrededor de 100 ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, en un naufragio ocurrido el pasado viernes 12, frente a las costas colombianas, mientras intentaban llegar a Guatemala con destino a los Estados Unidos de América, expresan su hondo pesar por este lamentable hecho y, a la vez, su solidaridad con las familias de las víctimas.

Del mismo modo, manifiestan su insatisfacción por la persistencia de las causas sociales, políticas y económicas que promueven el flujo permanente de ecuatorianos y ecuatorianas que abandonan cotidianamente el país en búsqueda de mejores oportunidades en otros lugares, en medio de riesgos y circunstancias extremadamente graves, dadas las condiciones de irregularidad en las que emigran, y la inacción y omisión del Estado ecuatoriano que ha sido incapaz de implementar una política pública integral, cuyos beneficiarios sean los emigrantes y sus familias.

La desaparición y presunto fallecimiento de estos ecuatorianos y ecuatorianas es, primero, responsabilidad del Estado y sus organismos e instituciones, caracterizadas por su dispersión y desarticulación, su limitada capacidad de gestión y administración del hecho migratorio, su estrecha visión respecto a la multicausalidad de las migraciones y su escasa coherencia política, jurídica y ética para abordar los retos, desafíos y oportunidades que ofrecen la emigración y la inmigración y, segundo, la débil capacidad de rendición de cuentas y exigibilidad de la sociedad civil para que el Estado cumpla con sus obligaciones y compromisos, desde una perspectiva de derechos humanos.

Igual responsabilidad recae sobre el Congreso Nacional y los partidos políticos que no han logrado adoptar una agenda mínima de compromisos con los miles de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior y sus familias en el país, elaborando y aprobando una nueva normativa que promueva los derechos de los emigrantes e inmigrantes, en armonía con las normas y los estándares internacionales sobre la materia.

Este trágico hecho amerita no sólo una profunda reflexión por las implicaciones humanas, sociales, económicas e incluso políticas que trae consigo, sino que convoca a la implementación inmediata de acciones concretas encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, independientemente de su condición migratoria, y de sus familias en el país.

Hacemos un llamado público a las autoridades gubernamentales, en especial al Presidente de la República, a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Policía, y de Trabajo y Empleo, y a los parlamentarios, a cumplir con sus obligaciones pendientes y a convocar emergentemente a una concertación y diálogo ciudadano sobre este tema.

Quito, agosto 18 del 2005

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador); Asociación de Familiares de Migrantes Ecuador LLactacaru; Asociación Ruminahui "9 de Enero"; Casa del Migrante; Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM); Frente de Derechos Humanos del Azuay; Iglesia Evangélica Luterana “El Adviento”; Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM); Pastoral de Movilidad Humana del Azuay; Pastoral de Movilidad Humana de Chimborazo; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador); Red de Solidaridad con los Migrantes, Exmigrantes y sus Familias (RSMEF); Red Migraciones Loja; Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Ecuador);

Mayor información:

Luis Túpac-Yupanqui, Quito, tel. (09) 9624-131; Pablo de la Vega, Quito, tel. (09) 5243-777; Franklin Ortíz, Cuenca, tel. (07) 2848-653; Patricia Gutiérrez, Loja, tel. (09) 4091-620