Por segunda vez las familias campesinas de Bambuzal
resultaron ABSUELTAS del supuesto delito de usurpación de
que habían sido acusadas por el Ministerio Público y la
transnacional bananera Standar Fruit Cº de Costa Rica
Esta vez fue en el mismísimo Juzgado Penal de Puerto
Viejo de Sarapiquí (Sentencias del 22 de febrero de 2005,
Expediente Nº 03-000413-0573-PE)

Se trata ni más ni menos que de la segunda y espuria
causa - que por el mismo delito - había montado el
emporio bananero con la corrupta complicidad de fiscales
y jueces de la zona, esto con el único propósito de
obtener la orden de desalojo que al fin y al cabo
ejecutaron contra estas familias el 10 de julio de 2003.
Pues bien: esa nueva y vulgar acusación les ha fracasado.
En Sentencia se ha declarado el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
de las familias campesinas.

Debe recordarse que en sede penal ya la transnacional no
sólo había
perdido el primer juicio y que tenía incluso impedimento
judicial para desalojara las familias campesinas, sino
que todas las truculentas maniobras del abogado del dólar,
Ricardo Zeledón Zeledón, en sede agraria para lograr
ese mismo propósito, también habían fracasado.

Esta nueva sentencia por supuesto que constituye otro
gran revés
Judicial para los intereses de la empresa bananera, que
no ha cejado ya no sólo de despojar brutalmente de sus
parcelas a estas familias sino, de querer
verlas por siempre en la cárcel. Pero algo judicialmente
absurdo ha ocurrido.
Veamos ( no es tan complicado ): En buena técnica, el
sobreseimiento
definitivo extingue la acción penal. La causa se archiva
y produce cosa
juzgada material, como en efecto lo ordena la sentencia.
Con ello se
extinguen también y con mayor razón todas aquellas
medidas cautelares
dictadas en el proceso ( así expresamente establecido en
el Art. 313 del
CPP ).

En este caso, pues, debería extinguirse y anularse
entonces la vigencia de la orden de que permitió el
desalojo ya que se trata de una simple medida
cautelar y provisional ¡ HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA !
Pero que ha
sucedido?... Matamos los perros, es decir, la acusación y
el proceso,
mas sin embargo, SIGUE LA RABIA porque de manera absurda,
ilógica y lo más grave, arbitraria e ilegal, la misma
sentencia que dicta el
sobreseimiento DEJA VIGENTE LA ORDEN DE DESALOJO.
Claro que esto no se va a quedar así. Estamos
interponiendo las
Apelaciones respectivas. De momento las familias – con la
moral más en alto- continúan aún en los Tribunales de
Goicoechea y allí continuarán hasta que salga la
sentencia de Casación Penal de la primera causa y hasta
que se resuelva la recusación del Juez Agrario de
Guápiles, dicho sea de paso, discípulo y pupilo de su
mentor Ricardo Zeledón en el Post Grado de Derecho
Agrario en la UCR. Por eso lo tenemos recusado ( que se
vaya, que lo quiten ).