La manifestación convocada por el Comité por una verdadera seguridad Social
integrado por la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y
Choferiles, la Asociación Médica Dominicana y otras organizaciones se
aprestaba a iniciarse desde el local del gremio médico hacia el Palacio del
Congreso, lugar en el cual se aprestaban a aprobar una Ley que privatiza la
Seguridad social en beneficio de los bancos y el sector financiero. Eran las
10:50 de la mañana (martes 13 de febrero), cuando agentes de la Policía
Nacional comenzaron a disparar contra los manifestantes contra los que
cargaron al mismo tiempo produciendo varios heridos y golpeados.

Entre los heridos están los médicos Zenén Caba, Guillermo Acosta, Roberto
Espinal, Rafael Lora, Ana Josefa Abreu y Waldo Suero. Numerosos fueron
apresados y golpeados, entre ellos Roberto Espinal, Jesús María Guerrero,
Raymundo Polanco y el dirigente nacional de la Coordinadora de Organizaciones
Populares Fernando Peña contra el cual el jefe de la Policía Nacional,
General Pedro de Jesús Candelier ha formulado la acusación de que portaba una
pistola ilegal, acusación que ha sido puesta en ridículo por amplios sectores
de la nación.

A partir de ese momento han sido paralizados los servicios en todos los
hospitales públicos del país y gran parte de las clínicas privadas de salud.
Todos los matutinos publican hoy en primera plana y califican de atropello
el acto cometido por la policía, pero pese a ello el jefe policial ha tratado
de justificar los hechos sin mayores argumentos.

Antecedentes

El 16 de mayo del 2000 se juramentó el Presidente Hipólito Mejía del
socialdemocrata Partido Revolucionario Dominicano sustituyendo a Leonel
Fernández del centroderechista-populista Partido de la Liberación Dominicana.
Mejía se había comprometido a revertir el proceso de privatización de la
empresa pública impuesto por el neoliberalismo e invertir en la gente. Una
vez instalado anunció un paquetazo de medidas que involucraban el aumento del
gas de cocina en 200 por ciento, aumento del ITEBIS o IVA en un 5o%, 30% en
los combustibles, entre otros impuestos, una ley de combustible que crearía
un fondo para el pago de la deuda externa y una ley que privatizaría la
Seguridad Social a favor del sector financiero.

La repulsa del movimiento popular y amplios sectores no se hizo esperar. El
gobierno solo cedió a algunos reclamos del sector empresarial y comercial,
como fue reducirle el aumento del IVA a los periódicos en un 50%, entre
otros. Ante los sectores populares todo quedó igual, aunque prometió un
paquete social de compensación.

El 28 de noviembre las organizaciones populares y la izquierda organizaron
una marcha hacia el Palacio Nacional la cual, al igual que la del 13 de
febrero, contaba con autorización del ministerio de Interior, la cual fue
impedida a bombazos y balazos.

La lucha sigue

Pese a toda la represión las organizaciones populares continuaron la lucha.
El 29 de enero se desarrolló una importante Asamblea Popular en la cual las
organizaciones de la Coordinadora decidieron profundizar la lucha frente a
una evidente trama del Congreso para extenderse el periodo en 2 años, evitar
que se realice una constituyente con participación popular y aprobar la
privatización de la seguridad social.

De inmediato el Presidente convocó al palacio de gobierno a la Coordinadora
de Organizaciones Populares, planteando los alcances del llamado paquetazo
social y amenazando a sus dirigentes con reprimirlos si persistían en las
protestas, lo cual fue rechazado y denunciado en el mismo palacio de
gobierno.

En los días recientes

Tanto el Presidente del Senado, Ramón Alburquerque, la de los Diputados,
Rafaela Alburquerque, como el vocero del bloque oficialista en el Congreso,
Rafael -Fafa- Taveras públicamente habían manifestado que el 13 de febrero se
aprobaría la Ley que privatizaría la Seguridad Social tipo Chile y Bolivia,
lo que llevó al Consejo de Unidad Popular, COPADEBA, el COLECTIVO, FALPO,
CNTU, FENATRANO y otras organizaciones parte de la Coordinadora a iniciar
acciones de protesta, mientras por otro lado la Asociación Médica Dominicana
inició paros escalonados en los hospitales.

Así llegamos al día 13 de febrero y a los preparativos de la marcha hacia el
palacio del Congreso. En la provincia de San Pedro de Macorís, en el Este
del país decena de médicos fueron detenidos por la policía en las
inmediaciones de su local. Lo propio sucedió a los que desde la región norte
se dirigían a la manifestación.

Situación actual y perspectivas

Amplios sectores de la nación condenan el hecho policial. Lo mismo han
manifestado los ministros de Salud, Consultoría Jurídica y Prensa del
Gobierno. La Coordinadora ha anunciado un conjunto de acciones que se
inician el lunes 19 con una huelga general en el municipio de Licey en la
ciudad de Santiago, segunda de importancia del país, y el día 20 una jornada
de lucha que involucra una serie de pueblos entre ellos Nagua, San Francisco
de Macoris, Azua, Barahona, Bonao y un 'Campamento de Lucha contra la Trama
del Congreso' frente al palacio del mismo, en el Centro de los Héroes.

* Pedro Franco,
Coordinador del Consejo de Unidad Popular.

NOTA.: Se solicita difusión y solidaridad internacional. Enviar
comunicaciones al Presidente de la República Hipólito Mejía llamándole a
respetar los derechos democráticos y humanos de quienes nos oponemos a la
privatización de la seguridad social y luchamos por los intereses del pueblo.