Ante los atropellos cometidos por el gobierno contra
organizaciones campesinas, el Frente Común Maya Campesino
exige la suscripción de un acuerdo político entre el
Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio
de Gobernación, a fin de detener de inmediato los desalojos
y la persecución penal contra líderes campesinos.

Las manifestaciones de protesta pacíficas a nivel nacional
que inician este ocho de junio, en las que participarán
miles de mujeres y hombres campesinos de todas edades,
tienen respaldo en las garantías constitucionales. El
propósito es exigir la despenalización de la lucha
campesina. Una iniciativa concreta es la creación inmediata
de la Fiscalía Agraria, misma que tiene sustento en la Ley
Orgánica del Ministerio Público.

CNOC, Plataforma Agraria y CONIC, integrantes del Frente
Común Maya Campesino, han participado en diferentes
diálogos sin lograr soluciones. Por tal razón, plantean que
para la resolución de conflictos agrarios y laborales, la
Fiscalía Agraria coordine las fiscalías distritales en las
investigaciones.

En los primeros cinco meses del año, las instituciones
estatales realizaron 23 desalojos violentos, afectando
alrededor de 1,500 familias, y emitieron decenas de órdenes
de captura y multas imposibles de pagar para campesinos
pobres. Estas acciones han violentado los derechos de los
trabajadores, así como el acceso a la alimentación y
vivienda, con el pretexto de defender la propiedad privada
por encima del derecho a la vida.

El gobierno de Guatemala está obligado a honrar el
compromiso que estableció al declarar que el desarrollo
rural y asuntos agrarios es un tema de Estado. En este
marco, el Frente exige a la Corte Suprema de Justicia que
dé cauce a la solicitud de inconstitucionalidad de los
artículos relacionados con la usurpación y usurpación
agregada, así como acreditar a CONTIERRA para que se
constituya en organismo jurisdiccional de la conflictividad
agraria y laboral.

El Frente Común demanda al Congreso que reforme el Código
Penal mediante la creación del delito por incumplimiento de
las obligaciones laborales por parte de los empleadores.
Únicamente el alto a la represión y a los desalojos evitará
que sigan las protestas de la población campesina e
indígena organizada, cansada de participar en mesas de
diálogo y comisiones que nada resuelven.